Jordi Carulla cerró una empresa en las Bahamas cuando la Fiscalía lo investigaba

El propietario del 20% de la empresa Agrolimen, Jordi Carulla, cerró en 2010 una compañía en las Bahamas mientras Hacienda y la Fiscalía lo investigaban por evasión fiscal. Afico, la mercantil creada en 1998, contaba con 10 millones de dólares de capital y controlaba dos sociedades holding en Miami. Según El Confidencial, el empresario catalán entró en Afico como secretario el 2004.

Según fuentes oficiales de la familia, los 10 millones de capital junto con los activos controlados por la empresa ya están declarados en España. Los mismos portavoces afirman que Afico era filial al 100% de una sociedad “actualmente española”, inscrita en el Registro Mercantil y auditada cada año.

Recuerdan además que Jordi Carulla, su esposa, sus hijos y sus nietos ya vivían en el extranjero cuando se creó la compañía, lo que afecta a su régimen fiscal. En los últimos 16 años ha vivido en Londres, y anteriormente, en Miami y en Nassau, la capital de las Bahamas.

Paraíso fiscal

Jordi Carulla es uno de los accionistas fundacionales del diario Ara, y está vinculado a la entidad independentista Òmnium Cultural y a la Assemblea Nacional Catalana (ANC). Su compromiso político con el independentismo es ampliamente conocido en el mundo empresarial catalán. 

Las Bahamas eran un paraíso fiscal en 2010. Justo un año después, España firmó un acuerdo por el que se pactaba el intercambio de información entre los países. Con respecto a la Unión Europea, sin embargo, todavía figura en la lista de países “no colaborativos”.

El otro secretario de Afico

Un directivo de Miami era el otro secretario de Afico, y controlaba las dos sociedades de la empresa en la ciudad estadounidense, Genwest Inc y Westgen Inc. Se trata de Pedro P. San Romà. En el año 2004, cuando Carulla se incorporó a Afico, San Romà fichó por la firma estadounidense Richardson Brands, una confitería que formaba parte de Joyco. La compañía de la familia Carulla, Agrolimen, había vendido Joyco aquel mismo año por 215 millones.

Los Carulla saldaron sus cuentas pendientes con Hacienda en 2014. Fue después de que el hermano mayor, Lluís, pactara con la Fiscalía. El acuerdo incluía una multa de 6,4 millones de euros impuesta por Hacienda y reconocer un delito fiscal para evitar la cárcel.