La cautelarísima de Puigdemont y la caja solidaria del 'procés'

El exministro de Hacienda Cristóbal Montoro es el perejil de todas las salsas. Se suceden los detalles sobre la operativa entre Hacienda y el "Equipo Económico", el despacho que operaba como una suerte de hacienda paralela.

El destrozo que este caso ha causado en la estrategia del PP es casi inenarrable. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tenía contra las cuerdas a Pedro Sánchez hasta la irrupción del caso Montoro, que ha reequilibrado la pugna, tal como sostenía ayer El País.

En La Vanguardia el titular principal es que "Montoro colocó cargos en Hacienda vinculados con su despacho privado". En El País, "Montoro rebajó en 2.200 millones el recorte previsto a clientes de su antiguo despacho". En El Periódico, "Eléctricas renovables pagaron 3,5 millones al despacho de Montoro".

Los demás medios de papel también se ocupan de Montoro, pero no de manera tan destacada. Hay más noticias pese a la canícula. En El Mundo, por ejemplo, hablan de "Tensión en la UCO por la 'constante intromisión' del peón de Marlaska". En el Abc señalan que "El Supremo espera 5 informes inminentes para consolidar la causa contra Cerdán". La Razón, por su parte, abre con una entrevista al expresidente socialista de Aragón, Javier Lambán, quien afirma que "El sanchismo querrá sucederse a sí mismo".

De modo que empate a tres en el quiosco de papel. El digital, como siempre, es más flexible en sus elecciones.

En el plano estrictamente catalán, Puigdemont es, otra vez, uno de los protagonistas del arranque de la semana, si bien de forma indirecta.

"El Constitucional ignora las prisas de Puigdemont para volver ya a España: 'Esto no es un juzgado de guardia'", apunta un titular de El Mundo.

En el sumario se explica que "El TC no incluye en el orden del día del Pleno que arranca este martes la petición cautelarísima de la defensa del prófugo para suspender la orden de detención que pesa contra él".

El texto es de Ángela Martialay: "El Tribunal Constitucional celebrará esta semana el último Pleno antes de las vacaciones de verano. En el orden del día del mismo no se ha incluido la petición cautelarísima del ex presidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont de suspender de manera inmediata la orden nacional de detención e ingreso en prisión que mantiene activa el instructor del procés, Pablo Llarena".

"El líder de Junts ha recurrido en amparo ante la corte de garantías la negativa del Tribunal Supremo de amnistiar el delito de malversación de caudales públicos por el que se encuentra procesado tras la celebración del referéndum ilegal del 1-O".

"Fuentes jurídicas consultadas por El Mundo se muestran categóricas frente a las prisas mostradas con la petición de medida cautelarísima de Carles Puigdemont: «El Tribunal Constitucional no es un juzgado de guardia»".

"Las mismas fuentes de la corte de garantías indican que el orden del día del Pleno que arranca este martes ya se encuentra fijado y puntualizan que, en el mismo, no se va a añadir el recurso de amparo de Puigdemont porque no se trata de una petición con una afectación tan inmediata de derechos fundamentales".

"La medida cautelarísima implica que el TC, en Pleno, tendría que decidir si suspende la orden nacional de arresto e ingreso en prisión contra el ex presidente catalán sin oír siquiera al fiscal y el resto de partes personadas en el procedimiento constitucional".

"Fuentes del Constitucional explican que, en contadas ocasiones, el tribunal acepta una medida cautelarísima, circunscribiendo la misma a situaciones muy excepcionales como, por ejemplo, la expulsión de un ciudadano que ha recurrido en amparo por vulneración de derechos fundamentales".

"En ese caso, si el TC no acuerda la medida cautelarísima la expulsión del mismo se materializa y el recurso de amparo pierde el objeto. Sin embargo, las fuentes consultadas explican que la situación de Puigdemont es radicalmente distinta ya que lleva en situación de rebeldía y por tanto, siendo prófugo de la Justicia española, desde el año 2017".

