El campo de minas de Junts y el PSOE y el actor Boye

El PP hurga en la financiación singular de Cataluña. Utiliza el pacto entre socialistas y republicanos como munición contra Pedro Sánchez. Todo vale para erosionar a un Gobierno que depende de los votos independentistas para superar los engorrosos trámites parlamentarios. Ayer era el presidente de Galicia, Alfonso Rueda, quien proponía salir a la calle contra lo que los populares llaman "cupo catalán". Hoy es el de Andalucía quien asoma en El Español para proponer exactamente lo mismo, elevar la tensión y movilizar a la ciudadanía en contra del acuerdo catalán.

"El Gobierno andaluz llama a manifestarse en la calle como en el 4-D contra "la traición" del cupo fiscal catalán", se titula la pieza del referido El Español que aborda la estrategia de la Junta de Andalucía contra la Generalitat catalana. El texto es de Inma León y arranca así: "El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, advirtió el pasado viernes en la Moncloa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que utilizaría todos los instrumentos para evitar la independencia fiscal de Cataluña porque iría en contra de los intereses de los andaluces. Tres días después el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, desveló uno de ellos: la presión social. Es decir, la manifestación en la calle, que es el mensaje que están trasladando otros barones populares como el gallego, Alfonso Rueda. Moreno ha mantenido este lunes un encuentro con todos los portavoces de la oposición para intentar armar "un frente común" que defienda la igualdad desde Andalucía. Pero también para llamar a los andaluces a rebelarse y a manifestarse como ya lo hizo aquel famoso 4 de Diciembre de 1977 para reclamar su autonomía, según remarcó Antonio Sanz en una comparecencia posterior".

Sigue la nota: "Para darle forma a ese frente común, el presidente de la Junta ha ofrecido a los portavoces un documento con diez prioridades para Andalucía, con el fin de lograr consensos, en materia de salud, educación, industria o infraestructuras. Para lograrlo a partir del lunes 30 de septiembre se empezarán a desarrollar reuniones con los grupos para tratar de alcanzar acuerdos sobre ese decálogo de prioridades. El objetivo es acercar posiciones y recibir propuestas en cada uno de los puntos por parte de la oposición. En concreto, el mismo comienza con la defensa de la igualdad frente a las 'amenazas, discriminación, agravios y ataques' a Andalucía con asuntos como el 'cupo catalán'. Le seguirían la nueva ley integral de salud; la ley de vivienda; el plan estratégico del trabajo autónomo; impulso a la Formación Profesional; la ley Andalucía digital; el plan de ordenación del territorio de Andalucía; la defensa de la comunidad para corregir el déficit de infraestructuras ferroviarias, recursos hídricos y de la red eléctrica; la ley de la ciencia y la alianza por la industria".

Y: "Para el presidente andaluz es el momento de hacer un 'frente común desde Andalucía para defender la igualdad', que está en 'riesgo' con la financiación singular de Cataluña pactada entre el PSC y ERC o 'cupo catalán'".

Pero las maniobras de los barones del PP no son en modo alguno el principal problema que afronta el Gobierno. "Puigdemont trasladó al PSOE en su último encuentro que sin amnistía para él no hay legislatura posible", destaca Vozpópuli. La información viene con la firma de Javier Portillo: "Carles Puigdemont tiene una obsesión: ser amnistiado. Casi nada más le importa. Sin eso no hay legislatura posible para Pedro Sánchez. Y eso fue exactamente lo que el expresidente catalán trasladó a la delegación socialista que le visitó el pasado viernes en Suiza, según ha sabido este diario por fuentes socialistas. La ley de amnistía, en vigor desde el 11 de junio y de la que ya se han beneficiado 372 personas, todavía no se ha aplicado a Puigdemont pese a que supuestamente se hizo a su medida. Y todo porque el Tribunal Supremo considera que el delito de malversación que se le imputa no está dentro de los supuestos contemplados por la norma para dejar sin efecto sus causas penales. Al final será el Tribunal Constitucional el que termine decidiendo, sin fecha clara en el horizonte, una vez que el Supremo planteó una cuestión de inconstitucionalidad relacionada con algunos delitos, como la malversación agravada y la desobediencia, que afectan directamente a la causa abierta contra el expresidente catalán".

