Vista aérea del Turó Park de Barcelona
Serviland e IE University abogan por un nuevo sistema de normas urbanísticas por la sostenibilidad
Las Normas Urbanísticas Transversales vinculan parámetros tradicionales como la edificabilidad con otros medioambientales o sociales
Serviland junto con el IE Center for Sustainable Cities de IE University proponen establecer un nuevo modelo de normas urbanísticas, denominadas Normas Urbanísticas Transversales. Estas vinculan parámetros tradicionales como la edificabilidad con parámetros medioambientales o sociales para promover el desarrollo sostenible de las ciudades.
Es una de las principales propuestas que recoge el estudio que han elaborado con el fin de analizar, evaluar y proponer estrategias para impulsar un modelo de desarrollo urbano sostenible. Ello, centrándose especialmente en las fases iniciales de planificación y urbanización.
Enfoque a medio y largo plazo
El informe concluye que, si bien la implantación de medidas que fomenten la sostenibilidad puede suponer en algunos casos un incremento económico de las obras de urbanización, únicamente, mediante un enfoque a medio y largo plazo es posible entender el retorno de la inversión.
Es por esto por lo que, para compensar la contradicción entre el beneficio social y medioambiental y la falta de retorno económico a corto plazo, desde Serviland y el IE Center for Sustainable Cities se propone un sistema que fomente el desarrollo sostenible.
Y apuestan por incentivos y bonificaciones que favorezcan la inversión en sostenibilidad.
CEO de Serviland, Ernesto Tarazona
La Administración, imprescindible
Ernesto Tarazona, CEO de Serviland, señala que “a diferencia de los incentivos existentes para favorecer una edificación sostenible, en el caso del planeamiento y la urbanización existe un vacío sobre cómo la administración pública puede fomentar el desarrollo urbano sostenible. Este nuevo marco aboga por la colaboración público-privada para fomentar el desarrollo sostenible de entornos urbanos”.
Tarazona también reconoce que “su aplicación requiere la participación fundamental de la administración pública, pero también de desarrolladores urbanísticos, el sector financiero e, incluso, de la sociedad en su conjunto, con un papel activo de la ciudadanía”.