Y: "En contraposición, la defensa del líder de Junts sostiene que «la adopción de una medida cautelarísima, subsidiariamente medida cautelar, por parte del Tribunal Constitucional en el caso de Carles Puigdemont resulta no sólo procedente, sino imprescindible para garantizar la efectividad del recurso de amparo interpuesto»".

Más noticias judiciales. "La Escuela Judicial se quedará en Barcelona por tiempo indefinido", destaca La Vanguardia en un faldón de su portada.

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Escribe Iñaki Pardo Torregrosa: "La Escuela Judicial permanecerá en Barcelona de manera indefinida. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Generalitat de Catalunya rubrican esta tarde un nuevo protocolo para la cesión de la finca en la que se sitúa esta institución adscrita al órgano de gobierno de los jueces, donde se forman todos los miembros de la carrera judicial. Firmarán el acuerdo, de una parte, la presidenta del Poder Judicial, María Isabel Perelló, y, de otra, el president Salvador Illa, en un acto que tendrá lugar en la propia Escuela".

"Desde 1995, este organismo estatal se ubica en Barcelona. Así lo decidió el CGPJ. Antes estaba en la Ciudad Universitaria de Madrid. En 1997, cuando Jordi Pujol era president, se firmó una cesión de la finca –propiedad de la Administración catalana– por un periodo de 30 años que vencía el 1 de diciembre del 2027. Con este movimiento, el Ejecutivo catalán y el Poder Judicial se anticipan y garantizan la continuidad de la Escuela en la capital catalana sin fijar una fecha de caducidad".

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"La Escuela consta de cuatro edificios y está en unos terrenos situados en Collserola. En concreto, en la carretera de Vallvidrera, debajo del Tibidabo, con vistas a la ciudad. El actual centro se inauguró en febrero de 1997 y han pasado por él más de 3.500 jueces y magistrados desde entonces".

"El pacto alcanzado entre las dos instituciones contempla que el CGPJ pueda disponer de la finca de manera gratuita e indefinida siempre y cuando se destine su uso a la Escuela Judicial –en caso de no ser así, se revoca de forma inmediata la cesión– y se creará una comisión de seguimiento en la que estarán representadas las dos partes para velar por el cumplimiento del protocolo".

"Para el Ejecutivo catalán, sellar el acuerdo con el órgano de gobierno de los jueces dos años antes de que venza la cesión es importante y supone una excelente noticia. En la Generalitat entienden que es un pacto positivo para todos y consideran que de ese modo los jueces conocen la realidad catalana y que su paso por Barcelona les ayuda a entender la realidad plural de España".

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"Asimismo, en el Govern de Illa creen que la entente que se plasmará hoy visualiza y culmina su voluntad de normalizar las relaciones entre la Generalitat de Catalunya y el Poder Judicial tras las tiranteces de los años del procés. Además, destacan que esta descentralización es un buen ejemplo para otras instituciones del Estado, ya que, a su juicio, es un caso de éxito en estos últimos 30 años".

Y: "Pero hay otro elemento sobre la mesa que no es menor. Con la firma se avanzan a cualquier especulación o movimiento, ya que algunas voces habían cuestionado la idoneidad de que este organismo, por el que pasan todos los jueces y magistrados durante un año antes de ejercer, permaneciera en la capital catalana más allá de diciembre del 2027, cuando caducaba el convenio ahora vigente".

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¿Habría prorrogado la presencia de la Escuela Judicial en Barcelona un gobierno catalán soberanista? Era frente a esa tesitura cuando se hablaba de un traslado a Madrid.

Más noticias y más restos del naufragio del procés en forma de titulares. "La Caixa de Solidaritat deixa en l’aire què farà amb les fiances que es recuperin amb l’amnistia", dice Vilaweb.

En el sumario se explica que "Pep Cruanyes, màxim responsable de la Caixa de Solidaritat, demana de ser prudents a l'hora d'avaluar aquest supòsit".

