Cuarenta vecinos contra un fondo buitre. El grupo Palau Manfredi, que gestiona inversiones inmobiliarias para grandes patrimonios en Barcelona, busca echar a 13 familias de la calle Leiva 37 de la ciudad para reformar el bloque y hacer pisos de lujo. La operación ha sublevado a la comunidad y ha puesto en alerta al ayuntamiento, que investiga si se está produciendo acoso inmobiliario a los inquilinos.
El conflicto ha estallado en una discreta calle del barrio de Sants, en la capital catalana. El vehículo inversor ha dado a los vecinos de plazo hasta octubre para que evacuen sus viviendas.
Éstos recuerdan que hay cuatro alquileres de renta antigua, cinco contratos temporales y cuatro pisos ocupados por gente en proceso de conseguir vivienda social. "Hay 7 niños y gente mayor. Entendemos que es legal que un fondo compre un inmueble y haga pisos de nivel. Pero no es ético", defiende Carme, una de las inquilinas.
"Llevo 20 años aquí"
Uno de los afectados por la compraventa es Antonio. "Llevo 20 años aquí y en octubre me tengo que ir. Imagínate cómo estoy", explica.
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Interior de la finca de la calle Leiva, 37 de Barcelona / CG
Otra de las familias, que también prefiere ocultar su nombre, recuerda que "tiene 4 niños y paga un alquiler convencional. Las opciones que nos dejan son nulas".
"No es sólo que nos tengamos que ir --admite Carme--, es que no encontraremos otro lugar así en el barrio. Y pagamos alquileres que no son una ganga: 800 euros. Pero es que nos echan".
Fondo agresivo
Preguntado por este medio, Palau Manfredi, que actúa en nombre del fondo oportunista Vauras Investment SL, no ha contestado a los requerimientos informativos.
La firma que comanda Bernat Palau de Belza ha amasado un portafolio de fincas que alcanza 17 inmuebles repartidos por toda Barcelona.
Uno de ellos, que también ha intermediado para el fondo finés Vauras, es el número 19 de la calle Xuclà, donde busca desahuciar a un grupo de misioneras de la orden Lumen Dei para, sostienen las fuentes cercanas, hacer un hotel.
"Sin negociación"
Cualquiera que fuere la propiedad, los afectados lamentan que exista la opción de "negociación" ni que se ofrezcan "alternativas habitacionales" o la posibilidad de comprar los nuevos pisos. "Es que ni contestan", lamenta Carme.
El Ayuntamiento de Barcelona ya tiene el expediente del caso y lo está examinando para determinar si está produciendo mobbing inmobiliario a las 13 familias, ha confirmado una portavoz.