La geografía de la insolvencia: así está cambiando el endeudamiento en L’Hospitalet, el Vallès y el resto de España

En los últimos cinco años, España ha visto un aumento vertiginoso de la insolvencia personal y del endeudamiento vulnerable a causa de la inflación, el encarecimiento de la vivienda y la inestabilidad laboral, dibujando un mapa desigual que se concentra en los grandes núcleos urbanos. Cataluña se sitúa a la cabeza de esta tendencia y, dentro de ella, municipios del entorno metropolitano de Barcelona como L’Hospitalet de Llobregat, el Vallès, Mataró o el Baix Llobregat reflejan con nitidez cómo la presión financiera ha empezado a formar parte de la vida cotidiana de cada vez más familias y autónomos.

El endeudamiento de los hogares españoles en el contexto macroeconómico reciente

La radiografía de la insolvencia en España en 2026 nos muestra que hay una creciente bolsa de hogares vulnerables: el porcentaje de familias que destinan más del 40% de sus ingresos al pago de deudas ha aumentado del 10,5% en 2020 al 11,2% en el tercer trimestre de 2023. Este incremento de hogares al borde de la insolvencia se atribuye principalmente a la subida de los tipos de interés del Banco Central Europeo, que encareció las hipotecas y préstamos existentes.

A pesar de que los salarios nominales han mejorado en promedio, muchas familias de ingresos medios y bajos sufren el encarecimiento de las cuotas hipotecarias, créditos al consumo y facturas, erosionando su capacidad de pago. En zonas urbanas con alto coste de la vivienda, como Barcelona y su entorno, esta presión financiera es especialmente intensa, al combinarse hipotecas altas con empleos a veces precarios o inestables.

El auge de los concursos de persona física gracias a la Ley de Segunda Oportunidad

Paralelamente al contexto anterior, España ha experimentado un boom de las insolvencias personales gracias a la creciente aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad (LSO). Esta ley, vigente desde 2015 y reformada en 2022, establece un mecanismo para que particulares y autónomos insolventes puedan cancelar sus deudas tras un procedimiento concursal, siempre que hayan actuado de buena fe (sin fraude ni delitos previos). La utilización real de este mecanismo se ha disparado: en 2018 hubo unos 3.900 concursos de persona física en España, mientras que en 2023 se alcanzaron casi 37.000 casos anuales. En otras palabras, en cinco años se ha multiplicado por diez el número de particulares que acuden al concurso para aliviar su sobreendeudamiento.

Esta tendencia se explica en parte por cambios legales que facilitaron el acceso al mecanismo: la reforma concursal de 2022 eliminó trámites previos engorrosos (como la obligatoriedad de intentar un acuerdo extrajudicial con acreedores) y simplificó procedimientos, animando a más deudores a dar el paso. Además, la inmensa mayoría de quienes inician el procedimiento logran la condonación de sus deudas: aproximadamente el 95% de los concursos de persona física terminan con éxito para el deudor insolvente (exoneración del pasivo). Esto refleja que la ley está cumpliendo su objetivo de ofrecer un fresh start (nuevo comienzo) a quienes han caído en una insolvencia fortuita, evitando que queden lastrados de por vida por deudas impagables.

Las comunidades autónomas con mayores tasas de insolvencia personal

El reparto territorial de estos procedimientos concursales muestra diferencias muy marcadas entre regiones. En general, los territorios con mayor población y urbanización acumulan la mayoría de insolvencias personales, mientras que regiones menos urbanizadas presentan tasas bajas. Las comunidades autónomas con cifras más elevadas de concursos de personas físicas en la actualidad son, por orden de importancia:

- Cataluña: encabeza el ranking nacional, concentrando aproximadamente una cuarta parte de todos los concursos personales del país. En 2023 alcanzó 13 procedimientos de insolvencia por cada 10.000 habitantes, muy por encima de la media española (unos 8 por cada 10.000).

