El juez Castro, de Palma Arena a Génova pasando por la Infanta

Cuando ingresó en la carrera judicial en 1976, poco se imaginaba qué le depararía la recta final de su trayectoria profesional. Y que hasta necesitaría dos años más, una vez alcanzada la jubilación forzosa, para concluir las complejas investigaciones por corrupción política que recaerían en sus manos.

El juez José Castro, cordobés de nacimiento, cumplirá 70 años el próximo 20 de diciembre y, tras esa fecha, podrá continuar hasta los 72 como titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca, tal y como ha aprobado, tras así haberlo solicitado el magistrado, el Consejo General del Poder Judicial. 

Gracias a la reforma de la ley

Castro se ha acogido así a la posibilidad introducida con la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que permite a los jueces de instrucción continuar dos años más de la edad establecida hasta ahora para permanecer en activo.

Y tiene trabajo por delante: una veintena de piezas abiertas del conocido como caso Palma Arena, que incoó hace más de seis años tras poner la lupa en el millonario sobrecoste que supusieron las obras del velódromo palmesano bajo el último mandato de Jaume Matas, y en el marco de cuyas investigaciones --que derivaron en la apertura de hasta 28 flecos de toda índole-- ha terminado enviando al banquillo de los acusados, por primera vez en la historia, a un miembro de la Familia Real: la infanta Cristina. 

Son Espases y derivados

No sólo eso. También se encuentran en plena ebullición las pesquisas en las que está volcado desde hace medio año, el amaño en la adjudicación del hospital de Son Espases, sobre todo desde que, hace dos semanas, decidiera investigar la conexión entre las irregularidades producidas durante este proceso con la reforma de la sede central del PP, ubicada en la calle Génova de Madrid.  

Estricto en sus interrogatorios y riguroso en sus resoluciones, Castro, el juez que más tiempo lleva al frente de un juzgado de instrucción en Baleares, recaló en Mallorca en 1985, no sin antes haber pasado por dependencias judiciales de Dos Hermanas y Lanzarote. En la isla, fue en 1990 cuando le nombraron titular del Juzgado de Instrucción número 3, en el que permanece desde entonces. No está adscrito a ninguna asociación judicial. 

Sin entrevistas

Nunca ha concedido una entrevista, a pesar de la trascendencia de las causas que ha instruido, las que está por concluir y la de los investigados en ellas. En 1992 ya indagó el intento de soborno a un edil socialista del municipio mallorquín de Calvià por parte de varios políticos del PP, quienes le ofrecieron cien millones de pesetas a cambio de apoyar una moción de censura contra la entonces alcaldesa, perteneciente al PSOE.

Pero sin duda saltó a las primeras páginas y alteró la actualidad judicial cuando en agosto de 2009 hizo estallar el caso Palma Arena, con la detención de varios ex altos cargos del PP y empresarios que habrían intervenido en las irregularidades del velódromo, inicialmente presupuestado en cincuenta millones de euros y cuya construcción acabó costando más de cien.

El presidente millonario

El elevado tren de vida de Matas durante ese mandato (2003-2007) hizo sospechar a los investigadores de que su ingente enriquecimiento podía estar relacionado con el desfase económico de una de las infraestructuras estrella del exmandatario popular.

Indagando en las millonarias partidas que durante esa legislatura salieron de las arcas públicas, el juez se topó con la organización de dos foros sobre turismo y deporte que, a pese a la corta duración de los mismos, habían costado al Ejecutivo balear 2,3 millones de euros. La entidad que los había organizado era el Instituto Nóos, una organización aparentemente sin ánimo de lucro. Su presidente, Iñaki Urdangarin.