Historias de una Barcelona sin barceloneses

Barcelona no es para los barceloneses. La capital catalana es demasiado cara para lo que gana un ciudadano medio. Los alquileres son inalcanzables. El turismo y el teletrabajo abogan por los alquileres de temporada, por las estancias breves y por perfiles profesionales de extranjeros a los que dos mil euros al mes por un piso en el Eixample o en el Poblenou les parece una ganga. Los jóvenes "autóctonos" no tienen futuro en la ciudad gobernada por Ada Colau, la alcaldesa que surgió de la Plataforma Antidesahucios (PAH) para solucionar el problema de la vivienda. La apuesta no ha dado resultado. 

El País publica un reportaje que pone de relieve que el infierno está empedrado de buenas intenciones. La peatonalización de la calle Consell de Cent está provocando una oleada especulativa cuya primera consecuencia es la expulsión de los vecinos "de toda la vida". Así lo cuenta Clara Blanchar: "Si se entra en los portales inmobiliarios y se busca piso de alquiler en la calle de Consell de Cent de Barcelona aparecen anuncios que piden hasta 7.700 euros al mes. Son los de gama alta, probablemente alquiler de temporada, pero en la franja baja no hay nada por menos de 1.500 o 1.800 y abundan los que piden entre 2.000 y 5.000. La transformación de esta calle del Eixample en un “eje verde”, sin coches, del programa Superilla de la alcaldesa Ada Colau, revalorizará los pisos y las inmobiliarias y consultoras auguran una subida de los precios. En un mercado del alquiler ya muy tensionado, donde la renta media en Barcelona se quedó el año pasado a tres euros del salario mínimo (1.077 euros), la mejora del espacio público empujará todavía más los precios y amenazará a los vecinos de la zona. Ya hay inversores buscando fincas o pisos para reformar, aseguran. Y se está produciendo un cambio de usos de oficinas a residencial por el alza de precios, explican fuentes del sector inmobiliario".

Sigue Blanchar: "Las inmobiliarias de la zona consultadas (Eurofinques o GP) no dudan de que los precios subirán, aunque recuerdan que están disparados desde que el Tribunal Constitucional anuló la limitación de precios en Cataluña. Inmobiliarias como Fotocasa sitúan los aumentos entre el 10% y el 15%. La Xarxa de Vivienda de la Izquierda del Eixample lamenta que la Superilla es un martillazo más al clavo de la gentrificación: el alza de precios que se produce en paralelo a las mejoras urbanas. “No es el apocalipsis, pero apuntala dinámicas de ciudad, será una capa más en la expulsión de vecinos”, alerta Albert Freixa, portavoz de la red. Esta entidad tiene el ojo puesto en las fincas de propiedad vertical, susceptibles de ser adquiridas por fondos de inversión con la intención de reemplazar a los vecinos tradicionales por perfiles de mayor poder adquisitivo. Solo entre Vilamarí y Balmes han contado 46 de estos edificios. De los bloques ya comprados el más conocido es Casa Orsola, en el chaflán entre Consell de Cent y Calàbria. Sus inquilinos se han convertido en el faro de la lucha por los alquileres asequibles en la ciudad y se están quedando en los pisos aunque se les acabe el contrato. El caso está en los juzgados. Mientras, el precio de los que se han vaciado y reformado supera los 2.500 euros".

Idéntica situación se produce en el Poblenou. "Los nómadas digitales expulsan a los jóvenes del Poblenou", titula La Vanguardia al respecto. El texto es de Begoña Gómez Urzaiz y destacan estas líneas: "Eduardo Fortes, un asesor inmobiliario que trabaja en la zona desde el 2015, confirma que en ese intervalo, menos de una década, los precios se han duplicado, sobre todo en el alquiler. “Los pisos por los que en el 2016 pagabas 900 ahora están a 1.800”. Los caseros, dice, prefieren alquilar para estancias temporales de un máximo de once meses para maximizar sus ganancias y un rápido vistazo a Idealista lo deja claro: abundan los pisos que se ofertan para alquileres temporales, muchos en torno a los 2.500 euros por viviendas de menos de 90 metros cuadrados".

