Sánchez también se equivoca y efectos de la reforma

Ecos de la contrareforma laboral. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconoce en una entrevista que él también se ha equivocado y que no conoce ningún diputado que no se haya equivocado de voto alguna vez. La confesión no ayuda a la elevar la estima ciudadanía respecto a las cualidades intelectuales de sus representantes políticos. ¿Tan difícil es votar en los parlamentos y en los ayuntamientos? Se asienta la regla de que los goles en propia meta suben al marcador, "aportación" de Zapatero en un mitin en Castilla y León. Al tiempo, se duda de que Alberto Casero, el diputado del PP que se equivocó tres veces, vuelva a ejercer de mano derecha de Teodoro García Egea. Era el señor Lobo del PP, dicen en algunos medios. Es una cosa de no creer. 

En cuanto a los efectos prácticos de la discutida votación del pasado jueves, El País señala que "La reforma laboral hace fijos a 280.000 empleados de la construcción". Y añade que "Solo esta medida bajará la tasa de temporalidad dos puntos, al 23%". El texto es de Antonio Maqueda: "Cerca de 280.000 empleados temporales de la construcción pasarán a ser considerados indefinidos como consecuencia de una disposición adicional del decreto de la reforma laboral. Según la norma, serán contratos indefinidos adscritos a obra los que tienen por objeto tareas y servicios vinculados a la construcción. Desaparece el contrato por obra y servicio, que se extinguía cuando acababa el proyecto, y la nueva modalidad se considerará desde el principio indefinida. Estos trabajadores de la construcción son indemnizados con 25,5 días de salario por año trabajado, por encima de los 20 días que se justificaba en el fin de la obra. La empresa se compromete a ofrecer al trabajador una propuesta de recolocación siempre que tenga una vacante apropiada en una obra de la misma provincia y, si es necesario, se le dará un curso de formación para la nueva tarea".

Y: "De esta forma, los empleados pueden ir capitalizando la antigüedad en el despido y reincorporarse tras cobrar el paro. Solo con este cambio, la tasa de temporalidad bajará en casi dos puntos hasta el 23% de los asalariados. El número de contratos afectados puede ascender a 800.000 al año, según datos de los servicios públicos de empleo".

Portada de 'El País' del 9 de febrero de 2022 / CG

Pedro Sánchez ha saltado al ruedo a dar explicaciones sobre la reforma laboral, sobre Castilla y León, sobre las relaciones con ERC y el Gobierno de coalición. Lo ha hecho en un día poco acostumbrado y en un medio digital, El Diario. Ante las dudas e incertidumbres a colación del resultado del pasado jueves, Sánchez dice que "La estabilidad está garantizada y la salud del gobierno de coalición está blindada".

Es Ignacio Escolar quien pregunta y ahí va un extracto de la entrevista: 

Pregunta: ¿Qué habría pasado si el diputado del PP Alberto Casero no se hubiera equivocado al votar el decreto de la reforma laboral y hubiera caído?

Respuesta: Afortunadamente no ha sido así. Era y es un buen acuerdo de país. Hubieran perdido tanto los trabajadores como los empresarios como el diálogo social. Habría perdido el país.
P: ¿Cree que la derecha compró de alguna manera a los diputados de UPN que durante todo el día ocultaron que pensaban votar en contra de la reforma laboral?
R: Eso tendrá que esclarecerlo y responderlo el PP. Lo que es evidente es que teníamos un acuerdo con UPN y el propio presidente de este partido trasladó su malestar por no haber sido informado por parte de estos dos diputados hasta el último instante de su voto negativo y, por tanto, contravenir las órdenes de la dirección política de UPN.
P: ¿Cómo ha quedado la relación con estos socios de la investidura que han votado que no al decreto de la reforma laboral?
R: La estabilidad está garantizada. Este Gobierno que cuenta con una minoría parlamentaria de 155 escaños ha sido capaz de sacar adelante 50 leyes muy importantes. No solo la reforma laboral: también el acuerdo de pensiones, el Ingreso Mínimo Vital, la ley de eutanasia… También vamos a tratar de sacar dentro de poco la primera ley de vivienda de la historia de nuestra democracia. Y dos Presupuestos Generales del Estado consecutivamente a lo largo de estos dos primeros años de legislatura, algo que no sucedía desde el año 2014. Por tanto, la estabilidad está garantizada.
Creo que la salud del Gobierno de coalición está blindada, porque está hecha del mejor material, que es una voluntad firme, férrea, de dignificar la vida de nuestros conciudadanos. En eso está el Gobierno de España: en demostrar que se puede salir de las crisis consolidando esos avances sociales y gestionando mejor la economía que lo que hacía la derecha cuando estuvo gobernando durante los años de la crisis financiera, que usó esa crisis financiera como excusa ideológica para recortar y debilitar el estado de bienestar.

P: Con ERC, el Gobierno de coalición ha estado en muchas votaciones al borde del abismo. Les ha pasado con la reforma laboral, pero también con la prórroga de los estados de alarma o con los fondos europeos. ¿Considera que ERC es un socio fiable para el Gobierno?

