La enmienda del PP y los salarios independentistas

Órdago a la grande del PP sin cartas. Enmienda a la totalidad de la proposición de ley de amnistía abocada al fracaso. Brindis al sol de cara a la galería. Toreo de salón y especulación tendente a la melancolía. El partido de Alberto Núñez Feijóo quiere prohibir los partidos que promuevan referéndums secesionistas o que proclamen repúblicas independientes. La competencia entre el PP y Vox sube la apuesta en contra de los acuerdos entre el PSOE y los independientes. ¿Quién da más?

No es previsible que las propuestas del PP vayan a abrir un debate serio y sereno en el escenario político. Cañonazos con carga hueca. Ruido sin nueces. "La reforma penal del PP: hasta diez años de prisión por declarar la independencia y cinco por un referéndum", apunta La Razón sobre una de las noticias del día. El texto es de Javier Gallego: "La respuesta del PP a la amnistía no se limita a presentar una enmienda a la totalidad para tratar de tumbarla, sino que va más allá y plantea una propuesta alternativa que incluye una reforma del Código Penal para «rearmar» al Estado tras el «debilitamiento» que ha sufrido con Pedro Sánchez por sus cesiones al independentismo. Los populares consideran que la supresión del delito de sedición o la suavización de la malversación han dejado al Estado en una situación de indefensión ante eventuales desafíos a la legalidad del independentismo y eso les ha impulsado a presentar una reforma penal, que consiste en la introducción de un nuevo delito en el Código Penal de Deslealtad constitucional.

Dentro de esta nueva figura jurídica, que quedaría incorporada con la creación del Capítulo VII en el Título XXI del Código Penal (de los Delitos contra la Constitución), el PP tipifica explícitamente como delito las declaraciones de independencia y la celebración de un referéndum. Además, también incluye la posibilidad de «disolver» partidos o entidades políticas (en un aviso a las formaciones independentistas, sea Junts, ERC o la ANC) que sean responsables de la comisión de alguno de esos dos delitos".

Sigue el texto: "El nuevo delito de Deslealtad constitucional estaría regulado por cuatro artículos en el Código Penal: en concreto, el artículo 544, que castiga con las penas de prisión de cinco a diez años e inhabilitación absoluta por tiempo de seis a doce años a la autoridad, funcionario público, diputado, senador o miembro de una asamblea legislativa de una Comunidad Autónoma que, «fuera de los cauces legales», declare «la independencia de una parte del territorio nacional» o realice» «actos dirigidos a que sea efectuada dicha declaración o que la propicien»; el artículo 545, que castiga con las penas de prisión de uno a cinco años e inhabilitación especial de uno a cinco años a los que convoquen o realicen actos dirigidos a la celebración de un referéndum; el artículo 546, que castiga los «actos preparatorios» de una declaración de independencia o referéndum; y, el artículo 547, que estipula que si una persona jurídica (es decir, partidos u organizaciones políticas) es «responsable» de esos delitos, se impondrá la pena de disolución o suspensión de actividades de seis meses a cinco años (en caso de que colaboren en el esclarecimiento de los hechos y la restauración del orden constitucional)".

Y: "De esta manera, los populares hacen una propuesta legislativa alternativa a la amnistía: el texto, según ha defendido este miércoles el portavoz Miguel Tellado, busca «rearmar al Estado y fortalecer la democracia». «Pedro Sánchez ha dejado a los independentistas con las manos libres para volver a hacerlo y los independentistas dicen que eso es precisamente lo que pretenden. Nuestro objetivo es frenar y revertir el daño que los socialistas e independentistas están haciendo a las instituciones de nuestro país. La ley de amnistía trata de reescribir la historia reciente de España», ha señalado, haciendo referencia a la reforma del Código Penal de diciembre de 2022 que incluyó la supresión de la sedición (delito por el que fueron condenados los máximos responsables del «procés») y la reforma de la malversación".

