Menos presión y cortes horarios: el agua se acaba

La pertinaz sequía. Goteo de informaciones relacionadas con las posibles restricciones si en los próximos meses no cae una especie de Diluvio universal que recomponga los pantanos y aleje el fantasma de los grifos secos. Las piscinas y los campos de golf van a ser el chocolate del loro en comparación con la que se avecina, que no es precisamente una tormenta. Las predicciones a medio y largo plazo abundan en una primavera calurosa y seca. Y el verano ya es de suyo seco y caluroso.

La Generalitat y algunos ayuntamientos han empezado a elaborar planes de contingencia, unos proyectos que pasan fundamentalmente por advertir al personal de que el agua se agota, que los embalses están vacíos y que las restricciones se notarán en el concepto "agua de boca". Tirar de la cadena empieza a ser un gesto de derroche, un auténtico despilfarro. Como dejar que corra el agua de la ducha o el del lavabo. Cocer alimentos en agua se puede convertir en algo mucho más caro que utilizar aceite de oliva virgen extra. Estamos a un paso de las rogativas. Se necesita un milagro del tipo de convertir el vino en agua.

Este domingo es La Vanguardia quien alerta a sus lectores del escenario que se dibuja en el horizonte. "La región de Barcelona está abocada a restricciones de agua si no llueve", apunta el diario de papel decano sobre un texto de Antonio Cerrillo: "“La reducción de la presión del agua en la red de abastecimiento es uno de los escenarios que hemos previsto en la fase más grave de la emergencia por la sequía”, señala Joan Herrera, responsable del área de energía y medio ambiente del Ayuntamiento de El Prat de Llobregat. También el Ayuntamiento de Barcelona ha incluido medidas extremas en su plan de emergencia para afrontar el peor de los escenarios, incluida la bajada de la presión de la red y cortes de suministro horarios, según explica a este diario Eloi Badia, edil barcelonés de Emergència Climàtica. Son dos ejemplos de cómo los municipios de la región de Barcelona y Girona (abastecidos principalmente por el Ter y Llobregat) ven cada vez más cerca la amenaza de las restricciones domésticas si no llueve; mejor dicho, si no llueve y mucho. Más de 30 meses sin apenas precipitaciones han mermado el volumen de agua en los embalses hasta quedarse en la cuarta parte de su capacidad (el 27%)".

Líneas después añade Cerrillo que "fuentes de Agbar (compañía que presta el servicio en 23 municipios metropolitanos) sostienen que, para llevar a cabo el control y regulación de las nuevas dotaciones de agua “una de las variables sobre las que se puede actuar es una reducción de la presión del agua y los posibles recortes horarios”. Un recorte de la presión del agua, admiten, podría tener un mayor efecto sobre los pisos más altos, mientras que las plantas bajas apenas lo notarían, precisan. “Los técnicos nos advierten de que si se tienen que producir cortes horarios, hay un riesgo de que se vean afectadas las conducciones”, matiza Joan Herrera. “Esos cortes no garantizan un menor consumo de agua, ya que si se producen roturas en las conducciones, sería peor”, añade".

Sombrío panorama a pesar de que el consumo de agua de los barceloneses no es precisamente alto, según un apunte de la misma información: "Cada ciudadano del área de Barcelona, tras la gran sequía del 2007-2008, consume en casa de media 105 litros por persona y día (rozando el mínimo de los 100 litros por persona y día que recomienda la OMS). Pero todo esto no basta ante el descenso de reservas".

En política, pocas novedades. El procesismo sigue adelante, impasible el ademán, ni un paso atrás y tal. Parece que aún no se ha acabado la larga y tediosa digestión del 1-O. He ahí Marta Rovira, quien imparte lecciones de táctica y estrategia desde su refugio suizo. "Rovira apuesta por seguir avanzando hacia la secesión con las «correcciones» de lo aprendido en 2017", advierte un titular del Abc al que acompaña un texto que arranca así: "La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha apostado este sábado por «corregir lo que convenga» y seguir avanzando hacia la independencia de Cataluña, un camino que, según ella, es legítimo, no ha acabado y debe continuar. Así lo ha defendido durante una entrevista en Catalunya Ràdio, en la que ha señalado que el secesionismo debe incorporar los aprendizajes del 1-O de 2017: «No lo conseguimos, es evidente. No supimos superar la ofensiva del Estado ni conectar con gran parte de la ciudadanía»".

Y: "Rovira, fugada de la Justicia española y residente en Suiza, ha destacado que el referéndum ilegal de 2017 permitió dar a conocer la lucha independentista en el extranjero, y que ahora es necesario «superar la represión política, porque el Estado, de democrático, tiene poco», así como mantener al movimiento activo, según ha dicho en el programa 'El Suplement' y recoge Ep".

