Castro indaga si hubo delito fiscal en la reforma de Génova

El juez José Castro ha dado un paso más en sus investigaciones en torno a las presuntas irregularidades que rodearon a la reforma de la sede nacional del PP y su conexión con la adjudicación ilícita del hospital mallorquín de Son Espases, y en esta ocasión con la Agencia Tributaria sobre el escenario.

El magistrado ha reclamado a Hacienda que le entregue todos los datos de los que disponga sobre Unifica, empresa que se encuentra bajo lupa judicial por supuestamente haber intervenido en la financiación irregular del partido con la remodelación de las instalaciones de los 'populares', ubicadas en la calle Génova de Madrid.

No sólo eso. El juez requiere al fisco que le remita documentación en la que la AEAT apunte a la posible comisión de delito fiscal por parte de Unifica, mientras que a uno de los registros de la propiedad de Madrid le solicita copia de la hoja registral de la sede del PP, en aras a escudriñar las ilegalidades que conectarían tanto las obras del inmueble de Génova como las del hospital de referencia de las islas.

Relación con la 'caja B'

Castro ha reactivado de este modo la última línea de investigación que abrió en el marco del caso Son Espases y que fue impulsada hace varias semanas con una providencia con la que reclamaba al PP nacional todas las facturas relacionadas con la reforma de la sede central del partido. La formación entregó una parte de las mismas, alegando que la mayoría se encontraban en manos de la Audiencia Nacional, encargada de indagar, de forma paralela, la financiación de la formación a través de cajas 'B' entre 1990 y 2008.

Asimismo, la dirección del partido aseguraba desconocer qué empresas fueron subcontratadas para llevar a cabo las obras de remodelación de su sede central, entre las que podría hallarse la conexión que el magistrado quiere hallar entre Madrid y Mallorca.

Florentino, el beneficiado de Son Espases

El juez también tiene pendiente sobre la mesa el esclarecimiento de la adjudicación de Son Espases, la mayor infraestructura pública impulsada bajo el último mandato de Jaume Matas (2003-2007), de cuya construcción se encargó una unión de empresas liderada por una de las filiales de Florentino Pérez. Dragados se hizo con la concesión de las obras por un total de 635 millones de euros.

Sobre estos hechos, uno de los testimonios clave del caso, el del ex concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma Javier Rodrigo de Santos, puso de manifiesto cómo el PP de Matas exigió comisiones de hasta nueve millones de euros a cambio de la adjudicación de los trabajos de construcción, para los que inicialmente OHL contaba con la mejor puntuación de entre todas las empresas que concurrieron al proceso.

También la sede del PP balear

Otra de las investigaciones que Castro tiene en sus manos es la centrada en la reforma de la sede del PP balear, que habría sido pagada en parte por empresarios que resultaron beneficiados con obras públicas durante la legislatura presidida por Matas. Los gastos de las campañas electorales, presuntamente sufragadas con dinero opaco al fisco, también se encuentran en el punto de mira del magistrado.

Pesquisas en las que, además, Castro se mantendrá volcado durante los próximos dos años después de que el Consejo General del Poder Judicial aprobase que continúe hasta los 72 años al frente del Juzgado del que es titular, a fin de que pueda concluir las complejas investigaciones por corrupción política que tiene sobre la mesa.