R: Agradezco la actitud que han tenido tanto ERC como el PNV durante toda esta legislatura. Creo que deben hacer una reflexión sobre su voto en contra a la convalidación de un acuerdo entre los agentes sociales. Estoy convencido de que hay muchos votantes de ERC y del PNV que no comparten el voto en contra a una reforma laboral que lo que hace es mejorar y dignificar las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras, tanto en Catalunya como también en el País Vasco. Esto no lo digo yo, se lo hicieron saber también los sindicatos, por ejemplo a ERC, que es por quien me pregunta, tanto UGT como CCOO.

P: ¿Qué se juega el PSOE y el Gobierno en las elecciones de este domingo en Castilla y León?
R: Estamos viendo claramente una convocatoria precipitada de las elecciones por parte del Partido Popular con un único interés: exclusivamente el interés del Partido Popular. Entre medias, se ha abierto una gran ventana de oportunidad al cambio, que, por cierto, mayoritariamente la ciudadanía en Castilla y León durante las elecciones autonómicas del año 2019 ya dijo que quería ese cambio, que quería poner fin a 35 años de gobierno conservador. Por eso ganó el PSOE y por eso fueron posibles entonces mayorías parlamentarias alternativas que, por desgracia, no se produjeron como consecuencia de una decisión que tomó Ciudadanos entonces.
Si se concentran los votos del cambio en el partido que puede propiciar ese cambio, que es el PSOE, ese cambio tendrá lugar. El diagnóstico que hacemos es que Castilla y León necesita un cambio y que lo que no necesita es precisamente un nuevo baile de sillas, en esta ocasión no entre el PP y Ciudadanos, sino entre el PP con Vox.

P: ¿Usted, como diputado, se ha equivocado alguna vez al votar?
R: Yo me he equivocado.
P: ¿Conoce a algún diputado al que no le haya pasado alguna vez?
R: Estoy convencido de que más de un 90% de los diputados que en alguna ocasión han tenido responsabilidades en las Cortes ha cometido un error. Por tanto, estamos hablando de eso, de un error material. Pero eso no tiene por qué poner en cuestión ni la legitimación de un resultado, de una votación, en el Congreso de los Diputados, ni mucho menos poner en cuestión el trabajo extraordinario que está haciendo la Presidencia del Congreso.

La prensa de orientación conservadora destaca la presencia en Castilla y León de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que es algo así como el cañón Berta de la cosa electoral. Se tiene gran confianza en la capacidad de movilización de la dirigente popular, cuya fotografía saludando a Mañueco, el candidato de su partido, está en la tapa de Abc, El Mundo y La Razón. 

En El Mundo, además de explicar que "Mañueco se abraza a Ayuso" aseguran que "Pedro Sánchez desafía a la Junta Electoral y mete al BOE en la campaña electoral". Reprochan al presidente una serie de anuncios que, aducen, pueden tener consecuencias en los resultados del próximo domingo. Escribe Vicente Coll: "Los partidos cargan sus agendas en la recta final de campaña, y el Gobierno también. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha intensificado y centrado buena parte de sus anuncios en los últimos días en medidas de fuerte calado social y enfocado su actividad en aspectos clave para el mundo rural, como son la despoblación o el sector primario, a escasos cinco días de que se celebren elecciones en Castilla y León. Eliminar las mascarillas al aire libre, presentar un plan estratégico para la industria agroalimentaria, acelerar la subida del SMI. Una tendencia con la que el Gobierno desafía nuevamente a la Junta Electoral Central, a la que el Partido Popular presentó hace una semana una denuncia contra Sánchez al entender que aprovechó su condición como jefe del Ejecutivo para lanzar anuncios oficiales durante varios actos electorales".

Continúa el texto: "En concreto, los populares señalaron que anunciar junto a Luis Tudanca una inyección de 20 millones de euros procedentes de los Presupuestos Generales del Estado para el cuartel de Monte La Reina (Zamora) o armar todo un mitin en torno a la revalorización de las pensiones, como hizo Sánchez en Gijón hace dos semanas, son dinámicas que incumplen la Ley Electoral. Una demanda que, no obstante, fue desestimada por la Junta Electoral. El presidente del Gobierno ya fue condenado por este organismo hace pocos meses por conceder una entrevista a La Sexta antes del 10-N en La Moncloa, que posteriormente fue publicada en la página web del Gobierno. Vulneró el artículo 50.2 de la Ley Electoral".

Portada de 'El Mundo' del 9 de febrero de 2022 / CG

Hay un cierto estado de nervios en el PP por el balance de las encuestas, que en el mejor de los escenarios le arrojan en brazos de Vox. 

Más noticias. "Catalunya paga el 45% del impuesto de patrimonio de toda España" anuncia La Vanguardia en lo alto de su portada. El texto es de Eduardo Magallón y dice así: "El 45,45% de toda la recaudación del impuesto de patrimonio del periodo 2014-2019 fue ingresada por contribuyentes residentes en Catalunya. Fueron algo más de 2.900 millones de euros de una recaudación total superior a los 6.400 millones. En ese mismo periodo, los residentes en Madrid se ahorraron como mínimo 5.200 millones gracias a la bonificación del 100% de los impuestos de la comunidad".

