El juez de instrucción número 2 de Badalona (Barcelona) ha puesto a trabajar a la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) en el caso de las recalificaciones de terrenos del puerto del municipio aprobadas, hace 10 años, por el equipo de Gobierno de la localidad, de mayoría socialista.
A principios del 2000, el ayuntamiento aprobó la reforma del puerto y para ello constituyó una empresa municipal (Marina Port), al objeto de que se encargase de la gestión y ejecución del proyecto.
Permutas irregulares
En 2006, los terrenos objeto de las reformas urbanísticas cambiaron de titularidad en base a unos decretos municipales que, a ojos de la Fiscalía, resultan sospechosos.
Esos decretos y los consiguientes convenios no se adecuan al procedimiento habitual y legalmente establecido, según el parecer del Ministerio Público que, durante meses, ha estado investigando el caso bajo la sospecha de que se haya podido cometer un delito de prevaricación.
FCC, en el punto de mira
Esos terrenos acabaron en manos de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC).
Esta semana, agentes de la UDEF, por orden del juzgado, se personaron en las oficinas del consistorio, del Consejo Comarcal del Barcelonés y de la empresa FCC para recabar diversos expedientes concretos referidos a esas supuestas irregularidades en las permutas de los terrenos.
Dirigentes de FCC han prestado declaración como investigados ente la policía judicial.