Otra dirigente de ERC, la diputada Diana Riba, es la protagonista de la entrevista de El Nacional, donde muestra su satisfacción por el viaje a Madrid de la comisión del Parlamento europeo dedicada al caso Pegasus, también llamado "Catalangate". Sostiene Riba que el expediente le estallará en las manos a Pedro Sánchez cuando asuma este verano la presidencia de turno de la Unión Europea. También apunta que los eurodiputados se han quedado totalmente convencidos de que en España se espía a los independentistas. Ahí va una selección de las preguntas, que formula Jaume Vich, con sus respuestas:

Pregunta: ¿Qué lectura hace del paso de la misión por España? ¿Qué cree que aportará al informe?

Respuesta: La lectura positiva es que finalmente se ha hecho una misión en el Estado español que ha tardado un año en aprobarse en el comité porque no teníamos las mayorías para hacerlo. Se habían hecho en todos los otros estados donde había habido casos de espionaje, pero no se había podido hacer en España. Estamos muchos contentos con que se haya podido hacer y que se haya conseguido una agenda que, a pesar de las presiones para diluirla, ha tenido unas conclusiones mucho más detalladas de lo que es el Catalangate. Hemos conseguido una visión mucho más clara de cuáles son las leyes que están vigentes en el Estado para no poder hacer espionaje con programas como Pegasus. Esta visión conjunta la hemos conseguido. Hemos hecho entender al comité que, por mucho que haya 18 casos que digan que son legales [reconocidos por el CNI], la legalidad en el Estado español no permite dar autorización para espiar.

P: ¿Cree que la percepción de los eurodiputados ha cambiado después de visitar Madrid?

R: Antes de la misión quedaba claro que 18 casos eran legales y después de la misión hay muchas dudas de la legalidad. En el caso del Estado, en temas de espionajes, son leyes muy antiguas. Sí, han quedado más dudas que certezas. En relación a los 47 escuchados restantes [revelados por Citizen Lab], hemos quedado preocupados porque no se ha hecho ningún gesto de ninguna agencia española para aclararlos. Los han dejado de lado y eso también preocupa muchísimo. No ha entendido por qué dimitió la directora del CNI. ¿Si tan legal era por qué dimitió? Han quedado muchas dudas que no se han podido aclarar porque no hemos recibido respuesta.

P: ¿Qué ha percibido de sus compañeros de viaje, una comitiva de diez diputados procedentes de diferentes familias políticas?

R: No hay muchas diferencias entre los grupos políticos cuando cualquier eurodiputado hablaba sobre lo que está pasando en Europa con la utilización de forma ilegal de estos programas. La gran diferencia es cuando nos encontramos con cuestiones que afectan al Estado español. Cuando los socialistas o los populares del comité hacen reflexiones o preguntas que no tienen nada que ver con Pegasus, preguntas que son para defender que sí que estamos en un estado de derecho o que en este estado no se persiguen ideas. Este argumento cae por sí solo cuando se preguntan cuáles son los delitos que han cometido las 65 personas espiadas. ¿"Si no se persiguen ideas, cuáles son los delitos"? es la pregunta que se ha hecho repetidamente. De hecho, en la reunión con tres periodistas, uno de ellos reconoció que en España siempre se ha investigado por cuestiones políticas, a los vascos y a los catalanes, por el bien de la unidad de España. Esta frase cae como una losa encima de los demócratas que estábamos allí.

O sea que España, así en abstracto, es un gran hermano sólo para independentistas. Más noticias sobre la "represión": "Demanen 4 anys de presó per tallar la via de l’AVE i arriar una bandera espanyola", informa El Món. El texto es de Quico Sallés: "Al principi van ser 21 els encausats, i ara només en queden quatre. Així arriba dimarts a judici una macrocausa esperonada pels serveis d’informació policial, tant els del Cos Nacional de Policia com els dels Mossos d’Esquadra. Una operació policial que es va destapar amb una ràtzia de detencions a les comarques gironines, el 16 de gener de 2019, en què van ser arrestats, entre d’altres, els alcaldes de Verges (Baix Empordà) i de Celrà (Gironès), Ignasi Sabater i Dani Cornellà, tots dos de la CUP. Tot per la protesta del primer aniversari del referèndum d’independència de l’1-O del 2017, durant la qual es van tallar les vies de l’AVE a Girona i, com a acte simbòlic, es va arriar la bandera espanyola a la delegació del govern espanyol a la ciutat".

