Dos guardias civiles ante el Ministerio del Interior
Junta de Seguridad de Cataluña. El Govern de Salvador Illa se niega a estirar más el brazo que la manga. Es un hecho inédito en la política catalana, tendente en los últimos años de procesismo a operar bajo la consigna de "sujétame el cubata".
La consejera de Interior, Núria Parlon, fue muy clara delante del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. "Las competencias son bienvenidas, pero para poder ejecutarlas. No para tenerlas y prestar un peor servicio a la ciudadanía", declaró tajante la consejera, según recoge Cristina Rubio en su pieza de El Mundo.
El cambio de tercio es contracultural. "Yo no retiraré mossos de las calles para asumir competencias hasta que no tengamos los agentes que necesitamos para dar una buena respuesta", insistió la consejera.
El independentismo está estupefacto. El traspaso de la seguridad de puertos y aeropuertos queda en barbecho hasta que los Mossos tengan la suficiente dotación. La Generalitat quiere contar con hasta 25.000 agentes en el plazo de aquí hasta 2030.
Pero la Junta de Seguridad es sólo una parte de la actualidad policial en Cataluña. Crónica Global desvela en exclusiva que "Marlaska veta a Daniel Baena al frente de la Comandancia de la Guardia Civil de Barcelona".
A ese enunciado le sigue el siguiente sumario explicativo: "Interior obstaculiza el nombramiento del coronel, ascendido en julio, por las exigencias del independentismo en el Congreso".
La pieza es de Ignasi Jorro y Miriam de Saint-Germain, quienes escriben que "han pasado casi seis meses desde que Daniel Baena, antiguo jefe de la Policía Judicial de la Guardia Civil en Barcelona y uno de los héroes contra el procés independentista en Cataluña, ascendió a coronel".
Y: "En julio, fuentes policiales adelantaron a este medio que este ascenso era el paso previo para su designación como jefe de la Comandancia de Barcelona, un puesto estratégico en uno de los territorios más complejos de España. Sin embargo, pese a que el nombramiento se había planteado para mediados de septiembre, este movimiento sigue sin materializarse. A pesar de las expectativas, y vista la importancia simbólica que este nombramiento hubiera tenido en Cataluña, en especial para el sector secesionista, la plaza sigue sin ser ocupada: ni por Baena ni por ningún otro candidato de perfil destacado".
Portada de 'La Vanguardia' del 6 de diciembre del 2024
La causa, según la pieza de este medio, son las presiones independentistas y alcanzan no sólo a Baena sino a otros agentes significados en las operaciones judiciales contra la celebración del 1-O.
Los autores de la información sostienen que "este veto múltiple a cuadros de la Guardia Civil sería, en efecto, consecuencia del pago de favores a los partidos independentistas que sostienen al Gobierno en el Congreso de los Diputados". El resultado es claro: los cambios que debían acometerse en el organigrama del cuerpo en Cataluña no han tenido lugar.
La respuesta del ministerio es que la plaza se cubrirá "próximamente".
El independentismo es un caso notabilísimo. Nunca se había dado que las supuestas víctimas de una represión tremebunda tuvieran voz y voto en el nombramiento de los presuntos represores.
Todo lo relacionado con el independentismo es material altamente sensible. La prueba es este titular de El Español: "Expedientan al guardia civil que rastreó la matrícula del coche con el que huyó Puigdemont: 'Le pueden echar del cuerpo'".
En el subtítulo se indica que "el agente trabaja en Badajoz y pertenece a la asociación de guardias AUGC, desde donde consideran que esta medida resulta 'desproporcionada'".
Escribe Brais Cedeira: "El agente de la Guardia Civil de esta historia está destinado en el área de seguridad de la Comandancia de Badajoz. El pasado 8 de agosto se encontraba en su turno de trabajo. Aquel día, en las noticias, se veían las imágenes del regreso de Carles Puigdemont a Barcelona. El vídeo en directo de su arenga independentista ante el Arco del Triunfo. Y su posterior fuga en un vehículo particular".
Cedeira apunta que "pocas horas después, desde la cuenta del agente destinado en Badajoz quedaría registrada una búsqueda relacionada con estos hechos: la matrícula del coche en el que logró escapar el prófugo expresident. (...) Ahora, el agente de Badajoz está siendo investigado por haber consultado la matrícula del vehículo en el que Puigdemont abandonó España tras su breve aparición en Barcelona".
Y: "El agente investigado es el representante en Badajoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). Desde esta asociación expresan a El Español su profunda preocupación y malestar ante la decisión del Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de la Guardia Civil, de abrir "un expediente disciplinario por falta muy grave" contra este guardia civil".