Y: "“La gente de aquí no puede pagar los alquileres. Lo que tenemos son muchos ingleses, franceses, nórdicos, personas que teletrabajan o que tienen empleos muy bien pagados en el 22@ y todos piden pisos por la rambla, Pujades, Marià Aguiló o ya en el paseo marítimo. Hemos vivido situaciones en las que un piso está listado a 1.500 y te ofrecen 1.800 para quedárselo a la primera, porque hay poca oferta”, resume Fortes. No es nada que no haya sucedido en otras zonas de Barcelona, pero el barrio tiene sus particularidades. El antiguo distrito de las fábricas va por su tercera oleada de gentrificación en apenas 30 años. La zona ya se transformó con la creación de la vecina Vila Olímpica y volvió a cambiar cuando, en el año 2000, se conceptualizó el 22@ como una manera de reconvertir esos antiguos locales fabriles en sedes de empresas tecnológicas. Todo eso sucedió antes de esta última gentrificación, liderada por nómadas digitales de Estados Unidos y el norte de Europa enamorados de un barrio con encanto al lado de la playa".

En ese contexto, el candidato del PSC a la alcaldía, Jaume Collboni, se ha propuesto conseguir el regreso de las firmas que se dieron el piro tras la "jugada maestra" encabezada por Puigdemont y Junqueras en 2017. "Collboni negocia un plan con Moncloa para la vuelta de empresas que salieron por el procés", apunta El Confidencial, que añade en el sumario que "El calendario del plan fija un periodo de cinco años para completar esta operación, en la que se están implicando varios ministerios económicos. Se busca seguir el modelo de éxito implantado en Quebec". El texto es de Iván Gil y arranca así: "Bonificaciones fiscales, marco de diálogo institucional e inversiones en infraestructuras tractoras. El ex primer teniente de alcaldía de Barcelona y candidato por el PSC el próximo 28-M, Jaume Collboni, está interlocutando con el Gobierno para cerrar un plan con el objetivo de favorecer el retorno de las empresas que salieron de Cataluña por el procés. Según fuentes cercanas a las conversaciones, que se han intensificado durante las últimas semanas con la implicación de diferentes ministerios económicos, el plan se presentará en los próximos días y tendrá como principal aliciente para la vuelta de empresas la creación de incentivos fiscales, una oficina técnica específica y un marco de diálogo institucional entre las diferentes administraciones local, autonómica y estatal".

El día va de expulsiones. Barceloneses fuera de Barcelona y la Guardia Civil fuera de Cataluña. "Interior disuelve dos grupos de la Guardia Civil en Cataluña, el "peaje del Gobierno" a ERC", advierte El Independiente. La pieza viene con la firma de Iva Anguera de Sojo: "Desde que estalló el procés independentista, la Guardia Civil ha perdido un millar de agentes en Cataluña. Los agentes que llegan a esta comunidad son casi siempre recién salidos de la academia, nadie escoge Cataluña como destino mientras el Ministerio del Interior se resiste a declararla Zona de Especial Singularidad, como sucede en el País Vasco. «El principal problema» de los agentes de la benemérita en Cataluña «es que sentimos que una parte minoritaria de la sociedad catalana no nos quiere y tenemos la sospecha de que el Gobierno parece apoyar esa idea» concluye el secretario general de Jucil, Ernesto Vilariño".

Sigue Anguera: "Este mes de abril se ha ordenado la eliminación del Grupo de Rescate de Montaña de Puigcerdà (Girona) y la disolución del Gedex --desactivación de explosivos-- de Lleida. Son los últimos pasos de lo que desde la Asociación Justicia para la Guardia Civil (Jucil) denuncian como un lento pero inexorable proceso hacia la desaparición de la Guardia Civil en Cataluña. Dos decisiones que «no tienen ningún sentido operativo» denuncia Vilariño. Y que ejemplifican el «pago de un peaje político» por parte del Gobierno de Pedro Sánchez a sus socios independentistas. Una situación que se suma a la «demonización» del cuerpo en esta comunidad y a las maniobras para frenar su actividad en Cataluña. El ejemplo más claro, la expulsión de la Guardia Civil del número de emergencias 112, que gestiona la Generalitat. Los avisos no llegan, o llegan tarde, a la benemérita. Aunque se trate de rescates de montaña o en el mar, ámbitos en los que la Guardia Civil conserva las competencias en la comunidad junto a la vigilancia aduanera, de aeropuertos, fiscal y el Seprona".

Coletazos del roto informático del Hospital Clínic. Los piratas informáticos han cumplido su amenaza y publicado datos de pacientes con enfermedades infecciosas, según explica Arnau Lleonart en Vilaweb: "RansomHouse ha publicat un nou paquet de dades robades de l’Hospital Clínic de Barcelona, que s’afegeixen als arxius que van publicar a final de març. Tal com van amenaçar en un comunicat, la resposta al ciberatac dels Mossos d’Esquadra, que va fer-los caure la pàgina web a la internet fosca, ha estat publicar dades privades de pacients amb malalties infeccioses, a més d’un munt de documentació interna sobre treballadors i materials diversos de l’hospital. Tal com ha pogut comprovar VilaWeb, entre els arxius publicats pels pirates informàtics hi ha volants de derivació entre hospitals de l’any 2014. Inclouen informació delicada, com ara el nom complet del pacient, l’adreça de casa, el número de telèfon, el de la targeta sanitària i el de la història clínica, el diagnòstic i el tractament que segueixen. La gran major part són pacients derivats als serveis de malalties infeccioses, però també n’hi ha amb unes altres patologies. A banda, als volants de derivació també hi ha informació dels sanitaris i l’hospital que deriva cada pacient".

