"Amnistía encubierta" o sedición con otro nombre

Vía libre para la reforma "exprés" de la sedición. Según las cuentas parlamentarias, 185 diputados del Congreso avalarán los cambios en el Código Penal, que entrarán en vigor antes de las próximas elecciones autonómicas y municipales. La reducción de penas (que pasan de los quince años de la sedición a los cinco en peor de los supuestos del delito de "desórdenes públicos agravados") supone una ventaja objetiva para condenados, encausados pendientes de juicio y fugados. ERC saca pecho del acuerdo mientras que en el PSOE se espera que la polvareda se disipe en pocas semanas, como ya ocurrió con los indultos. La memoria es frágil y la política nacional es una sucesión de momentos terminales que dan paso a momentos más terminales aún. Es el fin del mundo cada semana.

Como era de esperar, el sector irredento del "mandato del 1-O" critica la reforma, considera que se criminaliza la disidencia, que se castiga la movilización, que los cambios son una migaja y que todo es una inmensa tifa, una traición de ERC al independentismo, otro engaño del Gobierno, etcétera, etcétera. Está en la naturaleza victimista, es la "cultura" de la queja por sistema. 

Quienes tampoco están contentos son algunos magistrados y fiscales, que entienden que la reforma del Código Penal relativa a lo acontecido en septiembre y octubre de 2017 supone de facto la anulación de la sentencia del Tribunal Supremo, aquella de la "ensoñación" y de la sedición en vez de rebelión. El malestar judicial es el principal argumento de la portada de El Mundo. "El Supremo y la Fiscalía temen una 'amnistía encubierta' con la reforma de Sánchez", apunta el diario de capital italiano. El texto es de Ángela Martialay y Manuel Marraco y arranca así: "Indignación, preocupación e incredulidad por lo 'lejos' que ha llegado el Gobierno de Pedro Sánchez, despenalizando el delito de sedición y sustituyéndolo por desórdenes públicos para 'contentar' a sus socios independentistas. 'Con la reforma han desarticulado todos los elementos de la sentencia. Es una amnistía ad hoc, encubierta'. Así resumían ayer en el Tribunal Supremo y la Fiscalía cómo recibieron la noticia del registro de la proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos para favorecer a los promotores del procés".

Portada de El Mundo, 12 de noviembre de 2022

Sigue la nota: "El Supremo teme que la supresión del tipo delictivo de la sedición -por el que fueron condenados el ex vicepresidente Oriol Junqueras y otros ocho acusados en el juicio del procés- acabe provocando espacios de impunidad por el 'vacío legal' de una reforma que se llevará a cabo sin recabar los dictámenes del Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal y el Consejo de Estado. Las distintas fuentes jurídicas y fiscales consultadas por El Mundo advierten de que los hechos que tuvieron lugar en Cataluña 2017 no tienen encaje en el nuevo delito de desórdenes públicos agravados diseñado por La Moncloa. Advierten de las consecuencias que tendrá tanto para los ya indultados (el Gobierno sólo les perdonó la pena de prisión y siguen cumpliendo la pena de inhabilitación para cargo público) como para los huidos, entre ellos el ex president Carles Puigdemont. 'Es demencial. Los hechos probados de la sentencia dejan de ser delito. Nos deja a la Justicia española a los pies de los caballos', recalcan fuentes jurídicas".

