Amnistía, primera prueba superada, y Junts señala a los jueces

La proposición de ley de amnistía ha superado el primer test en el Congreso de los Diputados. Ha sido admitida a trámite en una sesión abrupta, con retórica gruesa y acusaciones de calado entre tirios y troyanos. El texto avanza en medio de una bronca sin cuartel protagonizada ayer por el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, el portavoz del PSOE, Patxi López, y la portavoz de Junts per Catalunya (JxCat), Miriam Nogueras, que no tuvo reparo en señalar a varios jueces -Pablo Llarena y Manuel Marchena entre ellos-, y exigir que sus cabezas cortadas sean mostradas a modo de escarmiento en las comisiones parlamentarias sobre el lawfare en el Congreso. No es tiempo de sutilezas. Y menos para los de Carles Puigdemont, que han convertido el arranque de la legislatura en un duro ajuste de cuentas contra quienes tachan de enemigos del pueblo de Cataluña.

La tradicional división de opiniones impregna las crónicas alusivas a la tensa sesión en el Congreso y a la constitución formal de las comisiones reclamadas por los independentistas, que no disimulan sus ansias de venganza. Quedan muy atrás los mensajes florentinos, los debates bizantinos y una cierta elegancia en la exposición de los argumentos. De ahí tal vez que para la Asociación de Periodistas Parlamentarios, una de las candidatas a mejor oradora sea Yolanda Díaz. También cuenta en el concurso Mertxe Aizpurúa, la portavoz de Bildu.

En ese contexto abrupto, El Diario constata que "El Congreso da el primer paso para aprobar la ley de amnistía". La pieza viene con tres firmas, las de José Enrique Monrosi, Aitor Riveiro y Alberto Ortiz: "El Congreso ha dado este martes el primer paso para aprobar la ley de amnistía. Con 178 votos a favor y la oposición de toda la derecha y de Coalición Canaria, el Partido Socialista ha conseguido sacar adelante la votación de la toma en consideración de la ley que supondrá la anulación de los procedimientos judiciales y de las penas derivadas de los hechos producidos en el marco del procés. (...) El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asumido en primera persona la defensa del no de su partido a la admisión a trámite de la ley de amnistía, contra la que ha dicho que movilizarán todos los recursos a su alcance y en “todas las instancias”, españolas e “internacionales”. “Los españoles ya no somos iguales ante la ley”, ha sostenido Feijóo. “El Gobierno está deslegitimado para exigir a los ciudadanos el cumplimiento de leyes”, ha añadido. “Se abre la puerta a que el Gobierno borre cualquier delito de cualquier naturaleza”, ha dicho, para cuestionar: “Si permitimos que este Gobierno dicte que los culpables son inocentes, ¿qué le impediría decir que los inocentes son culpables?”. Y ha concluido: “¿Hacia qué sistema nos estamos dirigiendo? ¿Somos conscientes de lo que están haciendo?”".

La réplica correspondió a Patxi López y queda reflejada así en la crónica del referido El Diario: "“Ya hemos escuchado el catálogo de insultos” dijo durante su turno de palabra como portavoz del grupo proponente de la norma el socialista Patxi López, que reclamó al PP un debate de ideas. “Ya sabemos qué no les gusta, pero nos gustaría saber por qué la amnistía rompe España, por qué es inconstitucional. Tienen la oportunidad de decirnos su alternativa para resolver el conflicto. Solo conocemos lo que dijo su socio, que con ustedes se incendiaría Cataluña”. El diputado del PSOE ha hecho una defensa encendida de la medida de gracia que hasta el 23 de julio su grupo también rechazaba. Y lo ha hecho en base a la necesidad de devolver a la política el conflicto catalán de 2017. “Podríamos haber optado por la rabia y mantener la confrontación, pero eso ya lo probaron ustedes y las consecuencias fueron lamentables. Hemos optado por la política, por la distensión, por decisiones valientes que buscan espacios para abrir diálogo y acuerdos con quienes piensan distinto”".

