El Govern de la Generalitat ha aprobado un decreto ley para eludir la aplicación del fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sobre el 25% de castellano en las aulas. La chapuza jurídica está al nivel del independentismo. El decreto, elaborado en medio de fuertes tensiones en el ejecutivo de coalición, pretende dejar en papel mojado el fallo y la requisitoria, que fija que hoy es el último día para implantar el porcentaje. Como respuesta, una nueva legislación que se pasa por debajo del arco del triunfo la sentencia. Maniobra de manual a la que debe responder el TSJC tras constatar que su fallo corre la misma suerte que las decenas de sentencias anteriores que otorgaban a los padres el derecho a que sus hijos también estudien en la lengua de Cervantes.
Con un aplomo digno de mejor causa, la portavoz del Govern, doña Patrícia Plaja desgranó ayer en comparecencia pública las intenciones del ejecutivo autonómico, que no son otras que las de hacer de su capa un sayo con el propósito de evitar las "injerencias" judiciales en ese supuesto "modelo de éxito" que es, para ellos, la "escola catalana" a la que no van sus vástagos. Todo en orden, pues, en la gran casa del independentismo. Las sentencias no van con ellos, que se creen con bula para manejar a su antojo la educación de los niños.
En Crónica Global señala María Jesús Cañizares las abruptas discrepancias en torno a un supuesto pacto por la lengua en el que no creen ni sus impulsores: "El gran acuerdo sobre la regulación de los usos lingüísticos en la escuela peligra de nuevo. Si hace dos meses era Junts per Catalunya (JxCat) la formación que se descolgaba del pacto suscrito con ERC, En Comú Podem y PSC, ahora son los socialistas quienes rechazan un decreto ley que implica desobediencia a las sentencias que obligan a impartir al menos un 25% del horario lectivo en castellano".
Y: "Estos vaivenes han hecho aflorar el tacticismo de los partidos catalanes. Así, mientras JxCat blinda su acuerdo con ERC y frena avances en un tripartito donde los comunes apuntalan sus alianzas, el PSC busca un relato que aclare sus posiciones --sí a la nueva ley, no al decreto del Govern-- ante un hipotético revés del Tribunal Constitucional. Ciudadanos pone el acento en un discurso lingüístico que un día le valió grandes réditos electorales, mientras que PP y Vox se encomiendan a sus mayorías en el Congreso para impugnar las normas ante el Alto Tribunal. La CUP vuelve a una posición outsider".
El decreto estuvo a punto de colapsar en la reunión de la ejecutiva de Junts per Catalunya (JxCat). La presidenta del Parlament, Laura Borràs, comienza a ejercer de presidenta del partido (será nombrada con toda seguridad en el congreso de este fin de semana en la localidad francesa de Argelers) y sus modos son los esperados. Se trata de ese tic autoritario y tan personal de la señora Borràs.
En El Nacional explica Marta Lasalas los pormenores de la ejecutiva: "La ejecutiva del partido, que encabeza Jordi Sànchez, ha vivido un intenso debate esta mañana (por ayer), cuando apenas faltaban horas para que se aprobara el decreto en la reunión extraordinaria del Consell Executiu de la Generalitat. La razón han sido las reticencias expresadas por la presidenta del Parlament, Laura Borràs, por considerar que el decreto no recogía cuestiones técnicas que podrían provocar críticas por parte de las entidades en defensa de la lengua. Los recelos de Borràs han provocado sorpresa entre los presentes dado que la mayor parte de la ejecutiva acudía a la reunión convencida de que el acuerdo sobre el texto estaba más que cerrado. Con todo, el debate ha sido largo y en algunos momentos intenso, no exento de tensión, y ha ocupado las dos horas de reunión. De hecho, ha sido la reunión del Consell Executiu, convocada para el mediodía, lo que ha acabado imponiendo un final al debate, hasta el punto que, según fuentes de los asistentes, Borràs habría llegado a apuntar la posibilidad de que los consellers de Junts no acudieran a la reunión del Govern si no estaba claro el contenido del decreto"
Al tiempo, los dos grandes diarios impresos editados en Barcelona se hacen eco de otro motivo de agravio, la comparativa de las inversiones ejecutadas en Madrid y Barcelona. Así, La Vanguardia abre con este titular: "La inversión real del Estado ejecutada en Madrid casi triplica la de Catalunya". El texto es de Eduardo Magallón y principia así: "La inversión real ejecutada por el Estado en la comunidad de Madrid en el año 2021 casi triplicó la que se efectuó en Cataluña a pesar de que los presupuestos preveían más recursos para la comunidad catalana. El informe de de la ejecución presupuestaria publicado este lunes por el ministerio de Hacienda refleja que en Madrid se invirtió 2.085,9 millones de manera efectiva mientras que en Cataluña fueron 739,7 millones. Cataluña recibió el 9% de toda la inversión que se puede regionalizar, casi la mitad que su peso en el PIB. (...) Según datos de Hacienda publicados ayer, el grado de ejecución presupuestaria en Cataluña fue del 35,7% mientras que en Madrid llegaron al 184,3% ya que se ejecutó mucho más de los presupuestado. Fuentes de Hacienda declinaron hacer comentarios. En cambio, el conseller d’Economia Jaume Giró ha calificado la situación dada en el 2021 de incomprensible: “es humillante para los ciudadanos y las empresas de Cataluña que haya este desprecio permanente del Estado”".