- Andalucía: representa en torno al 15% de los concursos de persona física en España, siendo la segunda comunidad con más casos.

- Madrid: ocupa el siguiente lugar con aproximadamente un 14% de las insolvencias personales del país.

- Comunidad Valenciana: registra cerca del 12% de los concursos personales en España, también en posiciones destacadas.

En el extremo opuesto, regiones menos pobladas o industrializadas muestran incidencias mucho menores; por ejemplo, todo el País Vasco apenas aportó un 3% de los concursos a nivel nacional según datos recientes.

Cataluña, la comunidad donde más personas se acogen a esta ley

Cataluña merece un análisis específico por ser el territorio con mayor tasa de insolvencia personal actualmente. Los catalanes han hecho un uso especialmente intensivo de la Ley de Segunda Oportunidad: 13 de cada 10.000 catalanes se acogieron a ella solo en 2023. En términos absolutos, más de 10.600 personas en Cataluña encontraron solución a sus deudas mediante este mecanismo en 2023. Esto equivale aproximadamente al 25% del total nacional de concursos de personas físicas. La explicación reside en varios factores concurrentes en este territorio:

Por un lado, en Cataluña ha habido una fuerte divulgación y aceptación social de la segunda oportunidad. Iniciativas como la Alianza por la Segunda Oportunidad (impulsada por colegios profesionales catalanes) han difundido el mecanismo entre los afectados, hasta normalizar su uso como vía legítima de alivio financiero. Esto ha contribuido a que Cataluña alcance una densidad de procesos similar a la de países donde el “fresh start” lleva más tiempo vigente. Por otro lado Barcelona, y especialmente su área metropolitana, presenta la combinación de factores socioeconómicos que tienden a generar insolvencia, y agrupa cerca del 75% de todos los concursos catalane

En municipios densos del entorno barcelonés –como L’Hospitalet de Llobregat, las ciudades del Vallès (ej. Sabadell, Terrassa), Mataró, o los del Baix Llobregat– se conjugan a menudo hipotecas abultadas sobre viviendas adquiridas en época de boom inmobiliario, ingresos familiares inestables (trabajos temporales, economía sumergida) y acumulación de deuda de tarjetas o préstamos para llegar a fin de mes. Es decir, la geografía de la insolvencia muestra un claro sesgo urbano: allí donde el precio de la vivienda, la precariedad laboral y el endeudamiento acumulado ejercen más presión (grandes áreas metropolitanas), se observan las tasas más altas de insolvencia personal.

Tipos de deuda más frecuentes y perspectivas de futuro

La Ley de Segunda Oportunidad permite incluir prácticamente cualquier tipo de deuda privada en el proceso concursal, pero en la práctica los expedientes de persona física suelen arrastrar una mezcla de deudas entre las que destacan varias categorías por su frecuencia: impago de hipotecas y préstamos personales; deudas con Hacienda o la Seguridad Social y deudas financieras como descubiertos bancarios, avales ejecutados o facturas pendientes. Los perfiles familiares y de autónomos con endeudamiento heterogéneo (hipoteca + consumo + deudas públicas) son los que más comúnmente acaban en los juzgados mercantiles solicitando la exoneración mediante la LSO.

Todo apunta a que en los próximos años la cancelación de deudas a través de la Ley de Segunda Oportunidad seguirá ganando peso en España, impulsada por una mayor madurez jurídica, una aceptación social creciente y un contexto económico que continúa presionando a muchos hogares y autónomos. Tras más de una década de aplicación, la jurisprudencia ha aportado seguridad y claridad al procedimiento, lo que ha reducido reticencias y ha normalizado el uso del perdón de deudas como una salida legal y legítima. A este escenario se suma la expectativa de posibles ajustes normativos que refuercen la eficacia del sistema, en especial en materia de deudas públicas y simplificación de trámites, configurando un marco en el que la exoneración judicial de deudas se consolida como una herramienta estructural dentro del funcionamiento económico.

--

Contenido patrocinado