El Consejo de Estado ha reconocido por vez primera la responsabilidad del Ministerio de Defensa, dirigido entonces por Federico Trillo, en el siniestro del Yak-42. Han pasado 13 años del accidente que costó la vida a 62 militares que regresaban de Afganistán, el 26 de mayo de 2003.
El escrito oficial ya está en manos de la ministra María Dolores de Cospedal, y reconoce la responsabilidad patrimonial del Estado. El informe determina que el Ministerio de Defensa tuvo indicios de los riesgos que suponían estos vuelos y no actúo en consecuencia para evitarlos.
El Estado, el responsable último
“Hay, pues, anteriores a la fecha del siniestro, hechos que habrían permitido a la Administración ponderar el especial riesgo concurrente en el transporte de tropas en que se produjo el accidente. Dicho con otras palabras, pudieron ser advertidas circunstancias que habrían llamado a la adopción por los órganos competentes de medidas que pudieran haber despejado el riesgo que se corría”, recoge el dictamen.
La Audiencia Nacional archivó la causa en 2014 por no reconocer ningún tipo de delito por parte del Estado. Sin embargo, esa resolución es compatible con la responsabilidad patrimonial del Estado, ahora reconocida por el Consejo de Estado.
El papel de los pilotos
El nuevo informe coincide con que la causa del accidente fue el agotamiento y la insuficiente formación de los pilotos. Pero a pesar de que Defensa contratara los vuelos con NAMSA, la agencia de la OTAN, ello no exime al Estado de ser el último responsable. Defensa tenía la obligación de comprobar e inspeccionar la actividad de sus contratistas, más aún en actividades de riesgo.
La resolución no implica nuevas indemnizaciones para los familiares de las víctimas, pero reconoce finalmente la responsabilidad por dejadez del Ministerio de Defensa.