Aterrizaje en Ginebra y primer juicio suspendido por la amnistía

Salvo giro de guión o sorpresa de última hora, Ginebra es la ciudad donde arranca la nueva fase de negociaciones entre el PSOE y Junts per Catalunya (JxCat). Eso es al menos lo que cabe inferir de la llegada anoche a la ciudad suiza de la presidenta del grupo de Puigdemont en el Congreso, Miriam Nogueras, y del secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán. Se supone que a la cita asistirá también el antedicho Puigdemont y el secretario general de su partido, Jordi Turull. En la alineación socialista, Cerdán aparte, hay más dudas que certezas. 

Parece ser que la intención de ambos partidos era acometer un proceso de contactos y reuniones discreto, pero un enjambre de informadores esperaba a los negociadores en el aeropuerto de Ginebra. Se trata del tipo de "presión" que querían evitar. Nogueras, además, recibió insultos al abandonar las instalaciones aeroportuarias. 

Los medios oscilan entre los términos "secretismo" y "clandestinidad" para perfilar el contexto de la primera reunión tras la investidura del PSOE y Junts. La promesa es que cuando haya acuerdos, estos se harán públicos. Pero en los editoriales prima la tesis de que las negociaciones no están presididas por la transparencia y que bien podrían llevarse a cabo en España con la participación telemática del vecino de Waterloo. Pero ante la ocasión no se repara en gastos. Todos a Suiza, un país históricamente decantado a favor de las tesis independentistas y donde Marta Rovira y Anna Gabriel gozan de gran prestigio social en calidad de refugiadas. 

"Líderes de Junts y PSOE llegan a Ginebra para negociar el referéndum y la fiscalidad de Cataluña", apunta un titular de El Español. El texto es de Diego Rodríguez Veiga: "Los líderes de Junts y PSOE han llegado este viernes a la ciudad suiza de Ginebra para celebrar su primera reunión con verificadores internacionales tras el pacto de investidura de Pedro Sánchez. Todos ellos se verán este sábado para negociar, entre otras cuestiones, el referéndum de autodeterminación de Cataluña y una nueva fiscalidad para la comunidad autónoma, dos de las exigencias de Carles Puigdemont. La primera que ha hecho su aparición en el aeropuerto de Ginebra ha sido la portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras. Lo ha hecho sobre las 18.30 horas y no se la ha visto acompañada, aunque Puigdemont ha dicho en varias ocasiones que él también acudirá a la negociación. Hora y media después, sobre las 20.30, ha aparecido en el mismo aeropuerto el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, que también fue el encargado de negociar la investidura de Sánchez directamente con Puigdemont. Cerdán ha llegado acompañado de su número dos, el diputado socialista Juanfran Serrano".

Sigue la pieza: "Aunque Nogueras no ha querido hacer declaraciones ante los medios congregados en el aeropuerto, Cerdán sí que ha dicho a la prensa que "mañana tendréis noticias". Con sus palabras deja entrever que quizás haya algún tipo de comunicado conjunto tras la reunión. Si bien las partes no quieren hacer público quiénes son los verificadores, alegan que para evitar presiones, sí que se conocerá a un portavoz. Tal y como adelantó este jueves en exclusiva El Español, participará como verificador el Centro Henri Dunant para el Diálogo Humanitario. Se trata de una organización diplomática privada con sede en la capital suiza que ya medió entre el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y la banda terrorista ETA".

Pues blanco y en botella o verde y con asas. Tras la aparición de Nogueras y luego de Cerdán, el periodismo ha atado cabos. En la previa de este primer encuentro, Puigdemont se dedicó a caldear el ambiente contra el Poder Judicial con un texto en su cuenta de Instagram en el que llama "cuervos togados" a los miembros del estamento, jueces y fiscales mayormente. También ha escrito que se les ha puesto cara de general Pavía, el espadón que, contra la leyenda, no entró a caballo en el Congreso pero que sí lideró un golpe de Estado como los de antes. Un clásico. 

En El Nacional es Jordi Martín quien da cuenta de los exabruptos de ese fino estilista afincado en Bélgica: "El president Carles Puigdemont ha dedicado unas palabras de valoración de la situación política actual, con los sectores conservadores de la judicatura española en guerra abierta contra la futura ley de amnistía al procés y contra la reciente investidura de Pedro Sánchez apoyándose en el independentismo catalán, la izquierda española y los partidos vascos y gallegos. A través de un mensaje en Instagram, Puigdemont ha querido recordar la "actividad intensa" y las "presiones" de los últimos meses y la que vive estos días, que "hace años que hemos aprendido a aguantar" ante "ataques y amenazas", y ha aprovechado para cargar con dureza contra los "cuervos togados" que "se revuelven y enseñan garras y colmillos", en referencia a los últimos movimientos del CGPJ y el Tribunal Supremo".

Y: ""Sabemos que la represión contra el independentismo no se detendrá del todo mientras no seamos una república libre de todo vínculo con las estructuras franquistas", ha valorado al líder de Junts, que ha asegurado que a los jueces que se manifiestan abiertamente contra una amnistía que todavía no existe ni se ha aprobado al Congreso y que hacen todo lo que está de su mano a las instituciones para poner palos en las ruedas a cualquier acuerdo con el independentismo o intento de regeneración progresista en el Estado "se les pone la cara del general Pavía"".

