La aplicación de la “ley mordaza” a la periodista de Catalunya Ràdio, Mercè Alcocer, ha encendido las redes. Y no solo por las muestras de solidaridad, sino por las críticas que durante años ha recibido en la profesión la protagonista, exjefa de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
La Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) ha emitido un comunicado en el que denuncia la sanción y manifiesta “el rechazo ante una situación que supone el impedimento a los profesionales de los medios de comunicación del ejercicio libre de la profesión, entendida como un bien imprescindible para la salud de la democracia”.
Ironías del destino, Alcocer fue directora de la comunicación del TSJC durante nueve años, cargo que ejerció gracias a una excedencia de Catalunya Ràdio. Su gestión fue duramente criticada por los periodistas especializados en información de tribunales, quienes elaboraron una carta en 2005 en la que denunciaban las numerosas trabas que Alcocer ponía para cubrir juicios y comparecencias. Los periodistas protagonizaron actos de protesta en los que lucieron camisetas con el lema “Por la libertad de expresión. Sí a la imagen”.
Alcocer, de regreso a sus tareas como informadora de tribunales, ha sido expedientada por la Delegación del Gobierno en Madrid por “desobediencia a unos agentes de la autoridad en en el ejercicio de su profesión el pasado día 20 de febrero de 2016, ante la sede de la Audiencia Nacional, mientras cubría una información como enviada especial en el seguimiento del caso Pujol”, según ha informado la CCMA.
Las redes sociales se han hecho eco de esa sanción, así como de las críticas a la gestión de Alcocer como jefa de prensa del TSJC y a los intentos de politizar el asunto de toda la órbita informativa nacionalista, que ha puesto por delante el hecho de tratarse de una periodista catalana.