Sigue la nota: "Son datos de un informe de la Generalitat de Catalunya con datos de la Agencia Tributaria. Madrid es la única comunidad autónoma española que no ingresó nada por impuesto de patrimonio. Por eso el comité de expertos para la reforma fiscal, que mañana espera cerrar una propuesta de armonización, analiza la manera para que todos los contribuyentes paguen un tipo mínimo de patrimonio. La legislación española obliga a los declarantes con un patrimonio de más de dos millones a presentar declaración de patrimonio aunque luego no paguen por estar bonificado. Ese colectivo en el caso de Madrid es el que dejó de ingresar 5.163 millones entre el 2014 y el 2019. Pero si se tiene en cuenta que en el resto de comunidades se empieza a pagar el impuesto con un patrimonio de 400.000 o 700.000 euros, la merma de ingresos fiscales sería superior. En su informe, la Direcció de Tributs, dependiente de la Conselleria d’Economia, que dirige Jaume Giró, señala que la cantidad real “es imposible de estimar”".

La información va en la línea de considerar que Madrid es un paraíso fiscal que va en contra del resto de las comunidades de país. De modo que Giró, que como todo el mundo sabe es el campeón de la independencia, quiere que en España todo el mundo sea igual y pago lo mismo, a poder ser el máximo. 

Continúan de actualidad las peripecias laborales de Albert Rivera, una cuestión que no deja en muy buen lugar a los políticos. "Rivera exige a Martínez-Echevarría su sueldo hasta 2025 y estudia reclamar daños morales", afirma El Confidencial. El texto es de R. Ugalde y P. Del Rosal: "A través de su abogado. Esta es la única vía de comunicación que Albert Rivera y José Manuel Villegas han dejado abierta al despacho de abogados Martínez-Echevarría para negociar su salida, clara muestra del insostenible punto al que ha llegado la relación entre los expolíticos y el bufete. Como ha desvelado El Confidencial este martes por la mañana, a primera hora del lunes, Rivera y Villegas enviaron un correo electrónico a Vicente Morató, consejero delegado de la firma de abogados, comunicando la decisión de resolver sus contratos con efecto desde ese mismo momento. Ambos acusan al bufete de incumplimiento de contrato, tanto en lo que se refiere al papel que se les prometió como presidente ejecutivo y vicepresidente, respectivamente, como por la falta del pago del variable y de la entrega de una parte del capital de Right Option, la sociedad que está detrás de Martínez-Echevarría".

Y: "A través de sus representantes legales, Rivera y Villegas han reclamado al bufete el abono de todas las cantidades que les adeuda en concepto de retribución y de las futuras hasta el 1 de marzo de 2025, fecha a la que inicialmente estaba ligada su relación laboral. Además, han exigido una estimación del variable que les habría correspondido hasta entonces".

Otro de los titulares del referido medio es que "El PP descarta fichar a Rivera tras su salida de Martínez-Echevarría: 'No nos aporta nada'". 

Tendrá que hacerse autónomo Rivera. 

Coletazos de la espantada de Laura Borràs. En Nació Digital cuentan que su propuesta a Aragonès para desobedecer es una chapuza de diez líneas. Escriben Joan Serra Carné, Oriol March y Sara González: ""Vaig plantejar una proposta ambiciosa de resistència col·lectiva [...] Som aquí perquè la proposta no ha estat acceptada". Així va centrifugar responsabilitats la presidenta del Parlament, Laura Borràs, en l'entrevista que va concedir a RAC 1 després de la retirada de l'escó al diputat Pau Juvillà sense que hi hagi sentència ferma del Tribunal Suprem i, de fet, sense que s'hagi rebut encara resposta a les cautelars reclamades davant la ingerència de la Junta Electoral Central. El suposat pla rebutjat per ERC i la CUP, que va declinar detallar, va ser lliurat en un document al qual ha tingut accés NacióDigital de tan sols deu línies -titolets inclosos- que fan referència a una "desobediència" del Parlament i del Govern a inhabilitacions i resolucions judicials. Tot plegat, sense concrecions ni cap menció específica a la sentència del TSJC sobre el 25% de castellà a les escoles".

Sigue: ""Es mantindrà desobediència a qualsevol futura inhabilitació. Tots els grups es comprometen a no cobrir eventualment vacants per inhabilitació, sense perjudici del dret dels diputats de renunciar voluntàriament a l'escó", recull el text. I afegeix que el Govern "es compromet a obeir el Parlament fins i tot en contra de resolucions judicials o administratives". La formalització de l'acord passava per un compromís "públic i signat" dels tres partits independentistes a respectar aquest enunciat i per votar-ho al ple en forma de proposta de resolució que seria admesa a tràmit per la mesa de la cambra".

En Junts ya no saben dónde esconderse.

9 de febrero, santoral: Apolonia de Alejandría, Alto, Ansberto, Marón, Miguel Febres Cordero, Rainaldo, Sabino obispo y Teliavo.