En el plano nacional prosigue la pugna por determinar el grado de corrupción de los dos principales partidos. El País sigue con sus entregas en torno a los manejos del excomisario Villarejo y sus compinches. En la entrega de hoy se cuenta cómo la Policía filtró fotos de los magistrados favorables a la autodeterminación que habían firmado un manifiesto a tal efecto en 2014. La Razón fue el medio que publicó las caras, procedentes de la base de datos del Documento Nacional de Identidad. A Eugenio Pino, otro comisario, le tocó borrar el rastro digital, pero, como siempre, el operativo se convirtió en una chapuza marca de la casa.
En El Mundo siguen con las informaciones en torno a la trama valenciana del PSOE con este titular: "La trama corrupta valenciana creó una estructura para operar en Extremadura y Andalucía". El texto es de Noa de la Torre: "El presunto cabecilla de la trama corrupta Azud, el empresario Jaime Febrer, no solo trató de sobornar a políticos de PP y PSOE para lograr favores urbanísticos en distintos municipios valencianos. En los años del boom del ladrillo, el constructor quiso incluso expandir su negocio por territorio andaluz, cuando la Junta estaba precisamente en manos de los socialistas con Manuel Chaves. Así lo revela un contrato entre Febrer y la empresa Imedes Andalucía, que además custodiaba en su casa el antiguo responsable de finanzas del Partido Socialista valenciano, José María Cataluña, investigado en este caso que apunta igualmente a una posible financiación ilegal de la campaña electoral de 2007".
Sigue la pieza: "Este contrato, al que ha tenido acceso El Mundo, forma parte del sumario de la macrocausa de corrupción cuyo secreto se ha levantado parcialmente. Aunque la trama tuvo al principio como epicentro el Ayuntamiento de Rita Barberá, posteriormente saltó a otros consistorios de la mano de un abogado vinculado históricamente al socialismo valenciano, José Luis Vera, que hacía en la práctica de intermediario del constructor como el cuñado de la ex alcaldesa, José María Corbín, lo hacía en la capital. Sin embargo, Febrer puso sus ojos también en Andalucía, tal y como evidencia un contrato fechado en Valencia el 12 de julio de 2006".
Mientras tanto, continúan los preparativos para acoger la cumbre de la OTAN en Madrid, asunto que enfrenta a las partes del Gobierno de coalición. Pedro Sánchez ha anunciado un aumento del gasto en defensa mientras Podemos pone el grito en el cielo y desempolva los viejos lemas contra la Alianza Atlántica, unos eslóganes del tiempo de aquel "OTAN, de entrada, no".
En La Razón se ocupan del expediente Ainhoa Martínez y Rocío Esteban, quienes escriben que "mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llamaba a reforzar el compromiso de España en la Alianza Atlántica, en el marco ayer del acto en el Teatro Real en Madrid para conmemorar los 40 años del ingreso en la OTAN, sus socios de coalición demostraban en paralelo que la unidad que se busca proyectar hacia afuera no la cultiva en su propio Gobierno. En el Ejecutivo dan máxima trascendencia a la cumbre de la OTAN que se va a celebrar a finales de junio en Madrid y que servirá para definir la estrategia futura, con el impulso que da la nueva incorporación de Suecia y Finlandia".