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El texto es de Arnau Lleonart i Fernàndez: "L’aprovació de la llei d’amnistia ara fa un any va obrir –sobre el paper– la possibilitat de recuperar els diners dipositats en concepte de fiances en tot de causes. Durant anys, procediments com els que es cursen al jutjat 13 de Barcelona o al Tribunal de Comptes han estat forats negres que han ofegat econòmicament els independentistes represaliats".

"Gran part del cop l’ha aturat la Caixa de Solidaritat, que actualment té dipositats milions d’euros en concepte de fiances en moltes causes, però també ha calgut recórrer a aportacions de partits polítics, de més entitats, com ara l’Associació Catalana pels Drets Civils i grups de suport, o els avals de l’Institut Català de Finances".

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"La Caixa de Solidaritat es va crear el 2017 per centralitzar les donacions de ciutadans compromesos a donar un cop de mà a l’hora de pagar multes, advocats i més despeses derivades de la repressió. És per això que de fa mesos entre certs cercles d’advocats, represaliats i donants sura el dubte de què farà la Caixa de Solidaritat quan finalment s’arxivin aquestes causes judicials gràcies a l’amnistia i es retornin els milions d’euros dipositats en concepte de fiances –si és que aquest moment arriba mai".

"Fins ara, quan s’havien recuperat fiances –per exemple, quan van empresonar els dirigents polítics que estaven en llibertat sota fiança–, la Caixa de Solidaritat els havia destinat a unes altres despeses jurídiques, perquè el context era d’alta demanda d’aquests fons".

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"Ara, l’alt volum dels diners que es recuperarien si s’amnistiessin aquests casos fa valorar si es podrien tornar als donants, o si més no parcialment. Poc després de l’aprovació de la llei d’amnistia, el president de la Caixa de Solidaritat, Pep Cruanyes, va dir al diari espanyol The Objective que la idea era restituir els diners a cada donant perquè no es podien dedicar a res més. Però avisava que el retorn no podria ser íntegre perquè s’havien hagut de pagar advocats i més despeses i que, per tant, seria proporcional".

"Avui, un any després i amb l’aplicació de l’amnistia a mig gas per les traves d’algunes instàncies judicials, Cruanyes ho veu diferent: “No ens ho hem plantejat, ni ens ho plantejarem fins que no sigui clar. Els fets demostren que seria una irresponsabilitat fer una altra cosa”".

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Y: "Diu que fins ara la Caixa de Solidaritat no ha recuperat cap fiança gràcies a l’amnistia, i recorda que durant tot el procés independentista s’ha demostrat moltes vegades que no es pot donar per descomptada cap actuació d’un tribunal. Alhora, diu que són diners que podrien ser necessaris en uns altres casos, i defensa que cal ser prudent: “Com que a l’estat espanyol no pots comptar amb la justícia com hi comptaries en un país normal, anem amb peus de plom i no anem més enllà d’on som”".

Pues la historia de siempre, que es más fácil pedir que devolver y que ni siquiera está claro cuánto dinero hay en la caja de solidaridad.

En Nació Digital se publica una interesante entrevista con el arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, que se erige en el bastión del progresismo eclesial (si es que ambos términos son compatibles), pero descarta cualquier veleidad independentista, a diferencia de cuando era el rector de la parroquia de Jafre y se negó a arriar la estelada de la torre de la iglesia.

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Es Pep Martí i Vallverdú quien firma la entrevista, de la que destacan estas preguntas y respuestas sobre las discrepancias de Planellas y Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal, sobre el anticipo electoral y también sobre asuntos como la inmigración:

P: Vau expressar la vostra discrepància amb la petició del president de l’episcopat espanyol de demanar eleccions anticipades.

R: Això va succeir l’endemà d’una trobada dels bisbes de la comissió de la permanent de l’episcopat. Som uns 25, el president, els arquebisbes i els presidents de les comissions. No hi era García Magán, el secretari general, que era a Turquia en la celebració dels 1.700 anys del Concili de Nicea. Em va sorprendre que, després d’estar reunits durant tres dies i en què no es va parlar del tema, Luis Argüello fes aquelles declaracions. I el que vaig dir em va sortir de manera espontània. Si de cas, havia de parlar com a arquebisbe de Valladolid. La segona part del tema és que no ens podem posar en una posició partidista. Així de senzill.

