La constructora VLV propone al Govern que le pague la indemnización con una permuta

La Constructora VLV Inmuebles SL, propietaria de los terrenos de la zona conocida como Fluvià Nautic de Sant Pere Pescador, ha propuesto a la Generalitat un acuerdo para renunciar a los 119 millones de euros que, en concepto de indemnización por un error administrativo, el Govern le ha de pagar, a cambio de que se le compense con suelo edificable en cualquier punto de Cataluña.

Fuentes de la empresa consultadas por Crónica Global, han manifestado que la propuesta es un gesto de aproximación a la Administración. “Conscientes, como somos, de que las arcas públicas están en números rojos y no desando añadir más lastre y dificultades a las finanzas públicas”, añaden las mismas fuentes. 

La Generalitat ahorraría

La Generalitat, que por sentencia del Tribunal Supremo ha de indemnizar a la constructora por una irregular desclasificación urbanística en la desembocadura del río Fluvià, se ahorraría este pago (119 millones de euros), cediendo terrenos para que VLV Inmuebles pudiera desarrollar proyectos inmobiliarios en cualquier punto de Cataluña.

De hecho, fuentes de la empresa señalan que ya conocen varios proyectos que podrían adaptarse a ese escenario, pero que aún no saben el grado de disponibilidad o de predisposición del Departamento de Política Territorial a negociar la posible permuta por unos terrenos que permitiesen la plasmación de estas iniciativas inmobiliarias.

Grandes infraestructuras

Las fuentes citadas no han querido desvelar de qué proyectos están hablando, ni tan siquiera su alcance, dimensión o presupuesto pero sin han indicado que se trata de grandes infraestructuras urbanas, del ámbito cultural y que generarían  riqueza inmediata.

Mientras este acercamiento no se produce y ante el silencio administrativo que perdura a pesar de la insistencia de la constructora en cobrar el dinero que se le adeuda, VLV Inmuebles acaba de solicitar amparo a la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para que inste a la Generalitat a la ejecución del pago de la millonaria indemnización estipulada por una anterior resolución del propio TSJC.