De la prensa contraria a la operación amnistía destaca una pieza de El Mundo con este titular: "Junts insulta a los jueces ante la pasividad del PSOE, que aprueba crear las comisiones del lawfare en el Congreso". Escribe Álvaro Carvajal: "El PSOE paga el precio de una de las condiciones de su pacto de investidura con Junts y facilita que el Congreso de los Diputados abra hasta tres comisiones de investigación para demostrar, entre otras cosas, un supuesto lawfare -o guerra judicial- contra el independentismo catalán. Si ésa fuera una de las conclusiones políticas de esas comisiones, y se identificaran al mismo tiempo a las personas concretas perjudicadas, los dos partidos tienen apalabrado la ampliación de la amnistía para todas ellas para que pudieran beneficiarse también del borrado de delitos y casos que impulsa dicha ley. Se abre, pues, una vía política para que se examine y se ponga en tela de juicio el trabajo de jueces, fiscales, policías o servicios de inteligencia por cualquiera de las causas que hayan afectado o que sigan afectando a personas vinculadas de un modo u otro con el movimiento independentista en Cataluña. Porque la premisa de la que se parte, y se recalcó este martes por parte de Junts, ERC o Sumar, es que en España ha habido una persecución de independentistas simplemente por sus ideas".

Sigue la pieza: "El límite de hasta dónde se llegue dependerá en gran medida del PSOE y Sumar, pues Junts ya dejó claro durante el debate para su aprobación que piensa ajustar cuentas, entre otros, con algunos de los jueces que han llevado los casos de Carles Puigdemont, como Pablo Llarena, o que encabezaron el tribunal que juzgó y condenó a los cabecillas no fugados del procés, como Manuel Marchena. Son dos de los nombres concretos que la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, citó cuando habló de los «personajes oscuros» que son «cómplices de la politización de la policía y la justicia española» o de los «personajes indecentes que en un país normal serían cesados y juzgados de inmediato». En este segundo apartado fue nombrado Carlos Lesmes, que presidió el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Supremo durante algunos de los años que ahora entrarán en lo que el PP denunció como una «caza de brujas judicial» con el aval del PSOE".

Y: "El PSOE, que luego trató de rebajar esa polémica, cumplió sin embargo este martes su acuerdo con Junts y permitió que se aprobaran las tres comisiones de investigación. Pese a sus nombres y objetivos, varios grupos adelantaron su voluntad de ir más allá. Una de las comisiones es sobre el «espionaje e intromisión a la privacidad e intimidad, a través de los malware Pegasus y Candiru, a líderes políticos, activistas, abogados, periodistas, instituciones y sus familiares y allegados». Otra «sobre la denominada operación Cataluña y las actuaciones del Ministerio del Interior durante los gobiernos del Partido Popular en relación con las presuntas irregularidades que vinculan a altos cargos y mandos policiales con la existencia de una trama parapolicial». La tercera quiere escrutar el trabajo del CNI en los atentados de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017 en pleno procés".

La impresión de los socialistas es que el trámite de la amnistía no será tan espinoso como se temían cuando comenzaron a negociar con Junts y ERC a mediados de agosto. "Moncloa da por liquidado el debate sobre la amnistía", apunta un titular de La Razón. El texto es de Rocío Esteban: "Moncloa da por amortizado ya el debate de la amnistía e incluso salen con satisfacción de la primera prueba, a pesar de que el debate parlamentario en el Congreso de los Diputados solo acaba de comenzar. De cara al final del proceso, la aprobación en la Cámara Baja y una vez sorteen el veto del Partido Popular en el Senado, en el Ejecutivo dan ya por cerrado toda la crítica y el desgaste que precedió a su propio partido la ley de amnistía antes de la investidura de Pedro Sánchez. Así, el mensaje que se traslada es el de tranquilidad al ver despejados ya los temores que surgían los días posteriores a la presentación de la ley en el Congreso, cuando las dudas de ERC y Junts amenazaban con un trámite endiablado. Ahora, ya minimizan incluso la posibilidad de que sus socios presenten enmiendas al articulado de la ley. De hecho, esta será una de las posibles tensiones que pueden darse si finalmente los independentistas enmiendan la norma. El propio presidente del Gobierno, en un corrillo informal con periodistas, aseguró la semana pasada que la ley de amnistía «salía igual que entraba» del Congreso. Es decir, sin cambio ninguno. Y esta será la línea que sigan en el Gobierno".

Continúa Esteban: "La admisión a trámite de la ley de amnistía y el voto favorable de 178 diputados, esto es siete grupos parlamentarios de los nueve totales en el Congreso, son vistos como un salvavidas para el Ejecutivo al que se agarran como único camino viable para mantener su discurso de ser los artífices de la ley de amnistía. Se acogen en el Gobierno a este argumento para justificar la necesidad de aprobar el perdón procesal para los líderes independentistas, a la vez que continúan con la labor de pedagogía para la sociedad y para los propios territorios socialistas que siguen sin apoyar la hoja de ruta de «convivencia» marcada por el presidente Pedro Sánchez".