Hoy está prevista la comparecencia del presidente del F. C. Barcelona para hablar del caso Negreira. A modo de prólogo, El Mundo publica una nueva entrega en la que avisa de que una auditora avisó al Barça que Laporta elevó un 102% los pagos al que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. La información es de Esteban Urreiztieta: "La auditora KPMG advirtió al Barcelona en octubre de 2010 de que Joan Laporta disparó los pagos al número dos de los árbitros y precisó que los abonos a una de las sociedades de José María Enríquez Negreira, Nilsad, habían experimentado un súbito incremento. Hasta el extremo de que la facturación de esta sociedad, sólo una de las que conforman el conglomerado de entidades empleadas por el ex árbitro, aumentó un 101,9% en una temporada. Asimismo, el informe de auditoría llamó la atención sobre los supuestos conceptos que habían motivado el aumento: «Grabación de partidos disputados por la selección española sub 21 y por la selección absoluta en la Copa Confederaciones celebrada en Sudáfrica»".

Continúa el texto: El Mundo ha tenido acceso al informe que encargó el club tras la salida de Laporta después de siete años (2003-2010) como máximo responsable del club azulgrana. El documento lleva por título Proyecto Gol Due diligence financiera/contable y fue entregado a la directiva del Barça apenas cuatro meses después de la salida de Laporta. De este documento el club sólo hizo públicas algunas conclusiones siendo ya presidente Sandro Rosell, pero se reservó salvedades puestas por los auditores como la que afectaba al dirigente arbitral y que desvela ahora este periódico. Pese a las objeciones de la auditoría, los pagos a Negreira se mantuvieron durante ocho años más, hasta que éste dejó de ser la mano derecha de Victoriano Sánchez Arminio en el organismo que dirige el arbitraje en España. En este exhaustivo informe, compuesto por medio millar de páginas, los técnicos de KPMG ponen un sinfín de objeciones a la gestión económica del club y se centran, entre otros elementos, en la contratación de «servicios profesionales independientes»".

En paralelo, La Vanguardia predice que "Laporta anunciará que el club pedirá ser acusación y se reserva señalar a Rosell y Bartomeu". La bronca está servida, corregida y aumentada. El texto es de Toni Muñoz: "El FC Barcelona está dispuesto a acusar a Sandro Rosell y a Josep Maria Bartomeu en el caso Negreira si durante la investigación se encuentran irregularidades. Joan Laporta anunciará hoy en la esperada rueda de prensa sobre el escándalo que el Barça solicitará ejercer la acusación particular en el delito de administración desleal para aclarar si hubo dirigentes que aprovecharon los pagos al exárbitro para meter la mano en la caja. El presidente considera que el patrimonio del club puede haberse visto perjudicado por la actuación de determinados exdirectivos o personas vinculadas al club y ha ordenado a sus abogados que propongan a la juez del caso que el club pueda personarse como acusación y defender sus intereses. El pasado viernes los abogados del club comunicaron la nueva estrategia a los letrados de Rosell y de Bartomeu, Pau Molins y José María Fuster-Fabra, como han confirmado ambos a La Vanguardia. Sin embargo, el Barça trasladó en esa conversación que a estas alturas del proceso judicial, la directiva no tiene intención de cargar las tintas contra los dos expresidentes. De hecho, se han producido reuniones entre sus abogados y los representantes del club para fijar un rumbo unitario para defender que el Barça no compró árbitros durante los 17 años en los que le abonó 7,3 millones".

Y: "Laporta, durante su intervención de hoy, asegurará que a estas alturas no tiene ningún motivo para sospechar de la actuación de sus predecesores, pero señalará que la Fiscalía plantea la hipótesis de que hay dinero del club que puede haber acabado en manos de terceras personas con lo que se ve obligado a defender el patrimonio de la entidad personándose como acusación particular. En el caso de que se hallen irregularidades respecto a Rosell o Bartomeu, el Barça actuará".

17 de abril, santoral: Aniceto papa, Acacio de Melitene, Donnan abad y compañeros, Inocencio de Tortona, Pantagato de Vienne, Roberto de Chaise-Dieu, Roberto de Molesmes y Ustazades y compañeros.