Cabe la posibilidad, según la agrupación de profesionales del instituto armado, de que el agente sea expulsado del cuerpo en aplicación del Código Penal Militar.
"Según el instructor del expediente que se le ha abierto en el instituto armado, el compañero estaba viendo las noticias e introdujo la matrícula en el sistema", señalan fuentes próximas al agente. "Podrían echarle del cuerpo", denuncian. Es una de las posibilidades que se contemplan en el Código Penal Militar al que está sujeta la Guardia Civil.
Sería otra prueba, según la AUGC, de las concesiones del Gobierno a los independentistas.
De vuelta a la Junta de Seguridad celebrada ayer en Barcelona y de vuelta también a El Mundo, la información de Cristina Rubio señala que "el ministro del Interior ha anunciado este jueves la integración de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en el Sistema de Emergencias de Cataluña, el 112, a partir de este viernes a medianoche".
"'Esta integración solo tiene una consecuencia efectiva, pero muy relevante. A partir de mañana, cualquier llamada de auxilio realizada al 112 por una emergencia de cualquier tipo tendrá una respuesta policial mucho más rápida de lo que ya es en la actualidad', ha afirmado".
Portada de 'El Mundo' del 6 de diciembre
Pues esta noticia ha soliviantado al independentismo. He ahí al señor de Waterloo despotricando porque a su juicio la integración de más agentes en un sistema de emergencia supone la "descatalanización" del CAT112.
Tal interpretación queda recogida en El Nacional con la firma de Ketty Calatayud: "La reunión tenía que servir para afianzar los pactos que ambos Gobiernos habían cerrado cuando Joan Ignasi Elena todavía era conseller, y que se daban por hechos en el mes de julio, para la transferencia de las competencias de la seguridad ciudadana en los puertos y aeropuertos a los Mossos, y en vez de salir de la reunión con este avance, se ha salido de ella con el acuerdo para que los cuerpos de seguridad españoles operen en Cataluña".
Sigue el texto: "En concreto, el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) y la Guardia Civil se incorporan al servicio de emergencias catalán, el servicio CAT112, una decisión consensuada por los Gobiernos socialistas que ha sido duramente criticada por el president en el exilio y presidente de Junts, Carles Puigdemont, quien considera que 'descatalaniza el servicio de emergencias que los diversos Governs de la Generalitat han ido construyendo con eficacia durante años'".
La pieza recoge también que "el secretario general de Junts, Jordi Turull, también ha criticado a través de las redes sociales los cambios en el servicio de emergencias 112. 'El 155 entra con fuerza en nuestras instituciones con Salvador Illa de president. Ahora de nuevo con los Mossos d'Esquadra, la policía integral de Cataluña', ha asegurado Turull".
Y así es como hace oposición en Cataluña, por decir algo, Junts. Pero es que no contentos con comparar una medida burocrática con la descatalanización de Cataluña, se aferran sin rubor alguno a la teoría de la conspiración sobre los atentados de las Ramblas y Cambrils aprovechando las declaraciones del dicharachero Villarejo.
Lo cuenta Marcos Lamelas en El Confidencial: "El excomisario José Manuel Villarejo se dedicó esta semana, en la comisión de investigación en el Congreso sobre los atentados de las Ramblas de 2017, a esparcir la teoría de la conspiración. 'La verdad judicial no es la verdad real', dijo, tras añadir que 'se podrían haber evitado perfectamente avisando a los Mossos'. La novedad ahora es que Junts salió en tromba convocando una rueda de prensa sólo para sumarse a sus tesis".
Sigue Lamelas: "El secretario general del partido, Jordi Turull, convocó una rueda de prensa en la sede de Junts en Barcelona, flanqueado por la portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, y su homóloga en el Parlament, Mònica Sales. La cúpula de la formación en pleno se comprometía con una iniciativa excéntrica. Turull exigió al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, 'reaccionar' ante las acusaciones de Villarejo. Una reclamación extraña porque Illa ni es el del PP, ni gobernaba en España en 2017".
Continúa la información: "Turull pidió a Illa que rompa su 'silencio clamoroso' sobre esta cuestión y emprenda acciones legales y políticas. Es decir, Turull demandó al presidente de la Generalitat que se sume a la teoría de que el Estado instigó por acción o por omisión un atentado islamista en Cataluña para frenar el procés".
"Esta tesis nunca fue avalada ni en el juicio por los atentados de las Ramblas, ni por ningún cuerpo de seguridad, incluyendo Mossos d’Esquadra. Ninguno de los mandos que ha dirigido el cuerpo en estos años ha respaldado esta idea".