Y: "Un debate del que el líder socialista se ausentó en el Congreso de los Diputados, puesto que ayer por la noche emprendió su viaje a Estrasburgo para participar hoy en el pleno del Parlamento Europeo para dar cuenta del semestre de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, un debate en el que estará Carles Puigdemont como eurodiputado de Junts. Sánchez no fue el único que se borró del primer debate de la amnistía. Durante toda la tarde se produjo un goteo de ministros que entraban y abandonaban el hemiciclo, aunque la imagen general fue de mínimo apoyo hasta el momento de la votación al final de la noche".

Jornada clave este miércoles en la sede del Parlamento Europeo. Fotógrafos en alerta. "Pedro Sánchez no descarta un encuentro casual con Carles Puigdemont en los pasillos de Estrasburgo", asevera Vozpópuli. En el sumario, dos cuestiones: "Moncloa asegura que no habrá ninguna reunión más allá de las previstas en la agenda. Pero que, en caso de que el expresidente catalán se cruce con el presidente del Gobierno, puede haber algún saludo". La historia es de Javier Portillo, quien escribe que "si hay una foto buscada hoy día es la de Pedro Sánchez con Carles Puigdemont. El presidente del Gobierno arranca este miércoles un viaje que le llevará a Estrasburgo y a Bruselas hasta el viernes. Y por allí está el expresidente catalán, flamante eurodiputado independentista y pieza clave de la gobernabilidad de España. Fuentes oficiales precisan que el jefe del Ejecutivo no mantendrá ninguna reunión más allá de las previstas en la agenda. Pero lo cierto es que estas mismas fuentes explican que, en caso de que el líder de Junts se cruce "casualmente" con el secretario general del PSOE, puede haber algún un saludo. El entorno de Puigdemont no responde cuando se le pregunta".

Sigue Portillo: "Hace tiempo que el PSOE dio comienzo a la operación blanqueo de Puigdemont en previsión de que los votos de Junts pudieran ser determinantes para revalidar la coalición. Cabe recordar que el propio número tres de Ferraz, el secretario de organización, Santos Cerdán, tuvo su primer contacto con el expresidente de la Generalitat en marzo, cuatro meses antes de las elecciones del 23-J. Y en todo este tiempo Cerdán se ha visto en varias ocasiones con él. La última, al menos que haya trascendido, fue el pasado 2 de diciembre en Ginebra (Suiza) junto al diplomático salvadoreño Francisco Galindo -el famoso mediador-. Pero ahora es el Gobierno el que va un paso más allá. No solo porque el equipo de Sánchez no descarta tajantemente el cruce con Puigdemont, sino porque Moncloa lleva varios días emitiendo un mensaje directo cargado de significado. "Sin estar todavía aprobada [la ley de amnistía], hay efectos positivos que son claros. Todos los actores [en referencia a Junts, el partido de Puigdemont] estamos bajo el mismo paraguas: la política. Y bajo el mismo mecanismo: el diálogo, la Constitución y mejorar la convivencia", precisa una fuente del núcleo duro del presidente. En el PSOE emiten la misma opinión. "Solo el hecho de que ellos se sienten a negociar de política española es un logro impresionante", explica un destacado socialista".

Con el procés de gira por Madrid y Estrasburgo, la actualidad política catalana remite al desbarajuste de la política de personal de la cámara autonómica. "El Parlament de Cataluña revisa los pagos a funcionarios que no acudían a trabajar y las primas denunciadas por Antifrau", apunta El País. Escribe Marc Rovira: "El Parlament de Cataluña ha procedido a revisar la concesión de las licencias por edad, permisos para cobrar sin trabajar, que se reconocieron a diversos funcionarios de la institución, así como el régimen de retribuciones salariales que un grupo de trabajadores parlamentarios recibió en concepto de prima por jubilación o premio de fidelidad, por llevar más de 25 años trabajando en la cámara catalana. Los servicios técnicos del Parlament se han activado tras un informe de la Oficina Antifrau de Catalunya que señala 10 casos y prácticas irregulares en materia de personal y de derecho de acceso a la información pública. El Parlament admite que al menos dos de las catorce licencias de edad otorgadas en 2021 “no estaban bien concedidas”. Estas licencias, ya revocadas, implicaban la posibilidad de pasar los últimos cinco años de vida laboral sin acudir al puesto de trabajo, y conservando prácticamente la integridad del sueldo. Un informe del secretario general del Parlament indica que la institución “no tenía la opción de desestimar las solicitudes presentadas”, pese a que durante la tramitación “se podía saber que se preparaba la modificación de las normas que regulaban la licencia”. Estos beneficios laborales se cancelaron en 2022, después de que fueran revelados públicamente por los medios de comunicación. Los funcionarios prejubilados han tenido que reincorporarse a sus tareas, pero pueden teletrabajar toda la jornada".