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P: En un primer moment, va semblar que el que van dir Argüello i el secretari general García Magán era una posició formal de tot l’episcopat.

R: Sí, ells deien en la lletra petita que ho feien a títol personal, però calia deixar-ho clar. Perquè el que és segur és que no en vam parlar en cap moment.

P: Com són les relacions entre la Tarraconense que agrupa els bisbes catalans i la cúpula de l’Església espanyola?

R: Sempre han estat cordials. Crec que ens necessitem mútuament. La CEE té molts avantatges perquè hi ha un potencial de gestió i personal ben qualificat. En surten bons treballs. L’actual bisbe de Sant Feliu, Xabier Gómez, era el responsable de Migracions, on s’ha fet una gran feina. Treballem conjuntament.

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P: Arran de la vostra posició discrepant amb la del president dels bisbes espanyols, heu rebut algun comentari d’altres prelats de la CEE?

R: Sí, he rebut missatges de bisbes espanyols aprovant les meves declaracions. Hi ha hagut bisbes que m’han fet veure que veien bé el que he dit. N’hi deu haver que no hi estan d’acord també.

P: Ara fa 30 anys del Concili Provincial Tarraconense, el Concili de l’Església catalana. Què en queda pendent?

R: Hem de tenir present que el Concili Tarraconense va voler ser una recepció del Concili Vaticà II a casa nostra. I aquí estem. Els concilis ecumènics tenen una aplicació llarga. S’ha dit que s’ha deixat de banda el que va dir el Concili Provincial Tarraconense, però això seria deixar de banda el Concili Vaticà II.

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P: Queda pendent, potser, la plasmació de la Regió Eclesiàstica Tarraconense?

R: Es va plantejar aquesta possibilitat. De facto, podria fer-se, però em pregunto què hi guanyaríem. De fet, seria el mateix que ja estem fent des de la Tarraconense. Des que el 1969, amb el cardenal Arriba y Castro, va sorgir la idea de fer un treball conjunt per part de tots els bisbes catalans. Per cert, que fa uns dies vam trobar a l’arxiu el projecte d’Arriba y Castro d’un Concili Provincial el 1954, però no està signat. Ho tenia al cap.

P: Una regió eclesiàstica catalana despertaria recances a l’Església espanyola?

R: En aquests moments, no ho veig. Faríem el mateix que ja fem. I encara, en voler convertir el com en un estatus jurídic, podríem tenir problemes perquè, per exemple, hi ha coses que les treballem amb Mallorca, com la catequesi, i amb una regió ens costaria més. Els bisbes catalans fem un treball conjunt, amb la nostra llengua, amb un tarannà propi i tenint en compte els canvis socials. Hem rebut una onada d’immigració que hem d’atendre, molts d'ells provinents de països catòlics.

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P: Aquest és un repte de primer ordre.

R: El document sobre migracions de la Conferència Episcopal Espanyola ha estat preparat pel bisbe de Sant Feliu i parla de treballar no per als immigrants sinó amb els immigrants.

P: L’Església pot ser a Catalunya un element d’integració?

R: Això es va veient en les nostres parròquies. Vagi a Torreforta, a Bonavista, per dir les dues parròquies perifèriques de Tarragona. Diumenge, vaig estar en una celebració de la comunitat guineana, de l’antiga Guinea Espanyola, de majoria catòlica. És una comunitat nombrosa, amb tres nuclis, una al barri antic, una als barris perifèrics i una a Reus. Treballem perquè se sentin membres actius de la vida de l’Església.

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P: La missa en català pot ser una manera d’integrar en la llengua.

R: En els barris es treballa en català i en castellà per l’atenció als qui acaben d’arribar. Fa uns mesos, a Torreforta, vaig anar a un Sopar de la Fam de Mans Unides, amb un centenar de persones. La meitat eren immigrants, equatorians, guineans, ruandesos, alguns filipins... Això ho hem d’anar treballant.

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