Al final del texto se concluye que "tras la rueda de prensa de Turull esta semana, la situación pasa a otro nivel. La teoría de la conspiración del atentado de las Ramblas pasa a ser una cuestión medular para la acción política de Junts, tanto en Madrid como en Cataluña".
La consejera Esther Niubó en rueda de prensa
Más noticias sobre la acción del Govern. Entrevista a la consejera de Educación en La Vanguardia. "Esther Niubó: 'Los profesores han de poder centrarse en su trabajo y en los aprendizajes básicos'", se titula la entrega que firman Carina Farreras y Susana Quadrado.
Así arranca el texto: "La consellera de Educació, Esther Niubó, recibió a La Vanguardia el pasado miércoles, al día siguiente en que se publicó el informe TIMSS 2023 que señala que casi el 42% de niños catalanes de 10 años tiene un nivel bajo o muy bajo en matemáticas. 'No es lo que querríamos, pero no vamos a esconder los resultados'".
"Precisamente se estrenó en el cargo hace tres meses priorizando en su mandato el rendimiento académico. 'Estamos trabajando intensamente para revertir esos porcentajes. Hay que aceptar, sin embargo, que no lo lograremos de un día para otro'".
La dirigente socialista explica las líneas de trabajo del departamento para revertir el desastre: "Por un lado, estamos trabajando un marco de colaboración con la OCDE sobre buenas prácticas internacionales. Por otro, necesitamos estabilizar y orientar el sistema. Los profesores tienen que poder centrarse en su trabajo, en condiciones y con garantías. La prioridad es el éxito educativo. El de todos los alumnos, sin importar la condición socioeconómica, de su origen, de su lengua. Nosotros podemos aportar algunos recursos, que nunca serán suficientes. De momento, hemos reforzado las aulas de acogida aceleradas con 300 dotaciones".
En cuanto a la lengua en los colegios, la consejera señala que "hay una clara prioridad de este Govern". "Estamos pendientes de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley de uso de las lenguas en la escuela. Nuestra intención es desarrollar esta ley. Hemos aumentado de 2.700 a 7.700 las plazas para sacarse el C2. El problema, de todos modos, no es de conocimiento, sino de uso social. Y eso pasa por tener una oferta audiovisual y de redes atractiva. Por nuestra parte, si hay un centro con resultados bajos, lo ayudaremos para remontarlos al siguiente curso".
La actualidad del procés (Walking Dead, next generation) pasa por el Consell de la República, el pinturero artefacto ideado por Carles Puigdemont para suplantar a la Generalitat en el exterior. El caos se cierne sobre la entidad, abocada al persianazo. Pánico entre los acreedores.
"Despidos y deudas con la Seguridad Social dañan más el Consell de la República", titula El Món al respecto. Se trata de una información de Quico Sallés, quien explica que tras la crisis de los gastos de Toni Comín "ahora se suman problemas laborales y financieros que afectan la estructura territorial del Consell".
"Así lo muestra una carta de este martes, 3 de diciembre, firmada por Carlota Canut y Roser Maresma. En la misiva, a la que ha tenido acceso El Món, Canut y Maresma, como miembros de la junta directiva de la Associació Cultural República Global (ACRG), se dirigen a los consejos locales de la República, es decir, las franquicias en Cataluña de la casa de Waterloo, para expresar sus quejas sobre la junta gestora que ha sustituido al gobierno del Consell".
Sigue Sallés: "La carta expone una serie de problemas financieros y laborales y los desacuerdos entre la ACRG y la junta gestora del Consell de la República, el equipo que después de la dimisión en bloque de su gobierno administra los recursos de la entidad. Canut, persona de máxima confianza de Comín, y Maresma recuerdan que la ACRG se 'creó para dotar a los consejos locales de un soporte legal imprescindible'. Es decir, un 'CIF válido en Cataluña' para llevar a cabo algunas de sus actividades. Así, la ACRG fue la entidad con la que el Consell podía operar territorialmente en Cataluña, además de permitir reducir, teóricamente, costos laborales e impositivos, haciéndose cargo de la nómina de los trabajadores de la entidad".
Continúa el texto: "Con la crisis abierta por la dimisión, el gobierno del Consell decidió negociar el 50% de reducción de la masa salarial y la gestión de la deuda. De hecho, el gobierno se hacía cargo de estos dos problemas".
Y: "Ahora bien, la carta se queja de que la junta gestora 'ha decidido no respetar este acuerdo del gobierno y ha querido asumir directamente la gestión de la deuda y de la reducción de la masa salarial'".
