Propuesta de JxSí, PSC, CSQP y CUP para legalizar la eutanasia

Los grupos parlamentarios de JxSí, PSC, CSQP y CUP-CC han presentado en el registro del Parlamento de Cataluña una proposición de ley de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, con la finalidad de despenalizar la eutanasia, explican estas formaciones en sus respectivos comunicados. 

La propuesta --impulsada por la Plataforma por el Derecho a Morir Dignamente (DMD)-- consta de un artículo único en el que se modifica el apartado 4 del artículo 143 de la Ley Orgánica del Código Penal y establece que "estará exento de responsabilidad penal el que, por petición expresa, libre e inequívoca de una persona que padece una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte o de patología incurable que provoca sufrimiento físico y/o psíquico grave y que se prevé permanente, causara o cooperara con actos necesarios a la muerte segura, pacífica y sin dolor de esa persona, en el marco de la ley establecida".

Informe del Comité de Biética de 2006

El Informe sobre la eutanasia y la ayuda al suicidio --elaborado por el Comité Consultivo de Bioética de Cataluña en 2006, a petición del Departamento de Salud de la Generalitat-- ya recomendaba modificar este artículo. Los grupos firmantes destacan que "Cataluña ha sido pionera en la legislación sobre derechos del paciente y Documento de Voluntades Anticipadas, y en el desarrollo de los cuidados paliativos".

En este sentido, los grupos parlamentarios señalan que "hay quien contrapone los cuidados paliativos con lo que aquí se está pidiendo, y no es así. Avanzar en el derecho a la muerte digna es disponer de equipos paliativos multidisciplinares 24 horas, 7 días a la semana, para atender a los enfermos y las probables urgencias. y es reforzar la formación inicial y continua de los profesionales de la medicina, enfermería, trabajo social y psicología clínica para que tomen conciencia de que la atención al final de la vida forma parte de su tarea profesional ".

Finalmente, la propuesta presentada indica que "una sociedad democrática debe velar para evitar que aquellos que son vulnerables o están debilitados puedan ser manipulados y sean utilizados para atender los intereses de otras personas". Y por eso "es necesaria una ley de disposición de la propia vida que garantice la libre autonomía personal y al mismo tiempo la protección de los colectivos más vulnerables".