Los desahuciados por bancos buscarán que la ONU condene a España

Ciudadanos que han perdido su vivienda por lanzamientos hipotecarios buscarán que Naciones Unidas condene a España. Una oenegé catalana prepara una demanda ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU por “vulneración de derechos” de desahuciados por impagos hipotecarios.

El escrito lo prepara la asociación Observatori DESC, que ya cuenta con una decena de casos. La entidad estima que el "realojamiento deficiente" de estas personas podría vulnerar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del que España es signataria y que entró en vigor en 2013.

“Es una vía más para denunciar los lanzamientos hipotecarios. Están las movilizaciones de la PAH, la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada al Parlament catalán y otras. La denuncia es un paso más para garantizar el derecho a la vivienda en España”, explica Marc Serra, jurista y miembro del Observatori DESC.

Buscan casos

Los casos que se elevarán al Comité de Naciones Unidas, cuyas resoluciones son vinculantes --y que el Reino de España tendría que incorporar a su legislación-- están en fase de estudio. El Observatori espera presentar la documentación durante el primer trimestre de 2016.

Antes, ha hecho un llamamiento por redes sociales para recabar casos de desahuciados a los que los servicios sociales de los municipios “han realojado de forma deficiente”.

Condena

Si el organismo condena a España, sería el segundo varapalo de Naciones Unidas a la legislación en materia de acceso a la vivienda en el país. En septiembre, el mismo comité resolvió que el Estado era culpable por no impedir que la casa de una mujer fuera “subastada por un banco por impago sin notificárselo a su inquilina”.

Además, el ente también ha admitido a trámite el caso de un madrileño que acabó viviendo en el coche al ser desahuciado por no pagar el alquiler.

“En el caso de las ejecuciones hipotecarias, una condena de la ONU sería relevante y determinante. Obligaría a revisar la legislación en materia de vivienda, también la autonómica”, avisa el letrado.