Primeras planas

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Anticorrupción, la DGAIA y las retiradas de custodia

La Fiscalía Anticorrupción investiga los manejos económicos en la atención a la infancia mientras las retiradas de custodia siguen en manos de funcionarios. El socavón del Putxet y restaurantes del Raval

En portada: Ametller facturará 900 millones en 2026 y entrará en el ‘top 3’ de supermercados catalanes

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La infausta DGAIA rebautizada como DGPPiA (Direcció General de Prevenció i Protecció de la Infància i l'Adolescència) sigue en el radar judicial por presuntas irregularides en el manejo de decenas y decenas de millones de euros.

Los grupos del Parlament montaron una comisión que se saldó como todas las comisiones parlamentarias, en falso. Se levantaron las alfombras, pero para echar más basura bajo ellas. Sin arrebato de sonrojo, los principales partidos hicieron el típico paripé.

Había que ver al simpático Joan Ignasi Elena con sus estudios de teología a la espalda glosando en términos ditirámbicos el gran trabajo de las fundaciones en el acogimiento de los niños perdidos.

Si la comisión sirvió de algo fue para acentuar la impostura, la hipocresía y la doble moral de los próceres parlamentarios. Un horror.

Pero allí donde no alcanza el Parlament porque no les da la gana a los diputados puede llegar la justicia a tenor de este titular de El Nacional: "La Fiscalía Anticorrupción investiga las ayudas de la DGAIA por los jóvenes extutelados".

La información es de Mayte Piulachs: "El descontrol en la gestión por parte de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA), admitido por el Govern con una auditoría, es investigado por la Fiscalía Anticorrupción, que pidió a la Oficina Antifrau de Catalunya colaborar juntos para dirimir si hay indicios delictivos en la concesión de prestaciones económicas a jóvenes extutelados".

"La Sindicatura de Cuentas cifró en 167 millones de euros los pagos indebidos de las diferentes prestaciones subjetivas de la Generalitat durante los años 2016 a 2022, de los cuales unos 4 millones en ayudas a jóvenes extutelados".

"Antifrau abrió dos investigaciones: una relacionada con la gestión de las ayudas a jóvenes extutelados en Girona, gestionada por UTE formada por Fontanilles-Resilis, y la segunda con la gestión de los pisos para menores no acompañados, llamados pisos fantasma porque supuestamente la entidad gestora cobraba de la Generalitat, pero no eran ocupados. El caso fue destapado por un trabajador, al que Antifrau dio la categoría de testigo protegido".

"En las diligencias de investigación, Anticorrupción examina ahora un primer informe finalizado por parte de Antifrau, según han explicado a ElNacional.cat fuentes cercanas a la investigación. Se trata de la externalización de la gestión de las ayudas a la emancipación de los jóvenes extutelados, que se puso en marcha en septiembre de 2022 y fue concedido por concurso a la UTE formada por Fontanilles-Resilis en la demarcación de Girona".

"En este caso, Antifrau concluye que no hay indicios de delito. Es decir, no ve fraude, pero invita a Anticorrupción a que examine y valore los incumplimientos contractuales que habría cometido la fundación Resilis en la gestión de estos recursos, tal como fijaba la administración. Se descubrió que algunos jóvenes cobraban la ayuda pública (entre 6.800 y 36.400 euros de golpe) de forma indebida porque tenían trabajo o estaban en el extranjero, situaciones atribuidas a la falta de control y retrasos en la tramitación por parte de la entidad gestora".

"Paralelamente, Antifrau, que dirige Josep Tomàs Salàs, mantiene abierta una segunda investigación sobre la gestión de los pisos tutelados, también por parte de Resilis. En este caso, el organismo ha pedido bastante información al Departament de Drets Socials y a la entidad gestora para aclarar si hay irregularidades administrativas o de responsabilidad penal".

"En un informe, la Sindicatura de Greuges alertaba que el servicio de vivienda solo es usado por el 20,6% de los chicos extutelados. También que se había rechazado dar una plaza de vivienda a unos 750 jóvenes entre los años 2021 y 2023. Paradójicamente, también se indicaba que el porcentaje de plazas no ocupadas es del 7%".

"El Tribunal de Cuentas también inició un análisis preliminar, pedido por la Fiscalía de este órgano, para determinar si hay una responsabilidad contable en la gestión del dinero público e imputable a algún responsable del Govern".