Sigue Portillo: "De manera que Puigdemont mató cualquier esperanza del PSOE de regresar con un mínimo compromiso de estabilidad, al menos en el corto plazo. Los socialistas han explicado este lunes que 'no hay nada nuevo' tras la cita. 'Ni nada que se diferencie de los otros encuentros que hemos tenido habitualmente. Queremos que esto se trate con la mayor normalidad. Cuando se firmó el acuerdo de Bruselas, se cerró de madrugada y, a las 11.00, se estaba contando. Ahora bien, desconocemos qué va a hacer Junts este jueves [cuando se vota el techo de gasto en el Congreso para los Presupuestos]", ha dicho la portavoz de la ejecutiva, Esther Peña. Pese a que el PSOE pudo lanzar a la delegación de Junts mensajes de tranquilidad respecto a que el Constitucional tiene en estos momentos una mayoría con una clara afinidad a la política socialista, lo cierto es que Puigdemont no se fía. El Gobierno sigue dando por descontado que el tribunal de garantías, presidido por Cándido Conde Pumpido -próximo al PSOE-, corregirá al Supremo porque 'no hay por dónde agarrar que hubo malversación'. (...) A todo esto hay que sumar que el expresidente Puigdemont está cabreado con el ascenso a la presidencia de la Generalitat del socialista Salvador Illa. No le ha sentado nada bien el pacto entre Moncloa y ERC. En las últimas semanas ha alcanzado popularidad la expresión del '3-0'. Una referencia futbolística para sintetizar la humillación que le ha provocado que los socialistas gobiernen la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y el Estado. Puigdemont se siente excluido (y goleado). Ni tan siquiera el juego de la huida el día de la investidura de Illa parece haberle levantado el ánimo, porque ve intolerable aún no se le haya aplicado la amnistía".

Además del enfado de Puigdemont, en Junts reclaman la mediación de Salvador Illa. Tal cual. "Junts pide la implicación de Illa para salvar la negociación de los Presupuestos Generales", indica un titular de El País. Escribe Marc Rovira: "Junts per Catalunya afronta el arranque del otoño igual que como despidió el verano: el objetivo es torpedear al Gobierno. En la semana que el PSOE quiere aprobar el techo de gasto y poner las bases para los Presupuestos 2025, el partido que lidera Carles Puigdemont ya ha avisado que no tiene intención de facilitar las cosas en el Congreso de los Diputados. 'No tiene que sorprender a nadie. Todo lo que sea para consolidar el café para todos o agravar el déficit de Cataluña nunca tendrá nuestro voto', ha manifestado Jordi Turull, secretario general de Junts, este lunes desde Girona. Turull alega que si los presupuestos no prosperan no será achacable a una falta de 'responsabilidad' de los siete diputados de Junts en el Congreso sino que, dice, será culpa de la incapacidad de los socialistas para seducir a sus socios y alcanzar consensos. Turull ha acusado a Salvador Illa de mirar hacia otro lado. 'Nos extraña que no esté abanderando la defensa de los intereses de Cataluña', al tiempo que ha puesto de relieve que la 'prioridad' del president es 'que Pedro Sánchez tenga una legislatura tranquila', ha afirmado".

La contraparte socialista mientras tanto no se queda cruzada de brazos. "Moncloa amenaza a Puigdemont con elecciones y dejarle sin amnistía", alerta La Razón en un titular que antecede a una crónica/análisis de Carmen Morodo: "La amnistía ha sido la clave de bóveda del mandato que Pedro Sánchez inició después de que su partido se quedara como segunda fuerza en las elecciones generales. Y esta sigue siendo la principal razón del pulso que le está lanzando el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont al presidente del Gobierno. Para Moncloa la votación del techo de gasto, que se celebrará este jueves en el Congreso, es tan importante como para que se hayan activado todos los posibles canales de aproximación a Puigdemont a fin de que se baje de la decisión de votar en contra, como ya anunció a través de un tuit la pasada semana, y contar con todos los activos incluye incluso a empresarios y perfiles del ámbito económico que siguen manteniendo una buena relación con él".

Continúa el texto: "Las declaraciones oficiales, dirigidas también a través de entrevistas a los medios oficiales, y en las que restan importancia a la aprobación de los Presupuestos, concuerdan mal con una tensión que les lleva, a la desesperada, a utilizar todas las posibilidades para hacer que Puigdemont cambie de posición en esa votación. Y todas es todas, porque, según confirman fuentes de Junts, el enviado de Moncloa llegó incluso a amenazarle con dejarle sin la amnistía si no daba luz verde al techo de gasto y permitía de esta manera que el Gobierno gane al menos tiempo, aunque finalmente las cuentas no llegaran a aprobarse".

