Sentencias lingüísticas, papel mojado, y más mossos

El consejero de Educación de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray, es la gran revelación de lo que va de legislatura autonómica. El hombre del partido, la figura del equipo, el elemento sorpresa de la segunda línea de ERC. Ortodoxo, rígido, inflexible, inasequible al desaliento, imperturbable el ademán, Gonzàlez-Cambray es el guardián de las esencias, el defensor de la inmersión, el dique de contención frente a las sentencias contra los planes lingüísticos que excluyen el español de la enseñanza.

El plan de choque para fomentar (más) el uso del catalán en escuelas, colegios e institutos es la última aportación del susodicho. Los supuestos datos de la presunta encuesta sobre la caída del idioma catalán en los usos y costumbres de alumnos y profesores vienen a justificar esa nueva vuelta de tuerca lingüística. Tanto da que de ser ciertos, la inmersión no pueda ser considerada más que un fracaso que ha convertido el catalán en un idioma antipático que niños y grandes abandonan en cuanto pueden. 

A ese frente hay que añadir la estrategia de la Generalitat para hacer de su capa un sayo respeto a las sentencias sobre el sistema de enseñanza. "Así ataca el Govern los derechos de los padres para blindar la inmersión" es el titular de apertura de Crónica Global, donde se explica que "La Generalitat no desobedece, recurre las sentencias con el argumento de que las familias no tienen legitimidad para cambiar un proyecto lingüístico, sin atreverse a cuestionar el castellano". El texto es de María Jesús Cañizares: "Detrás de la soflama nacionalista del consejero de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, quien insta a desobedecer las sentencias que obligan a escolarizar a los alumnos también en castellano, hay un departamento que recurre esas resoluciones con argumentos muy astutos. Según los recursos presentados ante el Tribunal Supremo, a los que ha tenido acceso Crónica Global, el Govern niega la legitimidad de las familias para cambiar el proyecto lingüístico de todo un centro escolar, pero no entra en el fondo, es decir, que no cuestiona que el castellano también deba ser lengua vehicular, más allá del debate sobre los porcentajes. Dicho de otra manera, la consejería niega la potestad de los padres, no solo a elegir el modelo educativo, sino a defender sus derechos".

Sigue Cañizares: "Hasta ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha anulado seis proyectos lingüísticos donde el castellano no alcanza ni el 25% de las horas lectivas, tal como ordenan diversas sentencias. A los dos primeros proyectos anulados del pasado mes de marzo, se han sumado cuatro nuevos centros educativos. Se trata de la Escola Puig de les Cadiretes de Llagostera (centro público); la Escola Frangoal de Castelldefels (concertado), Escola Aura de Reus (concertado), Institut Els Pallaressos de Els Pallaressos (centro público), Escola Bogatell de Barcelona (público) y Escola Josefina Ibañez de Abrera (público)".

Y: "'Pero habrá más. Este noviembre se esperan dos nuevas resoluciones', explica José Domingo, presidente de Impulso Ciudadano, entidad que asesora a las familias que reclaman su derecho a escolarizar a sus hijos en castellano. Y hay más recursos. Lejos de explicar qué fórmula se utilizará en los centros para adaptar los proyectos lingüísticos a las resoluciones judiciales, el consejero Cambray instó a 'rebelarse' contra las mismas".

Pues menudo es Gonzàlez-Cambray.

Portada de La Vanguardia, 6 de noviembre de 2021

Continúa la nota: "Pero el acuerdo contiene además otro punto igual de importante y es que por primera vez el Estado reconoce a los Mossos d’Esquadra como una policía más, equiparándola a la Policía Nacional y a la Guardia Civil en actuaciones policiales transfronterizas en el espacio Schengen donde ahora ya realizan las denominadas “persecuciones en caliente”, pero podrán realizar vigilancias de sospechosos. Esa nueva relación del Estado, del Ministerio del Interior, con la policía de la Generalitat permite además abrir a los Mossos d’Esquadra las bases de datos a las que todavía tenían vetado el acceso. Y el tercer punto de este acuerdo político, y no menos importante, es que la policía de Catalunya estará presente en todos los planes de seguridad que diseñe el Estado aportando sus datos, su criterio y su punto de vista. Una ausencia que en los últimos tiempos, y especialmente después de que Mossos finalizaran el despliegue territorial y asumieran las competencias en seguridad pública de Catalunya, resultaba un sinsentido. Ambas delegaciones salieron de la reunión mucho más que satisfechas".

Malas noticias económicas. "La subida del combustible asfixia a los transportistas" avisa El País. "El gasóleo se encarece un 30% en lo que va de año" y "El sector teme una oleada de cierres de empresas por el alza de costes" añade en el cuerpo de sumarios. La información viene signada por Ignacio Fariza, quien escribe que "la escalada de los carburantes está suponiendo un duro golpe para las cuentas de las empresas de transporte, ya muy mermadas tras más de año y medio de pandemia. El precio del gasóleo, el combustible más usado por los profesionales, ha subido un 30% este año y se sitúa en sus máximos desde 2013. La sacudida afecta a transportistas de mercancías, firmas de autobuses, taxistas, aerolíneas o servicios de paquetería. 'Ni trabajando el máximo de horas que permite el tacógrafo sale el jornal. O repercutimos esta subida o vamos a caer muchos', dice José Ramón Jimeno, autónomo que trabaja en el puerto de Valencia. El taxista Alberto Ruiz cuenta que gastaba unos 300 euros al mes en combustible; ahora son ya 400".