Y: "El Parlament, por su parte, cerró la comisión de investigación sobre la DGAIA la semana pasada sin imputar responsabilidades a ningún exconseller de Drets Socials ni a su equipo, y con la constatación de que los servicios se desbordaron con la llegada de menores no acompañados".

Al hilo de los turbios manejos con la pasta en la atención a la infancia, Enric Sierra escribe en La Vanguardia un esclarecedor texto sobre la aberración moral de que sea un funcionario y no un juez quien decida la retirada de la custodia de los menores teóricamente desamparados.

De su texto: "A pesar de las peticiones de la Síndica de Greuges o del Col·legi d’Advocats de Barcelona de que esta drástica decisión recaiga en un juez, la Generalitat mantiene la retirada de la custodia en manos de administrativos. Y ahí pervive la suspicacia".

"Hay un gran tinglado montado con la tutela de menores que alimenta a mucha gente. Este sistema es muy goloso porque los que gestionan los centros de menores reciben entre 4.000 y 6.000 euros por cada plaza. Pero si la custodia cae en el despacho de un juez, el ansia de llenar las plazas deja de ser una prioridad y prevalece el interés del menor y su familia".

Continúa Sierra: "Es cierto que se han creado comités de retirada de tutelas y que ahora, por fin, se escucha a las familias afectadas. Pero todavía la última palabra la tiene un funcionario de la Generalitat y no un juez con los graves problemas que provoca".

"Sirva de ejemplo el último caso conocido. Se trata de la reciente condena a la DGAIA por la violación de un menor de ocho años que tenía tutelado hace tres años. La Generalitat se negó en dos ocasiones a que el niño fuera llevado a los juzgados para ser explorado de las agresiones que sufría y que detectaron las monitoras del centro donde estaba recluido".

Y: "Finalmente, fue un juez quien, tras la denuncia de los padres del menor, ordenó devolver el niño a sus progenitores porque la retirada de la custodia dictada por un funcionario de la Generalitat había sido desproporcionada".

Más noticias. Paulatina normalización en Ceuta, pero con titulares sumamente inquietantes sobre yihadistas y delincuentes emboscados, así como personal de inteligencia de Marruecos incrustado entre los "invasores".

En este espinoso contexto, Vozpópuli señala que "Sánchez aún confía en convencer a Junts para que no tumbe los Presupuestos".

El presidente del Gobierno es tan inasequible al desaliento que en el sumario se indica que "Aspira a que los de Puigdemont no presenten enmienda de totalidad en noviembre y se ausenten en la votación final del dictamen".

Escribe Gabriel Sanz: "A pesar de que Junts per Catalunya ha reiterado, por activa y por pasiva, que “la legislatura ha terminado, convoque elecciones”, Pedro Sánchez prefiere aferrarse a su relato de que los presupuestos 2027 todavía pueden ser aprobados -sería la primera vez en cuatro años de legislatura- y él seguir gobernando unos meses más como si tal cosa".

"La mayoría de investidura se ha resquebrajado, admiten fuentes gubernamentales a Vozpópuli, aunque queda un atisbo de esperanza porque los siete diputados de Carles Puigdemont han tumbado este mes de julio por dos veces la senda de déficit y el techo de gasto para 2027, pero con un matiz importante: no presentaron enmienda de totalidad".

"Sobre ese hecho, La Moncloa y Ferraz se apuntan al mítico Manual de Resistencia del presidente del Gobierno con ese atisbo de supuesta esperanza, real o fingida, que la decisión de Junts les insufla para la siguiente etapa presupuestaria. “¿Por qué no pensar que puedan hacer lo mismo cuando, en noviembre, se produzca el primer debate de las cuentas públicas y se ausenten para no votar las enmiendas de totalidad?”".

"Automáticamente, en ese supuesto de que Junts rechace las enmiendas de totalidad del PP y Vox, y se ausente en la votación del dictamen, el proyecto de ley seguiría su tramitación rumbo al debate de las enmiendas parciales aunque sea solo con más votos a favor que en contra".

"Allá por la penúltima semana de diciembre, último pleno del periodo de sesiones -para entonces el Tribunal Constitucional habrá dado luz verde a la aplicación efectiva de la Ley de Amnistía al huido ex presidente de la Generalitat-, veremos si los siete parlamentarios ex convergentes también se ausentan o acuden a votar en contra de las cuentas públicas".

