Mas dio apoyo a la urbanización de Sant Pere Pescador

El 18 de marzo de 2002, el entonces conseller en cap de la Generalitat, Artur Mas aseguró en un visita a Sant Pere Pescador, refiriéndose a la urbanización de la zona conocida cono Fluvia Nautic que “en esto estamos al lado del ayuntamiento”.

El consistorio, había apoyado este proyecto de construcción de 750 viviendas que incluía la remodelación del puerto fluvial, en los alrededores de la desembocadura del Rio Fluvià. El propio alcalde sometió la decisión a una asamblea popular y obtuvo el respaldo mayoritario de la población, favorable a la realización del proyecto.

Apoyo 'in situ' de Mas

Artur Mas, que aquel día se había trasladado a la población gerundense para inaugurar el edificio del hogar de ancianos, fue, incluso, más allá al afirmar que “son unos terrenos con unos derechos adquiridos que no se pueden borrar" y subrayó la condición de urbanizable de esa zona expresamente contemplada en el plan General Urbanístico que había sido aprobado de forma definitiva por la propia Generalitat.

En 2001, con el plan urbanístico en la mano, la constructora VLV Inmuebles SL presentó una proyecto de edificación en la zona de 750 viviendas de alto standing y la consiguiente remodelación del puerto fluvial. El proyecto, aprobado sin fisuras por todas las administraciones, impulsó a la constructora a la compra de los terrenos de la llamada “Unidad de actuación número 14” para lo que desembolsó cerca de 2.000 millones de las antiguas pesetas.  

Decisiones contradictorias

Meses después, el propio Artur Mas, avalaba este proyecto, pero, para sorpresa de todos, el día 6 de febrero del 2003, el consejero de Política Territorial, Felip Puig, firmó una resolución en la que desclasificaba la zona 14 del plan general de Sant Pere Pescador y lo volvía a catalogar como suelo “agrícola de interés natural”. Es decir, inhabilitaba la edificación. Puig, resolvió en este sentido, una denuncia de un grupo ecologista local, con el apoyo de un informe de la asesoría jurídica del departamento.

Guerra judicial

A partir de ese instante, la constructora afectada inició un complejo y costoso litigio judicial que ha finalizado hace escasos meses con una resolución del Tribunal Supremo que declara nula e improcedente la decisión de Felip Puig de desclasificar la zona. El propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha cuantificado en 119 millones de euros la indemnización que se le debe de pagar a la constructora.

VLV Inmuebles acaba de pedir el amparo de la sala de lo contencioso administrativo del TSJC, para exigir a la Generalitat el inmediato pago de dicha millonaria indemnización.