Primer intento global de lucha contra el ‘top manta’

Por primera vez, este martes se han sentado en una misma mesa diferentes representantes interadministrativos con un objetivo común: acabar con el top manta. Una reunión convocada por el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, y tras la cual los asistentes se han mostrado optimistas.

En el encuentro, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha sido rotunda: “No se puede tolerar que haya zonas de impunidad”, ha dicho en referencia a los puntos en los que los manteros venden productos de forma irregular pese a la presencia policial constante.

Cuestión de magia 

Colau ha recordado, además, que el top manta no es un fenómeno nuevo, por lo que “no hay una solución mágica a corto plazo”. No se eliminará en un verano. Será necesaria la colaboración institucional, según la alcaldesa, además del incremento de las patrullas mixtas de Mossos d’Esquadra y Guardia Urbana.

En la misma línea de la unión contra la venta irregular se ha mantenido el consejero de Interior, Jordi Jané. “Tolerancia cero”, ha dicho. Porque perjudica al comercio, porque da una imagen “de un país que no nos gusta” y porque castiga los derechos de autor. 

Recuperar la coordinación

Desde que Ada Colau llegó al consistorio en mayo de 2015, las operaciones policiales conjuntas en las que intervenía la Policía Nacional junto con Mossos d'Esquadra y Guardia Urbana se han reducido drásticamente. En esos 13 meses solo se han producido dos, cuando en los 13 meses precedentes habían sido 34. Ahora, las autoridades locales y autonómicas ya no cuentan con la policía española.

Así lo ha explicado el subdelegado del Gobierno central en Barcelona, Emilio Ablanedo, molesto porque la colaboración “se ha interrumpido últimamente”. Quiere “recuperarla” para acabar con un problema cuyo foco ya no es la entrada masiva de productos en camiones, sino que ahora entran por mensajería, en paquetes. 

A la mesa interadministrativa, que volverá a encontrarse el 22 de noviembre, han asistido la consejería de Empresa y Conocimiento; la de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias; el Puerto de Barcelona; las diputaciones de Barcelona y Girona, y los ayuntamientos de Sitges, Salou, Roses y Castelldefels, entre otros.