Empadronados de matute y Sílvia 'Endoll'

La avalancha de inmigrantes en Ceuta es la noticia del día. Miles de ciudadanos marroquíes han irrumpido en el enclave español en el norte de África. La ciudad, de poco más de 84.000 habitantes, es incapaz de acoger a tantas personas. Una reciente sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe la devolución en caliente de las personas que entren a nado por Ceuta es la causa directa, según medios como La Vanguardia, de la "invasión".

El Gobierno asegura que ha acordado con Marruecos la devolución de todas las personas que hayan entrado en España en este episodio migratorio. No sería la primera vez que entre Madrid y Rabat la distancia entre hechos y palabras es insalvable.

Ceuta queda muy lejos, pero eventos como el que está en curso tienen un impacto en Cataluña, zona de paso para los emigrantes que tratan de llegar a Francia pero también destino definitivo de muchos de ellos. El antedicho impacto se nota, por ejemplo, en los empadronamientos, tal como pone de relieve una información de El Mundo.

La noticia arranca del caso particular de un ciudadano de Sant Cugat en cuyo domicilio se empadronaron de matute hasta ocho personas a fin de acceder a las prestaciones sociales, que van desde la tarjeta sanitaria a la escolarización, así como el acceso a cursos municipales y ayudas económicas.

Escribe Víctor Mondelo: "El Ayuntamiento de Sant Cugat, de 97.000 habitantes y gobernado por Junts, ha dado de baja del padrón municipal a 4.000 personas en el último año tras comprobar que no residían en el municipio".

"Además, ha endurecido el control del registro: aunque el trámite se puede iniciar telemáticamente, ha pasado a ser obligatorio para completarlo acudir físicamente al Ayuntamiento a identificarse en un plazo de tres meses desde la presentación de la solicitud".

"De lo contrario, se activa automáticamente una inspección domiciliaria para corroborar la identidad del empadronado. A ello se suman más inspecciones aleatorias para detectar fraudes y sobreocupación de pisos con mucho movimiento de convivientes empadronados".

"En paralelo, el Consistorio ha propuesto aumentar de tres a diez los años mínimos de empadronamiento en la localidad para acceder a un piso social, en un movimiento muy similar al que PP y Vox acaban de plasmar en el pacto de Gobierno de Andalucía, en el que defienden «el establecimiento de un periodo mínimo reforzado de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio» para «el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas» con el fin de garantizar «la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable». Los populares insisten que «no se filtrará en función del pasaporte»".

"Tampoco lo hacen en Sant Vicenç de Castellet, una pequeña localidad de 10.000 habitantes situada en el corazón de Cataluña, muy cerca de Manresa, que decidió elaborar hace un año una ordenanza específica contra «el fraude en el empadronamiento». Su alcalde, Dani Mauriz, también de Junts, es tajante: «La normativa dice que quien vive aquí tiene que estar empadronado. Pero, si estás viviendo en Melilla o Murcia, gasta sus recursos y no los de Sant Vicenç de Castellet»".

"Mauriz describe que han encontrado hasta 15 personas empadronadas en un domicilio, cuando las cédulas de habitabilidad marcan un máximo de seis convivientes. «Gente de aquí y de países diferentes», subraya. «Encontramos de todo. Esta ordenanza quería evitar la discrecionalidad. No inspeccionamos porque viven amarillos o azules. Inspeccionamos porque en aquella vivienda hay registradas 15 personas y queremos contrastar si realmente viven allí», insiste".

"¿El resultado? Que en el último año el Ayuntamiento ha dado de baja a 400 personas del padrón. «No es poco», celebra el edil, que reconoce que anteriormente se emitían «volantes exprés de empadronamiento» sin prácticamente ninguna comprobación: «salían con el padrón en la boca». Ahora, además de las inspecciones, se ha activado un régimen sancionador con multas de hasta 3.000 euros".

Y: "En la población gerundense de Olot, de 39.000 habitantes y también gobernada por Junts, se han dado de baja del padrón a 1.300 personas en el último año tras llevar a cabo 700 inspecciones. Su alcalde, Agustí Arbós, defendió al comunicar las cifras que «se estaba cometiendo fraude y, por tanto, desequilibrando los recursos públicos del Consistorio»".

La información también alude al caso de Barcelona: "Fuentes del Gobierno barcelonés admiten que, a raíz de denuncias y de diligencia incoadas por el Consistorio, la Guardia Urbana y la Policía Nacional, «se han incoado 4.000 expedientes de baja padronal y constan cientos de direcciones bloqueadas preventivamente en el sistema informático para que los nuevos intentos de inscripciones deban ser solicitados por instancia para ser resueltos»".