Franquismo, Pavía y los cuervos... Puigdemont está on fire.

Más noticias en torno a la amnistía. "Un juzgado de Girona suspende por primera vez un juicio en previsión de que se apruebe la ley de amnistía", avisa El País. La pieza viene con la firma de Marta Rodríguez: "El Juzgado de lo Penal Número 2 de Girona ha sido el primero en suspender un juicio vinculado al procés en previsión de que sea aprobada la ley de amnistía. Los próximos 12 y 13 de diciembre debían ser juzgados tres hombres y una mujer por el corte de las vías del AVE en octubre de 2018, durante las protestas organizadas en el primer aniversario del referéndum ilegal del 1-O. Están acusados de delitos de desórdenes públicos, atentado, daños y lesiones leves. Se enfrentan a cuatro años de prisión y multas por valor de 12.150 euros. Pero la defensa solicitó la suspensión del juicio esgrimiendo la futura aprobación de la ley de amnistía, solicitud a la que se adhirió la Abogacía del Estado (los servicios jurídicos del Gobierno) y a la que se opuso la Fiscalía. La letrada de la administración de justicia (LAJ) ha estimado la petición porque, “de prosperar la aprobación [de la ley], habría hecho inútil la celebración de un juicio con alto coste material y personal”".

Continúa la pieza: "Los abogados de la defensa, Montserrat Vinyets y Benet Salellas, recordaron que ya ha sido presentada en el registro del Congreso de los Diputados la proposición de la Ley Orgánica de Amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña. La norma establece, entre otras cosas, que quedarán amnistiados "actos de desórdenes públicos, atentado a agentes de la autoridad y aquellos materialmente conexos desarrollados en las protestas relativas a la secesión de Cataluña". Los letrados sostuvieron que el caso de sus defendidos encaja en esos supuestos y que, con la suspensión, se evitaría "celebrar un juicio largo por unos hechos que después pudieran quedar amnistiados”. (...) El decreto del juzgado de Girona admite que la causa alegada para suspender "no está entre las causas objetivas de suspensión de señalamientos" y que “la ley de amnistía se halla al comienzo de su tramitación parlamentaria y no es vigente ni aplicable". Concluye, no obstante, que deben tenerse en cuenta aspectos en este señalamiento concreto; por ejemplo, que está señalado para dos días y tendría "un gran volumen de actuaciones y testigos", muchos de los cuales deben desplazarse desde varios puntos de España porque no han sido admitidas intervenciones telemáticas. La resolución añade que no se ha localizado a un testigo que para la Fiscalía "resulta esencial” y cuya ausencia fue el motivo de la tercera suspensión de este juicio. Además, sigue de baja de larga duración el agente de los Mossos d’Esquadra instructor de la causa".

Pues nada, a otra cosa y menos papeleo. 

Sin salir del monotema, El Mundo concluye que "El PSOE dio carta blanca al lawfare a cambio de quitarlo de la Ley de Amnistía". Escriben Esteban Urreiztieta y Ángela Martialay: "Excluir el término lawfare de la proposición de Ley de Amnistía a cambio de tener vía libre en su inclusión en el pacto político. Así fue el intercambio de cromos entre el Partido Socialista y Junts. El objetivo jurídico del canje: pasar el filtro del Tribunal Constitucional. El fin político perseguido por los socialistas: investir a Pedro Sánchez presidente del Gobierno. El objetivo de Carles Puigdemont: avalar su tesis de prófugo político perseguido por la Justicia española y propiciar la revisión de la aplicación de la Ley de Amnistía por parte del Parlamento, al margen de lo que dictaminen los tribunales".

Sigue la nota: "Según informan fuentes conocedoras de los términos en los que se produjeron las conversaciones entre socialistas y postconvergentes a El Mundo, el borrador de la Ley de Amnistía llegó a incluir un párrafo que hacía referencia, a petición de Junts per Catalunya, al denominado y controvertido lawfare. Tanto los equipos negociadores del PSOE como el dirigido por el ex presidente catalán Carles Puigdemont llegaron a incorporar la redacción de un artículo que contemplaba la posible existencia de una persecución a los independentistas por parte de la Administración de Justicia tras la celebración del referéndum ilegal del uno de octubre. Este párrafo, que constituyó uno de los principales puntos de fricción de las negociaciones, no incluyó nunca expresamente el controvertido término anglosajón que hace referencia a los montajes y persecución judiciales sino que desarrollaba este concepto de manera genérica para intentar, de esta manera, sortear al Constitucional. Tras analizar las sucesivas versiones intercambiadas del texto legal, los socialistas pidieron a Junts retirarlo por completo de la Ley a cambio de permitir incluir esta cuestión, eso sí, sin limitación alguna, en el acuerdo político".