Y: "El argumento de presión de Moncloa, con tintes de chantaje, o así lo leen en el entorno de Puigdemont, es que si no vota este jueves el techo de gasto y facilita la aprobación de los Presupuestos va camino de enfrentarse a un adelanto electoral que cortaría la aplicación de la amnistía para los que ya la tienen en proceso, y también a futuro. Precisamente, una de las cuestiones que más enfado está provocado en el expresidente de la Generalitat es lo que entiende como una 'utilización' política de la Ley de Amnistía para desgastar a su partido y mantenerle a él fuera de juego. En realidad, la ley de impunidad está ya en manos de los poderes del Estado, y, sobre todo, de la Justicia. Pero desde el lado de Junts interpretan que el Gobierno está utilizando la mayoría progresista del Tribunal Constitucional como 'elemento de extorsión': 'O me das lo que te pido o esa mayoría te dejará fuera de la aplicación de la amnistía'. De momento, a Puigdemont se le hacen excesivamente largos los plazos previstos para que el Alto Tribunal dictamine sobre la constitucionalidad de la ley –se ha hablado de más de un año".

Más noticias de la "puigdemontesfera". En este caso de su letrado de cabecera. "Boye denuncia en un documental que la acusación de blanqueo contra él es un montaje e incrimina al fiscal", proclama El Nacional. El texto es de Marta Lasalas: "Arremetida de Gonzalo Boye contra el fiscal que le acusa de blanqueo de capitales. Y desde una pantalla de cine. A las puertas del juicio que ha de comenzar el 18 de noviembre en la Audiencia Nacional, el abogado de Carles Puigdemont ha denunciado en un documental que las acusaciones contra él son un montaje del cual responsabiliza al fiscal del caso, Ignacio de Lucas. Boye no duda a atribuir la persecución judicial a la cual está siendo sometido desde el 2019 a los éxitos conseguidos a favor del independentismo. 'Han venido a destruirme como persona. Como no pueden con Puigdemont, van a por Boye. Soy un ciudadano sin derechos', asegura. El fiscal pide 10 años de prisión para Boye a quien acusa de blanqueo de capital proveniente de narcotráfico en un caso en qué está implicado el narcotraficante José Ramón Prado, conocido como Sito Miñanco".

Sigue la nota: "El preestreno del documental 'Gonzalo Boye. El enemigo público' ha reunido este lunes en la Filmoteca de Catalunya a una amplía representación política de Junts, entre los cuales el presidente del Parlament, Josep Rull, el presidente del grupo parlamentario, Albert Batet, y el portavoz, Josep Rius. Entre el público, la esposa de Puigdemont, Marcela Topor, y Jami Matamala. Unas butacas vacías recordaban a los políticos independentistas que continúan en el exilio. El documental, que tiene formato de entrevista, repasa la persecución judicial a que el juez Pablo Llarena ha sometido a Carles Puigdemont por media Europa; el momento en que Boye asume su defensa; la decisión de la justicia belga de dejarlo en libertad; la detención en Alemania; el rechazo de la justicia alemana a aceptar entregarlo a España por rebelión... Este punto marca un giro en la historia, en opinión del abogado, que asegura que a partir de aquel momento fue él mismo quien quedó en el punto de mira".

Y: "Es en este momento cuando un caso que estaba en manos del despacho de Boye, sobre la recuperación de 800.000 euros propiedad de Manuel González Rubio que había sido intervenidos en el aeropuerto de Barajas, acaba convirtiéndose en un caso por blanqueo de capitales en que el propio Boye aparece como uno de los investigados".

Por si fuera poco el documental, otra novedad. Boye habla catalán, según la nota de Josep Casulleras Nualart en Vilaweb: "'Avui no hi són tots: falten els exiliats, i les seves butaques avui són buides', ha començat dient en una intervenció que ha fet íntegrament en català, encara amb dificultat i amb un evident esforç que el públic ha aplaudit. 'Agraeixo a la Isabel que sigui, avui i sempre, al meu costat', ha continuat. I ha estat en aquest moment quan s’ha emocionat. També ha agraït a les seves filles Sandra i Cristiana que hagin vingut des d’Anglaterra, i a la seva filla Elena 'que hagi vingut des d’Espanya'. 'També elles han estat víctimes de la repressió'. I ha saludat els seus oncles Antonio i María Eugenia, que han vingut des de Xile. Era un dia important per a ell: presentava la seva defensa pública contra la guerra que Espanya li ha declarat".