"Esta tesis gubernamental suena a cuento de la lechera pero, por sí acaso, ya se ha encargado Pedro Sánchez de indultar parcialmente a la ex presidenta del Parlament Laura Borrás -condenada por prevaricación cuando era consellera de Cultura-; porque así lo pidió el tribunal sentenciador, dice el presidente, pero el ministro Óscar López reconoce que la medida también busca la “normalizar la situación política en Cataluña”".

Y: "El Gobierno se aferra también a la decisión de los post convergentes de permitir que se tramite la condonación de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), de la que Cataluña se beneficiaría de forma sustancial. Junts introducirá una enmienda a la totalidad que incluya el polémico cupo catalán -rechazado por el resto de autonomías salvo Canarias- para poner así a prueba en el Congreso a los dos socios que hoy gobiernan la Generalitat, ERC y PSC".

Noticias barcelonesas. "Angustia y lucha por un socavón de 9 metros en Barcelona: el 'fantasma' del Carmel vuelve en Sant Gervasi", señala un titular de El Mundo.

Portada de 'El Mundo' el 3 de agosto de 2026

Portada de 'El Mundo' el 3 de agosto de 2026

En el sumario se explica que "Los vecinos afectados se unen y plantean una reclamación conjunta a la Generalitat, mientras nuevas grietas aplazan los retornos que quedan hasta septiembre".

La pieza viene con la firma de Cristina Rubio: "«Tengo 21 años más, lo que yo sufrí en el Carmel esta vez no lo voy a sufrir. Conozco cómo se negocia con la Administración y cómo se gestionan las emociones de los afectados. Aquí tengo un curso»".

"Habla Carmen Pérez-Pozo, la abogada que representó a un tercio de los vecinos afectados por el socavón de la L5 en el Carmel en 2005. Un accidente sin precedentes, que obligó a desalojar a 1.289 personas de 530 viviendas, y generó un fuerte impacto social, político y mediático".

"Ahora, dos décadas después de ese fatídico 27 de enero de 2005, la plataforma de afectados por el hundimiento en Sant Gervasi, también en Barcelona, la ha fichado como letrada para liderar una «negociación colectiva» y luchar por el futuro del barrio ante la Generalitat".

"El pasado 7 de julio por la mañana se abrió un agujero de nueve metros de diámetro por cuatro de profundidad que engulló el baño y patio interior de la pizzería Verona, en la calle Teodora Lamadrid de la capital catalana, junto a la plaza del mercado y la parada de ferrocarriles del Putxet. El motivo fueron las obras de la L9 del metro, un socavón que obligó a desalojar a 300 vecinos de ocho edificios y varios locales comerciales ubicados en los bajos".

"«Cuando lo vi por la tele pensé: 'uf, no no'», bromea Carmen desde la sede del Grupo Pérez-Pozo, despacho del que es CEO y fundadora. «Luego, cuando me contactaron, obviamente no pude negarme, lo hablé con el equipo [por las fechas, en pleno verano] y en seguida nos pusimos a trabajar. En una semana ya llevamos a dos tercios de los afectados», unas 200 personas, resume sobre la plataforma creada para centralizar las demandas y presentar una reclamación conjunta por responsabilidad civil contra la Generalitat, como responsable directa, por la vía administrativa, y que luego sea la Administración que reclame a las empresas que ejecutan la obra. El objetivo es negociar y evitar un enjambre judicial que pueda alargar el proceso años".

Y: "Una negociación en la que trabaja la abogada y su equipo y que plantea indemnizaciones en tres ámbitos (al margen de las ayudas directas concedidas por la Generalitat): los daños materiales, los daños personales o morales y el perjuicio económico. «La angustia es brutal. La mayor parte de los afectados son gente mayor, que ha tenido una vida muy tranquila. En el Carmel había más visceralidad, había mucha tensión. En este caso es un barrio de clase media, con gente de más edad, pero la ansiedad está», explica Pérez-Pozo".