Continúa el texto: "La unión hoy es aún más esencial para la defensa de nuestro modelo de convivencia si queremos dejar un legado de paz a las próximas generaciones», señaló el presidente. Una reivindicación que más bien parecía dirigida a sus coaligados de Unidas Podemos, que han hecho de esta cuestión un motivo más de fricción en el seno gubernamental, acusando al Ejecutivo del que forman parte de adjudicar a dedo los 37 millones que costará la cita. «Pensamos que hay otras prioridades a esos 37 millones», zanjan los morados que ven que «no van a beneficiar a un escenario de paz y se podría haber invertido mucho mejor en educación y sanidad pública». En Moncloa, no obstante, recuerdan que fue un Consejo de Ministros, el del 26 de abril, el que autorizó a Exteriores a la organización del acto y que, entonces, los ministros de Podemos no pusieron ninguna objeción".
La unidad es la cuestión, también en el seno de la Unión Europea. "Los Veintisiete salvan la unidad contra la invasión de Ucrania con un embargo parcial al petróleo ruso" anuncia El País en lo alto de su portada. En el sumario se abunda en que "Los líderes de la UE pactan vetar las compras del crudo que llega por vía marítima desde Moscú y ampliar la lista de bancos que se desconectan del sistema de pagos SWIFT, entre ellos el Sberbank, el más grande del país". La noticia viene con las firmas de Guillermo Abril y Manuel V. Gómez: "Han pasado más de tres semanas de tira y afloja, de quiebros y requiebros, de vetos políticos teñidos de complicidad con el Kremlin y de negociaciones técnicas de una complejidad abrumadora, pero al final la dentellada de la Unión Europea al mayor flujo de financiación de Rusia ha llegado. No ha sido fácil. Haciendo honor a esos más de 20 días de conversaciones a 27 bandas, el pacto ha llegado al filo de la medianoche de este lunes. “Acuerdo para prohibir la exportación de petróleo ruso a la UE. Esto cubre inmediatamente más de dos tercios de las importaciones de petróleo de Rusia, cortando una enorme fuente de financiación para su maquinaria de guerra”, ha proclamado el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en Twitter, tras casi horas de reunión".
Sigue la nota: "Este agónico acuerdo tiene un valor doble para los líderes de la UE. Por un lado, resta recursos financieros a Rusia para pagar la guerra que ha abierto al invadir Ucrania. Por otro, mantiene la unidad de Los Veintisiete tras unas negociaciones tensas en las que algunos de los países con una posición más hostil a Moscú no comprendían la posición de Hungría, el país que más se ha resistido a dar este paso. Ambas cuestiones tenían la misma importancia para la mayoría de países. “Queremos las sanciones contra Rusia más duras posible, y esto último, ‘posible’, es importante”, apuntaban en una delegación, resaltando que con este adjetivo se buscaba no dejar atrás a nadie, tampoco a Budapest".
Ecos de la final de la Liga de Campeones en Saint-Denis. El horror vivido por los aficionados tiene reflejo este martes en una crónica del Abc que recoge las denuncias de personajes como el fundador de Jazztel o el extenista Feliciano López. Ahí va una muestra: "Uno de los testimonios más rotundos fue el de Martin Varsavsky, el fundador de Jazztel y CEO de Prelude Fertility, Goggo Network o VAS Ventures, quien compartió en las redes sociales su experiencia en el estadio de Saint Denis. «Soy inmigrante en España y siempre apoyé la inmigración pero lo que vivimos anoche en París fue un horror para nuestra familia y todos los aficionados. Cientos de parisinos africanos atacando a los fans riéndose de nosotros y vernos en pánico. Era racismo, contra los europeos». Y añadió: «La salida del estadio fue un total horror. Hordas de ladrones robando a los aficionados. Nunca vi algo así. Nos trataron de robar. Logramos escaparnos»".
31 de mayo, santoral: Petronila de Roma, Félix de Nicosia, Hermias de Comana, Silvio de Toulouse y Visitación de Nuestra Señora a santa Isabel.