Campaña de un mosso contra los conductores fugitivos

Ramón L. trabaja en la Unidad de Tráfico de los Mossos d’Esquadra desde hace años. Los suficientes para haber presenciado situaciones, accidentes, conductores y víctimas de todos los tipos sin poder hacer más que ceñirse al Código Penal y sus sanciones, a pesar de no estar de acuerdo con la equiparación de la multa y la gravedad del caso.

Por ese mismo motivo, el agente ha decidido impulsar una campaña personal para modificar el Reglamento General de Circulación y endurecer las sanciones a los conductores que, tras provocar un accidente, se dan a la fuga. “Se trata de una iniciativa que he trasladado a todos los grupos parlamentarios para que se estudie y no queden impunes estos casos”, explica a Crónica Global.

La propuesta pone el foco en la “reprobable acción por parte de conductores implicados en accidentes de tráfico cuando se dan a la fuga sin dejar datos personales o del vehículo que conducen, dejando atrás a personas heridas, muertas o simplemente daños materiales”, reza el texto.

Situación habitual

El agente ha visto demasiadas veces la misma actitud ante un accidente de tráfico: el conductor que lo provoca llama a la ambulancia para avisar y, cuando la ve aparecer, se esfuma del escenario del accidente. Tres horas más tarde, la policía se pone en contacto con él porque tiene los datos tras la llamada y, aunque dé positivo en el control de alcoholemia, no puede asegurarse que haya conducido bajo los efectos del alcohol, ya que puede alegar que ha bebido tras el accidente.

“Es solo un ejemplo de los muchos que se dan casi a diario en las carreteras catalanas”, asegura Ramón. En todos esos casos, los policías solo pueden condenar el abandono del lugar donde se ha producido el accidente, por lo que el conductor será denunciado administrativamente con 200 euros, como mucho, 100 euros si lo paga en un plazo concreto.

Hasta 6.000 euros

“Mi propuesta de mínimos, en caso de no ser imputable penalmente el conductor, es aumentar las sanciones administrativas a la máxima cantidad posible que esté establecida en la Ley de Seguridad Vial: de 1.800 a 6.000 euros”, señala en el texto. Su propuesta de máximos, por otro lado, es “incluir en el Código Penal, dentro de los delitos contra la seguridad vial, un artículo que recoja la acción de abandonar el lugar del accidente sin identificarse a implicados y policías, siendo condenado a las mismas penas que el que se negase a someter a las pruebas de alcoholemia o drogas”.

De momento, la iniciativa ha sido aplaudida por varias asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico y dos partidos políticos han asegurado a Ramón que la propuesta “va camino al Congreso”.