Vaya con la Policía y los Mossos. Haber avisado de que no se puede cortar el AVE. Líneas después Sallés da voz a uno de los que se sentarán en el banquillo de los acusados: "L’Òscar, un dels encausats, defineix l’operació policial com un “escarment a l’independentisme gironí” i als “moviments d’esquerres”. “Aquesta és la intencionalitat”, afegeix i recorda que les detencions es van fer sense cap ordre judicial. “Tots els detinguts estàvem vinculats a l’independentisme i d’aquí aquest procés”, raona. Per aquest motiu, els acusats i el seu entorn també volen aprofitar el cas per denunciar “la persecució que els Mossos fan dels moviments socials, tot i que la conselleria d’Interior negui que la policia investigui ideologies”".

Visto. Cortar el AVE es una ideología.

En medio de las discusiones sobre si el "Procés" está muerto o en fase estacionaria, una encuesta alerta de que "La sensación de conflicto lingüístico se dispara en Cataluña", según apunta La Razón. El análisis de los datos es de Cristina Rubio, quien escribe: "El conflicto territorial y la lengua. Esta es la fotografía derivada de los años del «procés», los dos temas que más polarización generan en la sociedad catalana tras una de las décadas más convulsas que se recuerdan a nivel político. Así se desprende del sondeo promovido por el Institut Català per la Pau, la encuesta ICIP 2022. Eso sí, las tendencias son completamente inversas: mientras que el conflicto territorial se mantiene casi inalterable como tema que más confrontación genera entre la sociedad, la lengua se dispara y aumenta de forma considerable en los últimos dos años. De hecho, se sitúa en segundo lugar cuando en 2020 estaba en quinta posición. La escalada que refleja el sondeo coincide con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de fijar un 25% de castellano en las aulas y la negativa del Govern de Pere Aragonès a acatarlo y aplicarlo. Por tanto, el incremento más destacado lo registra la lengua, que pasa de suponer 5,1 puntos (sobre 10) hace dos años a 6,1 el pasado 2022. Una realidad que contradice el argumento del Govern de la Generalitat de que en Cataluña no existe conflicto lingüístico, el pretexto que siempre han usado Esquerra o Junts para no dar más espacio al castellano, especialmente en el sistema educativo y con el catalán como única lengua vehicular".

A todas estas, "Escuela de Todos reclama que el español sea vehicular en todas las CCAA y una selectividad común para toda España", dice un titular de El Mundo. El texto principia de este modo: "Escuela de Todos, la entidad que vela por acabar con la inmersión en Cataluña y que está expandiendo su actuación por todo el territorio español, ha lanzado hoy desde Alicante un decálogo que apela a los poderes públicos para «implementar un sistema educativo de calidad en el que se respeten los derechos de todos los alumnos». Entre sus propuestas destaca el «reconocimiento efectivo del español como lengua vehicular de la enseñanza en todas las Comunidades Autónomas» para «facilitar la libertad de movimientos y la no discriminación por razón de lengua», el establecimiento de «evaluaciones comunes en toda España para la obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales» o la implantación de «una única prueba de acceso a la universidad con carácter nacional»."

Coletazos pandémicos. "Las residencias piden a Salud suavizar el protocolo covid: “Es demasiado restrictivo”", titula El País sobre una información de Bernat Coll: "“Es hora de pasar página de la covid”. Los directores de las residencias geriátricas reclaman a Salud replantear los protocolos de gestión del coronavirus en los hogares de ancianos porque consideran que están desfasados. El texto actual no se ha actualizado en los últimos ocho meses y mantiene unos reglamentos de control interno especialmente restrictivos en comparación con el bajo impacto del virus en los últimos meses. Los ancianos contagiados tienen que pasar un aislamiento que puede durar hasta siete días incluso siendo asintomáticos. La Asociación de directores de centros y servicios de atención a la dependencia gerontológica (Ascad), reclama replantear y flexibilizar la normativa, mientras que la Asociación Catalana de Recursos Asistenciales (Acra) pide acabar con el uso de la mascarill".

Y: "“No es un problema mayoritario, pero en algunas residencias pequeñas, sin suficiente espacio para segmentar a los positivos en otras salas comunes, se ven obligados a recluir a los positivos en sus habitaciones individuales para cumplir con la normativa”, señala Andrés Rueda, presidente de Ascad. El escenario ilustra las dificultades para encontrar un equilibrio entre la prudencia sanitaria y la normalidad colectiva cuando el virus entra en escena en los geriátricos. El recuerdo de la pandemia, cuando sufrieron casi 8.000 muertes en 2020, lleva a algunos directores a seguir escrupulosamente los protocolos para evitar acusaciones posteriores. “Los gestores no quieren que si un positivo lleva a un brote se les denuncie por negligencia. Seguramente el protocolo actual es demasiado restrictivo”, entiende Rueda".

26 de marzo, santoral: Braulio de Zaragoza, Baroncio, Bercario, Cástulo mártir, Desiderio ermitaño, Eutiquio de Alejandría, Ludgero, Máxima, Montano y Pedro obispo.