La Vanguardia también repara en su tapa en las derivadas del nuevo tipo penal con este titular: "El enojo judicial suscita dudas sobre el futuro de los encausados por sedición". No está tan claro, pues, que Junqueras se pueda presentar a las próximas elecciones, que Marta Rovira y Carles Puigdemont puedan volver o que se vayan a devolver las multas pagadas por los dirigentes independentistas. La información del diario decano de Barcelona es de Carlota Guindal: "Mientras que desde las filas progresistas ven la modificación como un paso necesario, los conservadores ven en la iniciativa defendida por el grupo socialista y Unidas Podemos una maniobra para forzar una 'amnistía encubierta', y esto es así porque, como sugieren fuentes del Tribunal Supremo, la acusación de desórdenes públicos no se puede aplicar en este caso. Y si no hay un tipo penal que encaje, no hay pena posible. En la sentencia del procés ya se analizó este tipo penal. Y se descartó. Fue a consecuencia de que la defensa del exconseller de Interior Joaquim Forn ofreció en el juicio la posibilidad de la condena por ese delito y el tribunal lo descartó. En la resolución explicaba porqué: limitar los hechos a unos desórdenes sería 'reduccionista', porque no fueron condenados por un acto contra el orden público concreto, sino por una serie de actos encaminados a la independencia como movilizaciones masivas, el 1-O, las leyes de desconexión y actos de deslegitimación judicial y policial. Por eso, ahora insisten estas fuentes que los hechos ocurridos en octubre del 2017 no fueron unos desórdenes, y en consecuencia es inaplicable a la causa".

La Vanguardia, 12 de noviembre de 2022

Sigue Guindal: "Estas fuentes abren otro melón. En caso de que se pueda convertir el delito de sedición en otro de desórdenes públicos, se abre la duda de que se pueda mantener el de malversación de caudales públicos. Este segundo cargo fue impuesto al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y a otros seis exconsellers, pero no como un delito independiente sino en concurso ideal. Eso significa que el tribunal entendió que se malversó dinero de la Generalitat con un objetivo sedicioso. Si ya no existe la sedición, puede haber dudas de que se pueda mantener entonces que hubo malversación. Esta teoría abre una nueva vertiente, y es que podrían reclamar el dinero impuesto en las fianzas y en el proceso abierto en el Tribunal de Cuentas".

O sea que sí. O no. Habrá que esperar a que cese la contaminación acústica y se materialicen los cambios. Frente a la denuncia de esa "amnistía encubierta" responde Moncloa que ahora sí se podrá extraditar a Carles Puigdemont, según explica Ainhoa Martínez en La Razón: "La carta de presentación del líder socialista a las elecciones –la campaña de noviembre de 2019, de la que ahora se han cumplido tres años– se orientó en anunciar medidas contra el independentismo. El objetivo era visibilizar un giro al centro para ampliar su mayoría. Una de sus promesas, explicitada en horario de máxima audiencia en uno de los debates electorales, fue la tipificación del delito de referéndum ilegal para evitar una repetición del 1-O y el compromiso de que traería a Carles Puigdemont a España para que fuera juzgado. Este último extremo es el que fuentes gubernamentales consultadas por La Razón consideran que ahora podría cumplirse".

Continúa la pieza: "'¿Por qué que ningún país ha extraditado hasta ahora a los huidos?' '¿Por qué las euroórdenes se han topado contra un muro?', se preguntan de manera retórica, para resolver inmediatamente que ahora ya no tendrán 'excusa'. La vocación del Gobierno es que si el expresidente de la Generalitat vuelve a España, 'será juzgado'. 'La presencia en nuestro ordenamiento de tipos penales inexistentes en la mayoría de los Estados integrantes de la Unión Europea, o la vigencia de penas desproporcionadas en relación a las que se aplican en los países vecinos, resulta altamente disfuncional en lo relativo al funcionamiento de la cooperación judicial y de seguridad', reza el texto de la proposición de ley que PSOE y Unidas Podemos presentaron ayer en el Congreso y que reconoce que su objetivo es 'dar solución a buena parte de las dificultades y desafíos' que habían surgido hasta ahora en este sentido".