Líneas después, Rubio resume que "casi un mes después de que la tierra cediera, la mitad de los vecinos afectado todavía no han podido volver a sus casas y este viernes supieron que la mayoría (un 40%) no podrá hacerlo al menos hasta septiembre por la aparición de nuevas grietas «de carácter estructural» que se vinculan con el paso de la tuneladora de la L9 del metro que debe unir esta zona con el barrio de Gracia de Barcelona".

Y: "De hecho, ya se han iniciado los trabajos de inyección y estabilización para solidificar la grieta porque debajo de ella se ha detectado una «pequeña» cavidad, «mucho más pequeña que la inicial», pero que ha obligado a cambiar el paso".

Vida urbana en la capital catalana. "Bares y restaurantes emblemáticos de Barcelona alzan la voz para que el Raval recupere su afluencia histórica", destaca un titular de El Periódico.

Portada de 'El Periódico' el 3 de agosto de 2026

Portada de 'El Periódico' el 3 de agosto de 2026

La pieza es de Patricia Castán: "Desde su restaurante en el corazón del Raval, Toni Fragoso sintió una punzada en el corazón hace justo un mes, cuando vio bajar la persiana del famoso local vecino Casa Leopoldo. “Mantener un restaurante histórico en Barcelona es difícil”, dijeron entonces sus últimos titulares".

Y el curtido restaurador que se asoma hace 44 años a la barra de El Cafetí les da la razón. Es un sector complicado, competitivo y con estrechos márgenes que tiene una alta rotación en la capital catalana".

"Pero en el caso del Raval las cosas son aún más difíciles porque la combinación de los problemas de inseguridad e incivismo, junto con los cambios sociodemográficos de la zona (con un 76,3% de la población nacida en el extranjero, en el último padrón) han ido reduciendo la clientela de proximidad, también la del resto de la ciudad e incluso están ahuyentando al turismo, poniendo en jaque la viabilidad de muchos negocios, incluso de los más arraigados, en el caso de que tengan que asumir los alquileres disparados que se abren camino en el barrio".

"Los pequeños empresarios alertan de que el barrio necesita más cuidados para preservar a la hostelería (con una enorme oferta de 426 negocios en el último recuento municipal, la mayoría recientes y foráneos) y menos presión en forma de inspecciones y sanciones a los negocios. Solo la compra de los locales, los contratos indefinidos o los relevos por parte de nuevos empresarios que mantengan la actividad blindan la oferta tradicional de bares y restaurantes autóctonos".

"En la actualidad, Fragoso supone una rareza de resistencia en la zona, cuyos menús de cocina catalana llenan la sala, como sucede con Ca l'Estevet, entre muy pocos ejemplos. El Cafetí que abrió su familia en 1979 y luego gestionó un amigo, hasta que él se sumó a las riendas y lo convirtió en su vida, ha sido testigo de las idas y venidas del ‘barrio chino’, del Raval, de las intervenciones urbanísticas y de la transformación social".

"Cree que el vecindario ha vivido momentos mucho peores, pero lamenta que la degradación que viven hoy muchas calles esté poniendo en jaque a la hostelería. ¿La clave de su resiliencia contra crisis y cambios de tendencias? Tiene un contrato indefinido que por suerte blindó ante notario, ya que la entidad propietaria de la finca ha hecho diversos intentos para invitarle a marcharse. Eso, y que Toni cocina, sirve y hace un poco de todo para ajustar al máximo los gastos que devoran a otros negocios, junto a un equipo de tres trabajadores con los que atienden comidas y cenas de miércoles a domingo".

Y: "Esa pirueta y vivir al lado le permite poder servir menús caseros a 15,9 euros entre semana, tener una carta asequible y que sus paellas atraigan a algunos turistas que se atreven a llegar a la zona, pese a que taxistas, hoteles del resto de la ciudad y otros prescriptores les alertan de que es mejor “evitar” el Raval o, en todo caso, acudir sin joyas, teléfonos o efectivo".

Y: "“A mí nunca me había pasado nada, pero el otro día me robaron el móvil”, se lamenta. Recuerda que Rosa Gil, la gran capitana de Casa Leopoldo antes de las últimas etapas fallidas con varios relevos, orquestaba personalmente la llegada de clientes en taxi. Ahora todo es más difícil".

3 de agosto, día internacional de la Planificación Familiar. Santoral: Asprenato de Nápoles, Pedro Julián Eymard, Eufronio de Autun, Martín de Másico y Pedro de Anagni.