Más mádera. Guerra en ERC. "Oriol Junqueras explotará las incógnitas del cupo catalán para atraer a los militantes de ERC contrarios al pacto con el PSC: '¿Cómo será de grande la cuota de solidaridad?'", señala un titular de El Mundo. La pieza es de Gerard Melgar: "Oriol Junqueras considera que ya ha llegado el momento de obtener rédito de haberse apartado de la foto del acuerdo de investidura entre ERC y el PSC. Su dimisión como presidente el pasado junio, tras la debacle electoral en las autonómicas del 12-M, dejó a los republicanos en manos de su secretaria general, Marta Rovira, a la hora de encauzar las negociaciones con los socialistas que, finalmente, llevaron a Salvador Illa al Palau de la Generalitat. Pero quien había liderado el partido durante los últimos 13 años no decía adiós de forma definitiva, sino que anunció que tomaba impulso para optar a repetir de nuevo en el cargo a partir del 30 de noviembre, fecha del congreso extraordinario convocado por Esquerra para zanjar su crisis. Con este paso al lado temporal, Junqueras conseguía no verse salpicado por la decisión más importante para el partido en los últimos años: avalar o no a un presidente socialista poniendo fin a una década de Gobiernos independentista".

Sigue Melgar: "La patata caliente pasó a la número dos de la formación, quien primeramente dirigió las conversaciones desde Suiza, donde permanecía huida de la Justicia española desde el año 2018, y después ya desde Cataluña, una vez la causa judicial de Tsunami Democràtic, investigada en la Audiencia Nacional, fue archivada en julio por un defecto de forma. Junqueras, pues, se siente liberado de cualquier señalamiento a ERC desde el independentismo por su aproximación al PSC y también de las críticas internas entre los militantes contrarios al pacto, que en la votación del preacuerdo en agosto alcanzaron el 45%. 'No quise interferir, pero había muchas razones para votar que no a aquel pacto', dijo ayer en una entrevista en Rac1, en la que recordó que, dos días antes de la consulta a las bases, expresó que 'entendía las dudas' que suscitaba 'entre muchos compañeros' tanto su contenido como 'el cumplimiento del texto por parte del PSC y del PSOE'".

Mientras tanto, Salvador Illa sigue a lo suyo y repite en una entrevista en El Periódico que "la solidaridad no es pedir que unos territorios financien las rebajas fiscales de otros". Y en el otro diario de papel de la ciudad, La Vanguardia, destacan que "Illa crea un 'think tank' para mejorar la gestión y la calidad del sistema sanitario". Escribe Susana Quadrado: "El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la consellera de Salut, Olga Pané, están ultimando estos días la lista de nombres que integrarán el comité de expertos al que el Govern ha decidido convocar con el noble objetivo de blindar el sistema público de salud y definir las reformas que este requiere para mantener su calidad y sostenibilidad. La intención es que este think tank empiece a trabajar cuanto antes, aunque sin retribución. Fuentes conocedoras de la iniciativa no descartaban anoche que el ejecutivo catalán apruebe constituirlo esta misma semana o, a lo sumo, la próxima".

Continúa la nota: "El actual director gerente del hospital Sant Joan de Déu, Manel del Castillo, liderará este comité que compondrán doce profesionales, referentes todos ellos en sus respectivos ámbitos: desde la medicina o la enfermería, a la gestión, la investigación, la ética o la salud pública, entre otros. Del Castillo, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y máster en Gestión de la Empresa Pública por Esade, ocupa la gerencia del HSJD desde el 2003. En veinte años, su gestión, ágil, ha permitido a este centro de iniciativa privada sin ánimo de lucro situarse entre los tres grandes hospitales pediátricos de Europa. El Sant Joan de Déu da asistencia dentro del Servei Català de la Salut como centro concertado. Por su perfil, Del Castillo defiende el modelo público y de concertación público-privada, y siempre ha rehuido la confrontación entre gestión pública y privada. (...) Ha sido el propio president el que ha elegido a Del Castillo para la difícil encomienda de reformar el sistema o, dicho en otras palabras, acometer su 'transformación' o 'modernización' para adaptarlo a las nuevas necesidades sociales (con un fuerte envejecimiento de la población) y profesionales. Illa ya tentó a Del Castillo con la conselleria de Salut, una oferta que éste declinó y que ha acabado ocupando Olga Pané, otra profesional médico con una amplia trayectoria a sus espaldas".

24 de septiembre, santoral: Nuestra Señora de la Merced, Anatolio de Milán, Antonio González, Gerardo Sagredo, Isarno de Marsella, Lupo de Lyon, Pacífico de San Severino y Rústico de Auvernia.