En el PP entienden que la maniobra del PSOE y Unidas Podemos les beneficia electoralmente y justifica su estampida en la materia de la renovación del Poder Judicial. Todo son ventajas, al parecer, y a mayor abundamiento, Alberto Núñez Feijóo ha declarado muy solemne que cuando sea presidente rescatará el delito de sedición. Así lo explica Aitor Riveiro en El Diario: "En una comparecencia sin preguntas, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado la reforma del delito de la sedición presentada este viernes por el PSOE y Unidas Podemos que reducirá las penas relacionadas con este tipo penal. Feijóo ha reiterado, como ya hiciera dos semanas atrás, que derogará la reforma y recuperará el delito. Además, ha apelado al 'deber moral' de los barones socialistas para tratar de impedir que se consume la modificación anunciada el jueves por la noche por Pedro Sánchez. Una idea que el líder de la oposición ya había planteado en el pasado, antes de que se confirmara la decisión del Gobierno de coalición. (...) El líder del PP ha reconocido su incapacidad para impedir la reforma y su renuncia al uso de resortes jurídicos o parlamentarios que al menos lo posterguen. No ha anunciado ninguna medida concreta política o institucional. Solo ha reiterado que si es presidente del Gobierno en 2024, derogará la medida y restaurará el delito de sedición".

eldiario.es, 12 de noviembre de 2022

Hay más noticias, pero no muchas. Sigue la guerra entre Podemos y Yolanda Díaz, empeñada en desbordar al club de fans de Pablo Iglesias con la iniciativa que ha denominado "Sumar". En la bronca mete cucharada Juan Carlos Monedero, quien en una entrevista de Abel Degà en El Nacional asegura que "designar a Yolanda Díaz sucesora de Pablo Iglesias fue un error". Ahí van las preguntas y respuestas alusivas al titular:

Pregunta: ¿Qué hacía usted la semana pasada en la universidad de otoño de Podemos?

Respuesta: Ejercer el papel adecuado de un intelectual que no ha tenido nunca cargos de representación popular, cosa que le ha dado independencia, pero que está muy preocupado por la deriva de un espacio muy grande en España que está fragmentado.
P: Está hablando de Yolanda Díaz. ¿Qué pasa con ella?
R: Podemos hizo que Yolanda Díaz fuera vicepresidenta del Gobierno después de haberla hecho ministra, y todo en contra del criterio de su propio partido, el Partido Comunista. Podemos sacrificó un lugar en el Gobierno para entregarlo al PCE, y además le encargó representar el espacio, cosa que no ha hecho.
P: ¿Por qué?
R: Porque el proceso de transmisión de aquella responsabilidad se hizo mal. Se tendría que haber celebrado un congreso para escoger candidata, y la urgencia de la salida de Pablo Iglesias se hizo mal. Yolanda Díaz no se vio obligada a hacer nada que le dijera Podemos. Allí ella empieza a marcar las formas, cosa que la lleva a celebrar en noviembre del 2021 un acto en Valencia con Ada Colau, Mònica Oltra y Mónica García; nadie de Podemos. Sus asesores la han convencido de que Podemos está acabado. Ella quiere que Sumar sea la fuerza central de la izquierda.
P: Podemos tiene la marca, y Yolanda Díaz tiene el liderazgo. ¿No es posible una coalición con Sumar con el fin de hacer las paces y que ella sea la candidata morada en las próximas elecciones?
R: Le falta claridad ideológica. Ha habido encontronazos con la guerra de Ucrania, con el veto a Victoria Rosell por el CGPJ, la gestión de la reforma laboral... La solución pasa por una reunión entre Yolanda Díaz e Ione Belarra. Que se sienten y ella admita que no ha estado respetando a Podemos, y que sea honesta con cuáles son sus objetivos. Su riesgo es convertirse en la nueva Izquierda Unida; y no hay mayor error que gustar al bipartidismo.
Internacional. Ucrania ha recuperado definitivamente la ciudad de Jersón, única capital tomada por las tropas de Putin en la invasión que comenzó el pasado 24 de febrero. 

12 de noviembre, santoral: Agustina Pietrantoni, Cuniberto de Colonia, Emiliano de la Cogolla, Hesiquio de Vienne, Josafat Kuncewicz, Labuino de Daventer, Macario de Maleo, Margarito Flores y Nilo de Ancira.