El tráfico de móviles en las cárceles también utiliza 'mulas'

Que algunos líderes de mafias, bandas juveniles o grupos delincuenciales continúen operando y dando órdenes a sus secuaces desde el interior de una cárcel es, cuanto menos, chocante. No deja de sorprender que, con todas las restricciones y medidas de seguridad que supuestamente hay en los centros penitenciarios, logren seguir manejando todos los hilos de los business que controlaban en la calle.

Uno acaba relacionando semejantes privilegios con cualquier trama de corruptela cuyo protagonista no es más que una de las típicas manzanas podridas del sistema, que ofrece móviles al estilo Corleone al tiempo que escupe una frase tipo “Algún día, que quizá nunca llegue, te pediré que hagas algo por mí”.

Pero la realidad suele ser más sencilla. No hay manzanas podridas, ni padrinos mafiosos. Al menos, no es lo habitual. La realidad apunta a un fluido tráfico de teléfonos móviles en el interior de las cárceles que, en la gran mayoría de ocasiones, proviene de los propios familiares o parejas de los internos.

Teléfonos escondidos

Para introducir los dispositivos en los centros penitenciarios, los esconden en sus cavidades corporales; al estilo de las mulas que transportan la droga de un país a otro. Se someten a un cacheo previo con ciertos límites como para no detectar los móviles y pasan por un arco metálico donde, ante un pitido, activan una serie de argumentos imposibles de contrarrestar. Culpar al aro del sujetador o a un piercing en las zonas más íntimas del cuerpo son las excusas con las que han topado los funcionarios de prisiones en varias ocasiones.

Una vez en la cárcel, los visitantes entran en la habitación previamente reservada --y sin cámaras de seguridad-- donde mantendrán un vis a vis con el reo, que utilizará la misma estrategia para burlar los controles de seguridad y colar el teléfono móvil en el interior de su celda.

Alquiler por llamadas

“Algunos presos entran los teléfonos a la cárcel para venderlos por 200 o 300 euros y los compradores, incluso, llegan a endeudarse. Otros los alquilan por llamadas a los demás internos, ya que solo tienen permiso para hacer cinco llamadas desde los fijos del recinto a la semana”, explica a Crónica Global Francesc López, coordinador de la Agrupación de los Cuerpos de Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP).

El problema, según López, es que no existe un protocolo establecido para saber qué se debe hacer con los móviles intervenidos, lo que les lleva a pensar que no se realiza ningún seguimiento de quién es el propietario de esa tarjeta SIM --es obligatorio aportar un DNI al adquirir una de ellas desde los atentados del 11M en Madrid--, si ha sido sustraído o si se ha realizado un negocio paralelo.