La enmienda a la totalidad coincidió casualmente o no con la información de La Vanguardia sobre las deambulaciones del popular Daniel Sirera con Albert Batet y Josep Rius en un hotel barcelonés de lo más chic. "Tellado admite la reunión entre PP y Junts pero la rebaja a 'sólo un café entre dos políticos'", destaca hoy el diario barcelonés. La nota es de Asier Martiarena: ""Que yo sepa, estamos hablando de un café entre un concejal del PP y uno de Junts. Un café entre dos políticos. Yo no le llamaría negociación". Esa es la versión oficial estructurada por el Partido Popular tras la divergencia de posiciones defendidas a primera hora del día desde la dirección nacional y el grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Barcelona una vez desvelada por La Vanguardia la cita que dirigentes populares y miembros de Junts celebraron en agosto.

Tellado ha negado en su intervención que el líder nacional de los populares, Alberto Núñez Feijóo, estuviera al corriente de ese encuentro porque, según ha venido a decir, sobre "cafés entre concejales" -en relación a Daniel Sirera (PP) y Josep Rius (Junts)- no requiere de permiso alguno del presidenta en la formación. En cualquier caso, Tellado se ha esforzado en subrayar que "es evidente que no ha habido ningún acuerdo entre PP y Junts para concederle la amnistía a políticos condenados. Ese es el acuerdo del PSOE", ha señalado Tellado colocando la presión sobre el Ejecutivo".

Sigue la pieza: "El portavoz del PP ha sorteado hasta cinco preguntas acerca de si han existido otros contactos más allá del de Sirera. "Probablemente, encuentros informales entre diputados y concejales, ha habido en la cafetería del Congreso, del Senado, o de cualquier parlamento autonómico o ayuntamiento", ha dicho. En todo caso, ha añadido, "una vez vista la rueda de prensa que Puigdemont ofreció en Bruselas quedó claro que no había posibilidad de ningún tipo de conversación con Junts porque sus exigencias eran inconstitucionales e ilegales, y sólo estaban a la altura del PSOE", ha señalado tratando de poner fin a la polémica surgida en el partido de Génova. (...) La portavoz de la formación republicana, Raquel Sans, ha advertido este miércoles que "no tiene sentido" mantener conversaciones con un PP que va de la mano de Vox y ha sugerido en ese sentido que Junts "deberá decidir de qué lado está". En declaraciones a EFE, la dirigente ha erigido a su partido en "muro, dique de contención y freno" de la derecha y la ultraderecha y ha dejado claro que las relaciones de ERC "en ningún caso pasan por el PP"".

El Mundo, por su parte, aporta una información alusiva a lo que cobran los diputados que preferirían no ser españoles. "El negocio de ser independentista y diputado español: de los 99.000 euros de sueldo de Rufián a los 158.000 euros en ahorros de Nogueras", se titula dicha entrega. El texto es de Daniel Viaña: "Los políticos independentistas vascos y catalanes que desarrollan su labor en el Congreso de los Diputados o en el Senado se benefician de una situación un tanto insólita: ingresan notables cantidades anuales de un Estado al que, en realidad, no quieren pertenecer y por desarrollar una actividad que busca objetivos contrarios a la Constitución española. Uno de los mejores ejemplos es el de Gabriel Rufián, portavoz de ERC y que en 2022 ingresó casi 100.000 euros en concepto de «salario del Congreso de los Diputados». 99.148 euros, en concreto, según consta en la última declaración que presentó el pasado agosto ante el inicio de la XV legislatura y tras las elecciones generales del 23 de julio. Este notable sueldo responde a que Rufián no sólo tiene su acta de diputado sino que, además, ocupa diversos puestos en diferentes comisiones. Ahora mismo, por ejemplo, es portavoz en tres de ellas, vocal en una más y adscrito a un total de tres.

