Generalitat y Diputación de Barcelona convocan un premio de 6.000 euros y sólo se presenta un candidato

La Diputación de Barcelona va a ahorrarse al menos 6.000 euros. Probablemente, contra su voluntad. La edición de 2015 del premio de investigación Enric Prat de la Riba se ha declarado desierta, según informó este martes el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC). La decisión se ha tomado debido a que, agotado –con creces– el plazo de inscripción, sólo se había presentado "una solicitud de participación".

El premio, organizado por la Escuela de Administración Pública de Cataluña –adscrita al departamento de Gobernación, y que dirige desde el mes pasado Agustí Colomines, ex director de la fundación CaTDem, vinculada a CDC–, estaba dirigido a profesores universitarios, alumnos de posgrado o doctorandos de las universidades catalanas –en solitario o dentro de un equipo–, y debía premiar "al mejor trabajo de investigación inédito sobre cualquier aspecto del derecho local".

Las bases del premio preveían un elaborado sistema de evaluación de los trabajos, mediante "dos personas expertas" en una primera fase de criba, y por "una comisión de selección de seis expertos" para los que la superaran. Un sistema que no ha sido necesario poner en marcha, al aplicarse el punto de las bases que permitía declarar desierto el premio si "se presentan tres candidatos o menos".

Desierto pese a todos los esfuerzos

El organismo que dirige Colomines, además, ha ampliado más que generosamente el plazo de presentación de los trabajos. Este lapso era de 15 días hábiles tras la publicación de las bases en el DOGC. Pero estas aparecieron en el diario oficial nada menos que el 7 de julio de 2015, y no ha sido hasta medio año después cuando se ha tomado la decisión de declarar desierto el premio.

El galardón lo convoca la Escuela de Administración Pública de Cataluña, que depende de la Generalitat, pero lo ha financiado íntegramente la Diputación de Barcelona. En el convenio de colaboración que firmaron ambas administraciones en abril de 2015 la corporación local se comprometía a aportar un total de 9.630 euros para la organización del mismo, incluyendo el premio económico que no se va a llegar a conceder. El texto aludía al "impacto de la crisis económica" para justificar –entre líneas– que fuera la diputación quien asumiera el coste.