Los dueños de inmuebles de renta antigua recurren a detectives para recuperar sus pisos

Los propietarios de pisos de renta antigua están hartos de que una parte pequeña pero significativa de los inquilinos, se aproveche de la baja renta que pagan para hacer negocio fuera de la ley. Esos propietarios se quejan de las duras condiciones que les pone la normativa urbanística para acreditar el fraude de que son víctimas.

Los dueños de los pisos querrían recuperarlos y así situar el alquiler a precio un competitivo y no al irrisorio precio en el que se encuentran la mayoría de ellos. Pero la ley protege al inquilino y preserva sus derechos en base al contrato firmado. Según los propietarios, es la misma norma que, de alguna forma, también ampara a los inquilinos defraudadores, los que realquilan los inmuebles por un precio 8 o 10 veces por encima del que ellos pagan.

Difícil expulsión

La ley de arrendamientos urbanos (LAU) solo permite al propietario la expulsión de un inquilino de renta antigua que no respete el contrato si se acredita que no lo dedica a vivienda habitual y permanente.

Por ello, los propietarios se han puesto en manos de distintas agencias de detectives para acreditar oficialmente la estafa de la que dicen ser víctimas.

Expertos de análisis de la propiedad urbanística y el propio colegio de detectives privados de Cataluña, calculan que el 25% de las decenas de miles de viviendas de renta antigua de Madrid son objeto de fraude. Una cifra que se baja al 10% cuando se refiere a Barcelona.

Demostrar el fraude

Los propietarios saben que no pueden recuperar sus pisos de renta antigua hasta que el inquilino que firmó el contrato (y que usa de forma permanente el inmueble) o su viudo, no perezca. O sea, son contratos a extinguir, pero que la ley impide actualizar a precio de mercado para evitar que personas de edad avanzada sean víctimas de abusos. Los inquilinos defraudadores, con la LAU en la mano, si pueden ser expulsados, pero se ha de acreditar.

“Se da la circunstancia, por ejemplo, de que un inquilino, gracias a esos contratos antiguos, esté pagando de alquiler por un piso en la calle Fuencarral de Madrid, o en la calle Casp de Barcelona, entre 100 y 140 euros. Se trata de una precio 10 veces por debajo del mercado. Los propietarios se quejan de que algunos inquilinos, realquilan por 800 o 900 euros esos pisos y, por consiguiente, se llevan una buena tajada amparados en la complejidad de la burocracia judicial que hay que remover para expulsarlos”, dice el experto en derecho urbanístico y detective privado Ramón Fontanals.

En el caso de los pisos turísticos, el problema es doble, según las mismas fuentes. Por un lado, la dificultad de acreditar de forma oficial el uso ilegal de la vivienda para alojar a turistas sin pagar permisos y sin pagar tributos. Por otro, el hecho de que cuando se produce una inspección, en muchos casos, los turistas extranjeros no “saben y no contestan” y si hay sanción, con un poco de suerte, acaba cayéndole al propietario.