Junts está en fase de reconstrucción tras haber tomado la senda de un cierto pragmatismo no exento de algunas idas de olla. De ahí que personalidades como las de Laura Borràs y su círculo de confianza no encajen del todo en el nuevo contexto. Ellos desembarcaron en el partido para levantar la DUI, no para negociar en Ginebra. "El sector pragmático de Junts urde un plan para aislar a Borràs y apartar a sus colaboradores", apunta al hilo El Confidencial. La información es de Antonio Fernández: "La tensión en la cúpula de Junts per Catalunya (JxCAT) ha terminado por explotar. Era cuestión de tiempo, pero la (mala) convivencia de las familias posconvergentes con las recién llegadas estaba destinada a pasar factura. Los problemas se presentaron en formato de carta de la mayoría de los diputados contra Aurora Madaula, miembro de la Mesa del Parlament y, junto con Francesc Dalmases, uno de los pocos apoyos de Laura Borràs en la Cámara catalana. Un total de 21 parlamentarios de los 32 que componen el grupo firmaron un documento esta semana pidiendo la dimisión de Madaula por tomar decisiones sin consultar al resto, así como su salida del partido. Dalmases, de hecho, ya renunció como vicepresidente de la organización en octubre de 2022 tras un tenso episodio de acoso laboral contra una periodista de TV3. El movimiento refleja un plan para aislar a Borràs en la formación y apartar a sus afines".

Y: "En la carta faltaban las firmas del presidente del grupo, Albert Batet, que guardó las formas, de la propia Madaula y de Titón Laïlla, diputada en representación de Demòcrates de Catalunya, que entendía que el asunto era una cuestión interna de JxCAT y, por lo tanto, se abstuvo. Solo ocho diputados rechazaron expresamente firmar la misiva por estar en contra de ella, la mayoría de ellos procedentes de la familia de advenedizos de Junts: el abogado Jaume Alonso-Cuevillas, el expresidente de la Cámara de Comercio Joan Canadell, Francesc d’Asís Dalmases, Cristina Casol, Pere Albó (diputado en representación de Moviment d’Esquerres de Catalunya, MES), Ester Vallès, el fugado Lluís Puig y Antoni Castellà, curiosamente presidente de Demòcrates. "Es el reflejo de lo que pasa en el partido. Hay una lucha a muerte para arrinconar al sector laurista [de Laura Borràs], pero que cuenta con el apoyo en la sombra del secretario general de Junts, Jordi Turull, que quiere volver a articular un partido serio tipo Convergència y dejarse de experimentos inútiles que van jibarizando al partido", explica a El Confidencial una fuente independentista. El conflicto está servido. El coordinador de la carta de protesta fue David Saldoni, adjunto al secretario general y responsable de política municipal".

Pudiera ser, por otra parte, que ERC y el Govern de la Generalitat hayan hecho el negocio de las cabras con el traspaso de Rodalies. Ahora resulta que el Ejecutivo pone en oferta el servicio en el resto del país. Es lo que dice este titular de La Vanguardia: "El Gobierno abre la puerta a traspasar Cercanías a todas las comunidades". Escribe David Guerrero: "El traspaso de Rodalies ha abierto un melón que ni en el propio Gobierno saben el alcance que puede llegar a tener. De la misma manera que se van a transferir las competencias a la Generalitat de Catalunya, el Ministerio de Transportes se muestra dispuesto a hacerlo al resto de comunidades autónomas si así lo solicitan. En ese sentido, el jueves sorprendió el gobierno andaluz del popular Moreno Bonilla posicionándose a favor del traspaso de Cercanías a la Junta de Andalucía, siguiendo los pasos de Catalunya y el País Vasco. El ministro Óscar Puente ha recogido este viernes el guante y se ha mostrado “dispuesto a dialogar dentro del marco legal” con todas aquellas autonomías que puedan estar interesadas en asumir las competencias del servicio en base a lo permitido por la ley ferroviaria. "Si se rompe España por cederle las Cercanías a Catalunya, a ver si se va a romper un poquito más si las transferimos también a Andalucía, o a lo mejor es que no se rompe y forma parte de una gestión descentralizada del país", ha ironizado Puente tras su intervención en una jornada sobre movilidad sostenible organizada por Eldiario.es. Esa descentralización, se quiera o no, en la próxima década es una vía que deberá tomarse para cumplir con la normativa europea que obligará a liberalizar los servicios regionales igual que se hizo con la alta velocidad".

Y: "Óscar Puente ha aprovechado su primera visita como ministro a Catalunya para tener una primera toma de contacto con la consellera de Territori, Ester Capella, y su equipo. A ambas partes les espera un largo camino por delante de negociación política, pero sobre todo de trabajo técnico, en el que se deberán encontrar fórmulas novedosas nunca utilizadas hasta ahora para dar forma y concreción al traspaso de Rodalies acordado por el PSOE y ERC en el pacto de investidura de Pedro Sánchez. Por lo pronto, Puente evita ponerse fechas concretas para dar los primeros pasos y reconoce que "el tema es complejo y va a llevar un tiempo".

2 de diciembre, santoral: Bibiana, Adria, Anselmo monje, Aurelia, Constantino abad, Habacuc, Martana, Nono, Pimenio, Seguro y Silverio papa.