Escándalo en Andorra: la ‘princesa’ del Principado, pillada en el ‘caso BPA’

Meritxell Mateu protagoniza en los últimos días la actualidad política en Andorra. En esta ocasión no por su trayectoria brillante en el Principado, que le ha llevado a ejercer cargos como la representación del país en la Asamblea de Parlamentarios del Consejo Europeo, ejercer de embajadora en la Unesco y en Francia o encabezar la comisión de Finanzas y Presupuestos del Consejo General (el Parlamento andorrano); además de ejercer de consejera general de Demòcrates per Andorra (DA), el partido que apoya al Gobierno de Toni Martí. A la princesa, tal y como la llaman en algunos ámbitos del Principado, le han sacado los colores por haber escondido que estaba en nómina de Banca Privada d’Andorra (BPA) antes de la intervención de la entidad.

El escándalo ha salido a la luz tras la filtración de varios documentos del caso Landstreet, una de las derivadas de la investigación abierta sobre BPA. Entre ellos se encontraron unos correos electrónicos de Mateu con trabajadores de la entidad en los que quedaba demostrado que ejercía de lobista para el banco.

Mateu cobró 48.000 euros

La investigación judicial muestra cómo recibió ocho pagos de 6.000 euros cada uno de ellos para ejercer de asesora, según informaron fuentes del banco. El problema es que los 48.000 euros no fueron declarados por Mateu y se pagaron desde la filial de BPA radicada en Panamá.

Se especula que la princesa usó su influencia tanto en el Gobierno de Martí como en Bruselas y otras instituciones internacionales para facilitar los negocios de la entidad. Y eso no es posible con la ley andorrana en la mano, defienden algunas voces en el Principado al recordar que la política de Ordino ejerce un cargo público con un régimen de dedicación completa.

Defensa de su partido

Ante el aluvión de críticas, la ejecutiva de DA ratificó este lunes su confianza en Mateu. Manifestó que había dado explicaciones sobre el contrato verbal que mantuvo durante dos años con BPA: negaba cualquier actividad delictiva. El partido cerró filas en torno a su máxima responsable y mantuvo que no incurrió en ninguna incompatibilidad al estar probado, según su punto de vista, que no usó su cargo como consejera en sus otras actividades profesionales.

La formación conservadora, con todo, pidió que se pusiera en marcha una propuesta legislativa para regular con detalles cómo deben compaginar los consejeros del Gobierno andorrano sus ocupaciones públicas a privadas.

Mateu sigue en el centro de las críticas del país.