¿Más derechos que los sin papeles?

Las voces sobre posible discriminación por el trato a los refugiados con respecto a los inmigrantes, con papeles o sin ellos, comienzan a oírse. Preguntan por qué tienen más derechos quienes huyen de su país, renunciando a defenderlo por miedo a morir por una bomba que quienes huyen de su país por miedo a morir de hambre.  “¿La miseria sola no es igualmente digna de ayuda y compasión?”, se interroga un  sindicalista subsahariano en las redes sociales.

Ante estas primeras protestas, Cruz Roja expresó, hace unos días, su convencimiento de que España es “perfectamente capaz”, de acoger a 17.500 refugiados y de hacerlo “con facilidad” no sólo en la asistencia sino también en la integración. Aunque reconocía que es “normal” que haya miedo entre la ciudadanía porque el problema tiene un origen geopolítico muy complejo que va más allá de estas personas.

Sólo el 0,04% de la población

La onegé internacional trata de tranquilizar, con un voluntarismo un tanto simplista, aduciendo que los refugiados asignados a España “son 300 personas por provincia”, un dato que representa el 0,04% de la población española, que ronda los 46 millones de habitantes.

España sólo ha admitido hasta ahora dos de cada diez solicitudes de asilo. Pero el Ministerio del Interior calcula que, al margen del cupo de casi 15.000 asignado ahora, recibirá este año a otros 17.000 demandantes de asilo, en su mayoría de origen sirio, de modo que la cifra total de demandantes rebasará los 30.000. Una auténtica avalancha en un país con más de 4 millones de parados, según los críticos.

El proceso de integración de dos años

Los primeros refugiados llegarán de forma escalonada, dentro de un mes, en un proceso de integración que puede durar dos años, según José Javier Sánchez, responsable de asilo de Cruz Roja. Tanto esta onegé como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y la Asociación Comisión Católica Española de Migraciones (ACCEM) buscarán familias con parientes o amigos en Siria. Ahora tienen todos sus centros y pisos ocupados, pero prevén disponer de 5.000 plazas en octubre. Usarán albergues, residencias y viviendas de alquiler. 

Lo más importante del programa de integración, que se desarrollará tras alojarlos, es la asesoría legal, la atención psicológica, y apoyo para que conozcan el entorno y el idioma, para que mejoren su empleabilidad.

Un elevado porcentaje, según los primeros sondeos, son gente con estudios y pertenecerían a la clase media. Las onegés ven poco viable alojar a los refugiados en casas particulares porque necesitan atención especializada, pero les animan a trabajar como voluntarios para enseñarles el idioma y ayudarles a integrarse.