Continúa el texto: "En octubre, la Oficina Antifrau de Catalunya remitió al Parlament un informe donde señala una serie de prácticas irregulares en materia de personal y de derecho de acceso a la información pública. La actuación de Antifrau empezó a raíz de una denuncia anónima que exponía “posibles irregularidades en materia de personal y transparencia”. En relación a los sueldos, Antifrau puso el foco en las licencias por edad, una prerrogativa que permitía a los funcionarios más veteranos seguir cobrando sin presentarse al lugar de trabajo, y en las primas por jubilación y premios de vinculación. Se trata, en estos casos, de pagas extra, de hasta una anualidad entera, que reciben los funcionarios a modo de reconocimiento por su larga trayectoria en el puesto. Los servicios técnicos del Parlament han decidido congelar estos pagos".

El Govern, por su parte, afronta la gestión del día a día con la habilidad de un pollo sin cabeza. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, "triunfa" en el Financial Times con un artículo en el que advierte a Sánchez de que tendrá que pactar un referéndum mientras en el atril de la sala de prensa del Palau el consejero climático, David Mascort, y la inefable portavoz Plaja dan cuenta de las restricciones que se avecinan a causa de la sequía. "El Govern impondrá el cierre de las duchas en las instalaciones deportivas por la sequía", señala al respecto La Vanguardia. El texto viene con la firma de Àlex Tort y arranca así: "Los embalses de las cuencas internas de Cataluña están actualmente al 17,7% de su capacidad. Las previsiones meteorológicas a corto plazo no son halagüeñas, por lo que la Generalitat da por descontado que el sistema Ter-Llobregat llegará al 16%, momento en el cual tendrá que activar la fase de emergencia. Si no cambia nada, será en enero. Hace meses que el Govern se prepara para ello y en este sentido ha establecido medidas, añadidas a las ya estipuladas en el Pla Especial de Sequera, creado en el 2020, para preservar al máximo el abastecimiento de agua y retrasar esa entrada en enero de la fase de emergencia. Afectarán sobre todo al turismo, a la industria y a la ganadería, pero también se reducirán los caudales ambientales en los ríos Muga, Ter y Llobregat. Y habrá imposiciones concretas, como el cierre de las duchas en instalaciones deportivas para que los deportes federados puedan proseguir con el riego y el llenado de piscinas".

Sigue el texto: "Las iniciativas serán efectivas tan pronto como se active la fase de emergencia. Son medidas complementarias que intentarán paliar en parte los 37 meses que acumula Catalunya con un régimen de lluvias por debajo de la media. La Generalitat hace días que comparece los martes, tras la reunión del Consell Executiu, acompañado del lema "El agua no cae del cielo". El conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, ha sido el encargado de dar cuenta de las nuevas restricciones que se fijarán en los sectores del turismo, la ganadería intensiva, urbanismo y los usos industriales. El objetivo es “no incrementar la demanda de agua en el actual contexto de sequía”. Así, en lo que se refiere al turismo y la industria, la Generalitat declarará la incompatibilidad temporal, mientras dure el estado de emergencia, de crecimiento de proyectos o inicios de actividades, que para desarrollarse con garantías necesitan de un uso importante de agua, en sector turístico, industrial, servicios, comercial y agroindustria. Para el sector del urbanismo, el Ejecutivo catalán advierte directamente de la “incompatibilidad temporal de nuevos planeamientos urbanísticos”, sin precisar cualquier cantidad de uso de agua. Por poner un ejemplo de tintes políticos, que tensa entre otros al PSC con ERC, el Hard Rock sería inviable de aprobarse el proyecto durante un estado de emergencia. En cualquier caso, Mascort ha recordado que el Hard Rock está en el marco de una cuenca hídrica que está en prealerta y que "en poco estará en situación normal"".

13 de diciembre, santoral: Lucía, Antioco, Aristón, Otilia, Auberto, Eustracio, Judoco, Mardario y Orestes.