El empresario Carles Vilarrubí ha presentado un escrito ante el juez central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, en el que pide que se levante el secreto de las actuaciones de la causa en la que está imputado por supuesta colaboración con el clan Pujol en una trama de blanqueo internacional de capitales.

El vicepresidente del Barça y esposo de Sol Daurella, la principal accionista de Coca-Cola en Europa, dice que ha trascurrido ya más de un año desde que se decretó el secreto, que no sabe qué datos maneja el juez y que, por lo tanto, no se puede defender de una instrucción que, según su “impresión”, no está investigando hechos delictivos, sino conductas de los últimos años por si encuentran algo contra él. “Por si he hecho alguna cosa”, se queja.

De la Rosa, tras la cortina

Vilarrubí expone, a través de su abogado, el profesor Emilio Zegrí, que se le investiga por ser amigo de la familia Pujol y por las malas artes de otras personas relacionadas con estas diligencias como (y le cita textualmente) Javier de la Rosa, con quien parece evidenciar una manifiesta enemistad.

Afirma que pasó de testigo a inculpado "por culpa de Javier de la Rosa": "Arrojó unas afirmaciones, todas ellas tendentes a lanzar sobre mí un manto de desprestigio por haber sido persona próxima a una familia determinada”, los Pujol.

“No toqué una peseta”

Vilarrubí afirma que fue investigado siendo testigo, no acusado, y que eso le ha privado de capacidad técnica para defenderse. Añade que las pruebas aportadas constatan que él no era el administrador ni el dueño de la empresa Restaurante Cerdanya, que, en 1995, recibió una trasferencia de 50 millones de pesetas desde una de las cuentas andorranas de Jordi Pujol Ferrusola. 

Queda acreditado, según Vilarrubí, que ese dinero lo cobró el verdadero dueño de la sociedad, que no era otro que Josep Maria Boix Marginedas.

¿No fue blanqueo?

En todo caso, concluye, "ese trasvase de dinero no fue una operación de blanqueo de capitales porque, en 1995 --añade--, las leyes penales circunscribían al narcotráfico el dinero que eventualmente fuera a ser lavado".

Según Vilarrubí, aquel no era el caso, porque los 50 millones de pesetas no procedían de las drogas.