"Una decisión que ha molestado a la junta de la ACRG, que acusa a la junta gestora de 'incumplir' la propuesta para reducir la masa salarial y de proponer despidos que no quieren hacer, lo que hará que la deuda 'continúe aumentando' por pagos que les hacen realizar. Ante este desacuerdo, amenazan con un despido de todos los trabajadores y pasar la deuda salarial al Fondo de Garantía Salarial".
La broma (un suponer) es que a principios de año se trasladaron los contratos de los trabajadores de Bélgica a España. Del texto de Sallés: "La decisión buscaba 'reducir costos de la gestión ordinaria de los contratos' así como 'los costos de la Seguridad Social', que en Bélgica 'son mucho mayores que en España'. La medida también preveía 'evitar los problemas reiterados que habían sufrido los trabajadores con la hacienda belga'".
Más noticias. Los pisos suben un 8% por la presión de la demanda y los alquileres también constan al alza en los grandes y medianos municipios de Cataluña.
La vivienda se ha convertido en una prioridad política, lo cual puede que no sea bueno ni para propietarios ni para arrendatarios. Se registran grandes anuncios mientras las dificultades para acceder a un pisito y no dejar la nómina en el intento se multiplican.
Es en ese contexto que el Ayuntamiento de Barcelona pretende regular los alquileres de temporada. Así lo explica Clara Blanchar en El País: "Barcelona ha dado con la tecla para regular los alquileres de temporada a través de su normativa urbanística. Esta modalidad de alquiler (habitualmente de un año de duración) está rompiendo el mercado de la ciudad, porque los caseros la utilizan para esquivar la regulación de precios que deben aplicar a los alquileres habituales, de cinco años de duración".
Sigue el texto: "La fórmula pasa por modificar el Plan General Metropolitano (el PGM, el planeamiento urbanístico de la ciudad) distinguiendo entre el uso habitual y permanente de la vivienda sobre su uso temporal (cuyos motivos, laborales, médicos o de estudios, deberán acreditarse). Y a posteriori, habilitar al ayuntamiento a regular o condicionar la implantación de usos temporales, incluso acotando a distritos o barrios concretos, a través de un plan especial que concrete el detalle del cómo y dónde".
La información, que explica también que el cambio es una exigencia de los comunes, describe un panorama dramático: "Llega pues, a la primera gran ciudad española donde el precio del alquiler está regulado, en plena emergencia habitacional por el desmadre del mercado del alquiler (precios por las nubes, falta de oferta y barrios vaciándose de vecinos), después de una manifestación masiva clamando contra los precios del alquiler y cuando el Gobierno de Pedro Sánchez también trabaja en una regulación de los alquileres de temporada que justo acaba de comenzar su tramitación".
Pero de todo esto hay otra versión que se recoge al final de la noticia: "Desde el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API), su director del área jurídica y portavoz, Carles Sala, apunta varias dudas jurídicas y lamenta el 'diálogo con el sector' que el consistorio prometió".
Ahí van las quejas: "'De entrada, la actividad del alquiler de temporada no es una actividad económica, es una actividad realizada por un propietario en su vivienda, hay que ver si se puede vincular a los usos urbanísticos. Habrá que ver además cómo se regula esta fórmula en Barcelona, que es necesario para las personas que, por ejemplo, trabajan temporalmente en empresas', ha dicho".
"'A luchar contra el fraude nos apuntamos, pero cargarse el alquiler de temporada no sé si es la mejor forma de revertir la caída de oferta de alquiler en la ciudad. Estamos expectantes', afirma".
Deportes. De nuevo el caso Negreira. Dos diarios madrileños, Libertad Digital y La Razón, recuperan el expediente a raíz del último informe de la Guardia Civil sobre los pagos del FC Barcelona al que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros José María Enríquez Negreira. Otra vez la Guardia Civil y el ejército simbólico de Cataluña.
El primero de los medios destaca que no fueron 7 millones, sino 8,4 los que el club le pagó al extrencilla, que junto con su entorno estableció una compleja trama financiera. En cambio, el segundo hace hincapié en que las transferencias (135 en total) tenían la "fraudulenta intención de obtener beneficios no justificados".
6 de diciembre. Día de la Constitución.
Santoral: Nicolás de Bari, Asela, Bonifacio Sibidense, Dativa, Dionisia y compañeros, Emiliano médico, José Nguyen Duy Khang, Leoncia, Mayórico, Obicio, Policronio, Servio y Tercio.