"Sin embargo, tratan de quitarle hierro al fenómeno al aducir que únicamente han recibido 141 denuncias de «propietarios o inquilinos ilegítimos» porque «terceras personas han falsificado documentación para acreditar la disponibilidad de sus viviendas»".

"«Si se confirmaran los casos, la presunta falsificación afectaría al 0,02% del parque residencial de Barcelona», alegan las fuentes del Ejecutivo socialista, que también señalan que «42 ciudadanos han denunciado suplantación de identidad (en el sentido de que se han realizado inscripciones padronales sin su consentimiento», lo que en relación con todo el padrón de Barcelona supone un 0,002% de incidencia".

"Asimismo, precisa que la unidad especializada de la Policía Nacional contra el Fraude (UCRIF) les ha comunicado la reciente detención de 22 personas pro falsificación de los trámites de empadronamiento".

Mondelo también recaba la impresión de una abogada especializada en Extranjería, Marie Mateo Valenzuela, quien describe así los efectos del empadronamiento: "«Es la puerta de entrada para la obtención de la tarjeta sanitaria y el acceso al sistema público de salud, a cursos de formación organizados por ayuntamientos, a la escolarización de los menores o al acceso a ayudas sociales, becas de comedor y otras prestaciones municipales y autonómicas», precisa, al tiempo que señala su valor para trámites tan básicos como «la apertura de una cuenta bancaria en algunos supuestos o la acreditación de la permanencia en España para numerosos procedimientos de extranjería incluida la regularización extraordinaria que finalizó el pasado 30 de junio»".

Más noticas. Coletazos del fiasco PISA, la exclusión de Cataluña del análisis de la calidad educativa en España y en los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos".

"La síndica de Greuges actúa de oficio por el fiasco de PISA y apunta que no cuadran las cifras", destaca un titular de El Nacional.

En el sumario se dice que "Educación atribuye un 19,6% de alumnos excluidos a discapacidades, cifra muy superior a este perfil en 4º de ESO".

El texto es de Marta Lasalas: "Los datos no le cuadran a la síndica de Greuges, Esther Giménez-Salinas, en el fiasco que ha protagonizado Catalunya en las pruebas PISA, por lo que ha anunciado que abre una actuación de oficio y reclama información al Govern".

"Los resultados de la enseñanza en Catalunya no constarán este año en la evaluación que organiza la OCDE después de que el 23,2% de los alumnos seleccionados para participar en las pruebas quedaron exentos, cuando el límite máximo de exentos para garantizar la validez del resultado es del 5%".

"La síndica ha puesto el foco en el hecho de que un 19,6% de alumnado ha quedado excluido por motivo de discapacidades físicas, cognitivas, emocionales o conductuales, lo que representa "una cifra muy superior a la prevalencia de estos perfiles entre el alumnado de 4º de ESO"".

"Según los datos disponibles, los alumnos con necesidades educativas especiales representan aproximadamente un 5% del total. Cerca de un 10% de alumnos presentan necesidad de apoyo educativo, derivados de trastornos o retraso en el aprendizaje, pero no tienen necesidades educativas especiales".

"A través de un comunicado, la síndica recuerda que la conselleria ha admitido la posibilidad de que algún centro hubiera aplicado en los procesos de selección de las pruebas PISA los criterios de exención previstos para las pruebas de competencias básicas de 4º de ESO".

Y: "No obstante, añade que "el porcentaje de alumnado exento en las pruebas de competencias básicas, que se hizo en abril de 2025, al igual que las pruebas PISA, fue del 9,7%, una cifra considerablemente inferior al 23,2% registrado en las pruebas PISA". "De hecho, solo en el año 2024 el porcentaje de alumnado que no hizo las pruebas de competencias básicas, fuera por ausencia o exención, superó el 10%", añade".

Sílvia Endoll, la alcaldesa de Ripoll también conocida como Orriols, sigue impasible ante el caso de su hija mayor, Guinadell, una joven de 19 años que ha logrado plaza de policía municipal en la localidad gerundense.

En la localidad, la noticia avanzada por El País, ha tenido un alcance relativo. "Ripoll vive con frialdad la polémica de Orriols y su hija: “Es muy duro, cada vez hay más silencio”", señala un titular del antedicho diario.

El encabezamiento responde a un reportaje de Camilo S. Baquero sobre el terreno, esa especie de género periodístico consistente en molestar a los vecinos, hablar con los taxistas y poner la oreja en los bares.

Del texto de Baquero: "Ripoll (Girona, 10.665 habitantes) vive con una particular frialdad el mayor escándalo al que se ha enfrentado hasta ahora su alcaldesa, Sílvia Orriols. Su hija mayor ganó una plaza de interina en la Policía Local, en un concurso que la oposición analiza con lupa, y la líder de Aliança Catalana se enfrenta a gestionar el ser su máxima superior jerárquica".

