Los agentes rurales llevan desde un arma defensiva, chaleco antibala y actuarán en grupos de tres personas en los controles y actuaciones en los servicios ordinarios de inspección y control de caza. Estas nuevas medidas de seguridad se están aplicando desde este viernes, y de manera transitoria, hasta que el comité de seguridad y salud del cuerpo, con asesoramiento de un grupo de expertos, determine los elementos concretos de seguridad.
Esto ocurre después del homicidio de dos agentes rurales por parte de un cazador el pasado sábado en Aspa (Lleida) durante una inspección de caza. Por otra parte, ha trascendido que el homicida inició pocos días antes del doble crimen el proceso para renovar la licencia de armas, en un trámite en el que aportó el preceptivo certificado médico psicotécnico que le calificaba como apto.
Hubiese obtenido la renovación
El autor confeso, Ismael R.C., permanece en prisión provisional por los disparos efectuados con una escopeta de caza para la que no tenía permiso de uso. Tenía caducada desde noviembre la licencia de armas tipo E, de caza menor. A principios de enero, acudió a la Inspección de Armas, dependiente de la Guardia Civil, para renovar el permiso E, para compaginarlo con el que sí tenía vigente, el D, de caza mayor. El cazador aportó toda la documentación necesaria, como la licencia de caza en vigor, expedida por la Generalitat, una póliza de seguro y el certificado médico, con un informe psicotécnico expedido por un centro oficial homologado por la Generalitat que le acreditaba como apto.
La petición estaba en fase de estudio por parte de la inspección de armas cuando se cometió el crimen. Pese a que el cazador había sido denunciado en dos ocasiones en los últimos años por infracciones a la ley de caza, tanto por el cuerpo de Agentes Rurales –en 2013– como por la Guardia Civil –en 2010–, lo más probable es que hubiese obtenido la renovación de la licencia sin mayores problemas, porque tenía toda la documentación en regla y ambos incidentes ya habían prescrito.