Portada de El País, 6 de noviembre de 2021

Líneas después añade: "El problema es que, aunque la ley dice que esa subida debe trasladarse a las tarifas que cobran estas empresas, en la práctica no es así en la mayoría de casos. 'Hay que incluir un régimen sancionador para que se cumpla. Si no, quien lo paga es el transportista”, apunta Víctor González, presidente de la Federación Nacional del Transporte por Carretera. Lo refrenda Pedro Gulló, administrador de la empresa familiar Transcur, con sede en Caudete (Albacete): 'La ley dice una cosa, pero nosotros al final nos regimos por la oferta y la demanda'. (...) La sombra de la huelga de 2008 —también por el carburante— ya planea sobre el sector. Juan José Gil secretario general de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer), plantea: 'No sé si se llegará a eso, o si el Gobierno presionará antes a las petroleras para que bajen los precios. Si no hay medidas, no lo descartamos'".

En el mismo diario se destaca otra noticia cual es que "Hacienda dejará a los alcaldes aplicar rebajas en el impuesto de plusvalía". El ministerio, raudo y veloz, ya ha adaptado el tributo que fue tumbado por el Tribunal Constitucional para que los ayuntamientos puedan seguir cobrándolo. Una eficacia y una celeridad que contrastan con la parsimoniosa actitud a la hora de abordar otra materias, como la escalda de precios de las energías.

En el Abc reparan en el agro y advierten de que "La inflación ‘desangra’ al campo: gasóleo, luz y fertilizantes se disparan". Esto tendrá consecuencias directas en la cesta de la compra. Escribe Carlos Manso Chicote: "Tormenta perfecta para agricultores y ganaderos por el incremento de los costes de producción (electricidad, fertilizantes, piensos, gasóleo, fitosanitarios), problemas con el precio de productos como la leche, el nuevo Salario Mínimo y la incertidumbre alrededor de la nueva PAC (Política Agraria Común). La voz de alarma la dan estos días las principales organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA. Esta última publicó ayer un informe que pone cifras a este drama: en concreto, estiman, que el gasóleo agrícola ha subido un 45% respecto a la campaña de 2020 (de 0,524 euros/litro a 0,7574 euros/litro), los plásticos lo han hecho en el mismo tiempo entre un 166% y un 200%".

Sucesos. Extraño incidente en el aeropuerto de Palma de Mallorca. "Reabre el aeropuerto de Palma tras más de tres horas bloqueado por la fuga de varios pasajeros de un vuelo marroquí", apunta El Mundo. La nota es de Marisa Recuero y Eduardo Colom: "El aeropuerto de Palma de Mallorca ha tenido que paralizar las operaciones de vuelo después de que una veintena de personas haya ocupado la pista del aeródromo en la noche de este viernes. Fuentes policiales precisaron que han sido 15 pasajeros. Casi tres horas y media después han reabierto el aeropuerto. (...) Se trata de personas que volaban en un avión procedente de Marruecos, operado por la compañía Royal Air Maroc, con destino a Estambul, que "por motivos médicos" ha tenido que realizar una parada en el aeropuerto de Palma, según precisaron las mismas fuentes".

Sigue la pieza: "Los hechos se produjeron en torno a las 18.30 horas de la tarde, después de que el avión operado por la compañía marroquí solicitara asistencia médica para atender a un pasajero de 23 años que fue trasladado al Hospital de Llatzer, donde tras ser revisado por el personal sanitario se concluyó que estaba sano, según informaron las mismas fuentes policiales. El supuesto enfermo ha solicitado asilo político a España. Tras tomar tierra, se produjo 'una salida en masa' del pasaje aprovechando la situación, según precisaron a este diario fuentes cercana a la Unión Sindical de Controladores Aéreos (Usca). La poca visibilidad en el aeropuerto como consecuencia de las inclemencias meteorológicas ha dificultado la localización de todos los pasajeros que invadieron la pista. A altas horas de la noche, una veintena de coches de la Guardia Civil y de la seguridad del aeropuerto seguía realizando operaciones de búsqueda".

Vozpópuli, 6 de noviembre de 2021

Vida partidista. Continúa la bronca en el PP. "Génova lleva cinco congresos regionales a 2022 y 'condena' a Ayuso" dice Vozpópuli, que añade en sumario que "La renovación de ejecutivas en Castilla y León, Extremadura, Canarias, País Vasco y Cataluña será en el primer trimestre del año que viene y hace muy difícil el plan de Sol (Ayuso) para celebrar el de Madrid en marzo". La nota es de Jesús Ortega y dice así: "El congreso del PP de Madrid y la polémica generada en torno a la fecha de su celebración ha 'tapado' otros procesos de renovación de ejecutivas regionales que, de hecho, amenazan con echar por tierra los planes de Isabel Díaz Ayuso. Se trata de los congresos de Castilla y León, Extremadura, Canarias, País Vasco y Cataluña. Ninguno de ellos se celebrará ya en 2021, tal y como admiten a Vozpópuli desde Génova y las diferentes direcciones autonómicas. Todas las fuentes consultadas coinciden en señalar que tendrán lugar en el primer semestre de 2022, mismo periodo en el que están previstos los congresos uniprovinciales. Una circunstancia que hace casi imposible el objetivo de Ayuso de ser elegida presidenta del PP de Madrid en marzo".

6 de noviembre, santoral: Severo de Barcelona, Alejandro Sauli, Esteban de Apt, Félix de Toniza, Iltuto de Gales, Leonardo de Noblac, Melanio de Rennes, Pablo de Constantinopla, Protasio de Lausanne, -Teobaldo de Le Dorat y Winoco de Taruanense.