Y a estas cifras que hay que sumarle las dietas, que están exentas de tributación. Rufián, que acaba de iniciar su quinta Legislatura como diputado y que lleva desde 2016 cobrando por esta labor, informa también de que su pago por IRPF en el último ejercicio ascendió a 29.450 euros y que acumula unos ahorros de 22.000 euros. Dentro de esa misma formación, de Esquerra Republicana de Catalunya, destacan también los casi 95.000 euros que declara Montserrat Bassa y su pago por el impuesto de la Renta de más de 30.000 euros. Tiene una cuenta corriente con 45.500 euros y encadena su tercera legislatura como diputada. Y su compañero Jordi Salvador, diputado por quinta legislatura consecutiva, acumula unos ahorros de 73.000 euros".

Continúa el detalle salarial: "En Junts per Catalunya sobresalen los 158.000 euros que Míriam Nogueras, portavoz de la formación independentista, tiene en sus cuentas bancarias. Al igual que ocurre en el caso de otros muchos diputados, no revela cuál es su sueldo a pesar de que deben hacerlo, pero sí informa de que su último pago en concepto de IRPF fue de 31.600 euros. La responsable de la formación que lidera Carles Puigdemont inició en agostó su quinta legislatura como diputada. También en Junts per Catalunya, aunque en el Senado, Josep Lluís Cleries deja vacía la información de ingresos como senador pero sí informa de un abono de más de 40.000 euros en concepto de IRPF. Además, en sus «libretas de ahorro y fondo a largo plazo» acumula 427.000 euros. Su labor como senador se remonta a la X Legislatura, esto es, a diciembre de 2011, tras las elecciones que ganó Mariano Rajoy".

Y: "En Bildu, ninguno de los diputados informa de sus ingresos por esta labor y uno de sus integrantes más conocidos, Oskar Matute, afirma que pagó menos de 8.000 euros por IRPF, lo que no está precisamente en línea con los ingresos habituales de un integrante del Congreso presente en varias comisiones. Sus ahorros rozan los 40.000 euros y la presente es su cuarta Legislatura. La portavoz de la formación, Mertxe Aizpurua, sí que declara un pago por la renta más acorde con los sueldos de los diputados: 20.752 euros. Y sus ahorros son de casi 20.000 euros. Más aún acumula en el banco Iñaki Ruiz de Pinedo, que tiene 155.000 euros y, aunque está ya en su tercera Legislatura, su último pago declarado por IRPF fue de sólo 2.860 euros".

La oposición tiene depositadas grandes esperanzas en la Unión Europea (UE). Ese europeísmo un punto ingenuo es similar al que expresaban los independentistas antes de pactar la ley de amnistía. "Bruselas obligará a Pedro Sánchez a publicar la lista de indultados por corrupción", apunta al hilo un titular de Vozpópuli. Escribe Jorge Sáinz: "La Comisión Europea ha vuelto a advertir al Gobierno de Pedro Sánchez que su rebaja del delito de malversación no cumple los estándares europeos. Bruselas recuerda que ya existe una directiva, la 2017/1371, de lucha contra el fraude que afecta a los intereses de la UE que fija en cuatro años de cárcel el tipo mínimo para la malversación. Y señala que la nueva Directiva anticorrupción, en fase de negociación, obligará a los Gobiernos de los 27 a publicar la lista de indultados por causas de corrupción. Así consta en una respuesta parlamentaria de la comisaria de Asuntos de Interior, Ylva Johansson, a una pregunta del eurodiputado de Ciudadanos Jordi Cañas sobre un posible indulto a los condenados por los ERE en Andalucía".