"Un paseo por el centro de la única población gobernada por el independentismo ultra en Cataluña certifica que, ante el conflicto de intereses, más allá de alguna crítica o comentario condescendiente, lo que se impone es el mutismo vecinal. “Es muy duro, cada vez hay más silencio en Ripoll”, lamenta Carme Brugarola, una activista social".

"La conversación en los bares ubicados en la plaza Cívica y sus terrazas, en todo el corazón del centro histórico, es el reflejo de lo vivido en el pleno del pasado martes. En la sesión, Orriols defendió el derecho de su primogénita, de 19 años, a presentarse a esa plaza. Insistió en su “neutralidad” durante el proceso y dijo que no existe ningún conflicto de intereses".

"Solo uno de los cinco grupos municipales, el portavoz de Junts per Catalunya, pidió explicaciones a asuntos como que fue ella quien designó el tribunal, y la alcaldesa recurrió hasta al ataque personal para defenderse".

Y: "Pocos ánimos para hablar del tema en una mesa de cuatro jubilados que están de sobremesa en una de las terrazas. De fondo, la nueva sede de Aliança, inaugurada el pasado día 24. “La gente es muy fanática, estaba llena”, recuerda uno de los comensales, Toni, que después se encoge de hombros cuando se le pregunta por la situación de Orriols y su hija. Tras un par de segundos de silencio incómodo, uno de sus acompañantes apostilla: “Al menos la plaza es para alguien del pueblo”".

El partido más damnificado por la irrupción estelar de la señora de Aliança Catalana está nombrando a sus principales candidatos para las próximas elecciones municipales y el resultado no está siendo del agrado de Carles Puigdemont, según explica El Confidencial al hilo de la designación del alcaldable para Tarragona.

Escribe Marcos Lamelas: "Segundo revés en un mes para Carles Puigdemont en la organización de Junts para las elecciones municipales de 2027. Si Jordi Martí Galbis, el ganador de las primarias para las elecciones a la alcaldía de Barcelona, no era candidato de su gusto, ahora tendrá que aguantar a otro cabeza de lista que le desagrada: el ganador de las primarias en Tarragona, Jordi Miquel Sendra, también conocido como Jordi Sendra".

"El candidato ha ganado por una mayoría mucho más aplastante que Martí Galbís, con un 85% de los votos. Puigdemont intentó retrasar lo inevitable, pero en este caso no fue ni capaz de armar una candidatura alternativa, algo que sí logró en Barcelona".

"Jordi Miquel Sendra, hijo del exdiputado por CDC, Josep Sendra, tenía el mismo problema que Martí Galbis, Waterloo no lo quería. Vínculos tan convergentes no acababan de convencer a los puigdemontistas que controlan el núcleo de decisión de Junts".

"El aparato del partido estuvo sondeando a Fede Adán, presidente de la Associació contra el Càncer y catedrático por la Rovira i Virgili, además de haber sido regidor de Tarragona en dos legislaturas en los tiempos de CiU. La maniobra, como en Barcelona, era evitar las primarias. Y como hizo en su día Tatxo Benet en la ciudad condal, Fede Adán no acabó de comprometerse con Junts, según explican fuentes del partido".

Y: "En el caso de Tarragona, la debilidad de Waterloo se hizo todavía más evidente. La dirección no fue capaz de armar una candidatura contraria. Y la cifra de militantes que votó resultó muy baja: 108 votos favorables y 17 en contra, mientras que otras dos personas votaron en blanco.

Lamelas también explica que la cosa pinta regular para Junts: "Las encuestas no son favorables para Junts en la capital de la provincia tarraconense. Jordi Sendra ya fue candidato por la formación en 2023, cuando logró solo tres regidores como quinta fuerza política, por debajo de Vox en número de votos. Ahora los resultados pueden ser algo mejores porque los de Santiago Abascal en esa ciudad están muy divididos".

El calor. El Periódico advierte de que el área de Barcelona registró ayer la temperatura más alta de España. Récord peninsular. La localidad afortunada fue Sant Julià de Vilatorta, con 42,6 grados. Nada, un día de verano en el Montseny.

31 de julio, día mundial de los Guardias Forestales y día del Administrador de Sistemas Informáticos.

Santoral: Ignacio de Loyola, Calimero de Milán, Elena de Suecia, Fabio de Mauritania, Germán de Auxerre, Justino de Iacobis, Tertulino de Roma, Pedro Doàn Côn Quý y Manuel Phung.