Comín tendrá que explicar en el Parlament la expulsión del Hospital General

Toni Comín, consejero de Salud, deberá rendir cuentas en el Parlament sobre la expulsión del Hospital General de Sant Cugat (Barcelona) del sistema público. La comparecencia se producirá si cristaliza la voluntad del frente que se ha articulado contra la exclusión, y que forman los doctores del centro, CCOO y una mayoría del plenario municipal de la localidad barcelonesa.

El viernes, las dos asociaciones de médicos de la institución --la Asociación Profesional y Junta Facultativa-- el sindicato y la alcaldesa de Sant Cugat, Mercè Conesa, se reunieron en el consistorio.

"Se nos presentó una doble estrategia. Por un lado, la aprobación en pleno de una moción contra la exclusión del centro de la red Siscat. El texto, que aprobarían probablemente una mayoría de votos de CDC y Ciudadanos (14 electos de 25), se trasladaría después a la cámara autonómica", explica una fuente cercana a la negociación.

Hospital de zona

El texto sometido a los votos del plenario pivotaría sobre un eje: la zona de Sant Cugat-Rubí carece de un hospital público preparado para atender enfermedades complejas. Este rol lo hace, precisamente, el Hospital General.

"Comín ha dicho que la zona necesita la construcción del hospital público Vicente Ferrer, parado desde 2012 por falta de presupuesto. ¿Qué sentido tiene levantar otro centro si existe el General, que ya está en marcha y tiene servicios como hemodinamia y oncología?".

Creación de un consorcio

Esta es precisamente la segunda pata de la estrategia del frente amplio contrario a la expulsión del General del Siscat. El argumento que plantean es doble: el hospital ya existe, y ahora pertenece a un grupo, IDC-Quirón, cuyo nuevo accionista de referencia, el alemán Fresenius, no tiene ánimo de lucro.

"Es una vía a largo plazo, pero viable. El ayuntamiento lideraría un consorcio junto al operador del centro. El hospital resolvería la necesidad asistencial de un centro complejo para 200.000 pacientes de la zona", manifiesta una trabajadora.

Cuenta atrás

Antes de articular la doble vía, el Servicio Catalán de Sanidad (CatSalut) deberá aclarar cómo actúa. Si no comunica al General su expulsión de forma oficial antes del próximo viernes, el contrato se renovaría un año más, ya que la concertación no puede terminar sin un preaviso de tres meses, y Salud pretende que venza el 31 de diciembre.

Los médicos, personal del General y la mayoría del plenario de Sant Cugat reclaman que no envíe la misiva: si CatSalut prescinde del hospital pese a la oposición, exigen que lo haga de forma gradual.