Continúa la historia: "El PSOE y ERC pactaron una reforma del Código Penal pensada exclusivamente para los líderes del procés condenados y posteriormente indultados. En concreto, se introdujo un nuevo artículo para aquellos responsables públicos que malversen dinero público “sin ánimo de apropiárselo”. La pena máxima para estos casos se estableció en tres años. La Comisión ya ha advertido varias veces que esta distinción no tiene sentido. En la respuesta, Johansson recuerda que la malversación es uno de los delitos de corrupción contemplados por la Unión. Y menciona dos directivas: una activa y otra que se está negociando desde hace meses. La legislación europea del 2017 define la malversación como “el acto intencionado realizado por cualquier funcionario a quien se haya encomendado directa o indirectamente la gestión de fondos o activos, de comprometer o desembolsar fondos, o apropiarse o utilizar activos de forma contraria a los fines para los que estaban previstos y que perjudique de cualquier manera a los intereses financieros de la Unión”. (...) Además, sobre los indultos, señala que la nueva Directiva, de aprobarse, obligará a los estados a publicar estadísticas sobre las medidas de gracia por delitos de corrupción concedidas por los Gobiernos europeos. Y recuerda que se la norma estudia dar algún tipo de salvaguarda a las autoridades judiciales para evitar indultos en función de la “gravedad de las infracciones penales”. La Comisión evita evaluar el supuesto indulto al expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, y otros implicados en el caso de los ERE, porque, dice, no “aborda casos concretos”. Y que el informe anual sobre la evolución del Estado de Derecho en los países se elabora sobre cuatro ámbitos clave. Uno de ellos es la lucha contra la corrupción".

Cambio de tercio. Ahora uno de esos asuntos que preocupan a las personas de a pie. "El Gobierno catalán asume que será “imposible” evitar la emergencia en Barcelona por sequía". Se acerca la festividad de los Reyes Magos y tras ella, la vuelta a una normalidad que puede ser más sufrida que de costumbre. En el referido diario se ocupa de las agoreras previsiones de la Generalitat Àngels Piñol: "El Gobierno catalán se prepara para lo peor e intenta alargar la agonía ante unos embalses prácticamente vacíos. El Ejecutivo catalán se ha concienciado de que tendrá que decretar de forma irremediable en Barcelona y su área metropolitana el decreto de emergencia por la sequía tras un periodo continuado de 30 meses seguidos sin lluvias regulares. La previsión de que pueda llover al final de semana no mitigará ni de lejos la situación extrema. La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha afirmado este mediodía que se tardará más o menos pero que todas las previsiones apuntan que se llegará al estado de emergencia".

Continúa la nota: "Tras la celebración del Consell Executiu, la portavoz ha apuntado que los pantanos rondan el 17% de su capacidad en el sistema Ter-Llobregat -que abastece el área de Barcelona- y que continúa la tendencia decreciente. “Es casi imposible evitar la entrada en fase de emergencia. Lo que podemos hacer es ir retrasándolo días o semanas en función de la capacidad que tengamos de generar y ahorrar agua”, ha reconocido. “Aunque llueva no va a ser suficiente para evitar la emergencia”. Los embalses de las cuencas internas están ahora, según los datos de la ACA, a un 16,7% de capacidad. El umbral está fijado en el 16%: traspasarlo comporta decretar la emergencia. Ante un lema elocuente en el micrófono que dice “el agua no cae del cielo”, Plaja ha afirmado que la situación a cada día que pasa es más compleja y ha puesto en valor, ante las críticas constantes de la oposición, de la previsión del Govern con la producción de agua en las desaladoras. El Govern tiene listo el decreto con todas las restricciones que afectarán al área de las cuencas internas y al área de Barcelona y Girona, que suponen el 90% de la población de Cataluña. Solo la capital catalana ha cerrado este 2023 como el segundo más seco de la historia desde que los registros se empezaron a tomar en 1914. Las medidas más severas del decreto están destinadas al turismo y a actividades industriales que impliquen un uso intensivo del agua. Las empresas que necesiten una concesión de la Agencia Catalana del Agua (ACA) o de los ayuntamientos no podrán ponerse en marcha hasta que se supere la crisis hídrica. El decreto sí permite regar los jardines y el arbolado público, que servirán como refugio climático, y los campos federados de deporte, así como rellenar las piscinas públicas".

4 de enero, santoral: Ángela de Foligno, Rigoberto obispo, Abrúnculo, Cayo mártir, Faraildis, Ferreol obispo, Gregorio obispo de Langres, Hermes mártir, Isabel Ana Seton y Rigomerio