Pedro Sánchez afianza su mandato. Tras asegurar los Presupuestos Generales del Estado y someter a la vicepresidenta de Trabajo, Yolanda Díaz, a sus criterios y los de Bruselas en material laboral, acaba de armar la parte dispositiva para obtener los fondos europeos para la reconstrucción pospandemia. Y todo ello sin que el grueso de la oposición, encarnado en el PP, chiste, toda vez que los mandarines genoveses están enfrascados en una entretenida lucha cainita que hace las delicias de la prensa madrileña.
La áspera discusión entre la titular de Economía, Nadia Calviño, y la antecitada Díaz es boxeo de espejo, nada que ver con la pugna entre el líder del PP, Pablo Casado, y su ejecutor, Teodoro García Egea, contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Reputados analistas consideran que esa bronca en el seno del PP se debe a que sus principales dirigentes nacionales han llegado a la conclusión de que sólo ganarán en las encuestas. Y en la tesitura de una larga travesía en el desierto, el control de partido es fundamental.
La noticia gubernamental del día es que "El Gobierno pacta en secreto con la Comisión Europea el contrato de los fondos europeos", según cuenta en lo alto de su portada El Mundo. La información viene con la firma de Carlos Segovia y arranca así: "El Gobierno y la Comisión Europea tienen ya redactado con opacidad el contrato operacional para los nuevos fondos europeos, según confirman a este diario fuentes conocedoras. El contenido ya está pactado a falta de la firma oficial final, según las citadas fuentes y es el conocido como Operational Arrangement. Se trata del paso previo necesario para que España pueda empezar a solicitar los nuevos fondos Next Generation tras el anticipo de 9.000 millones de euros recibido el pasado mes de agosto. El documento encierra los detalles operativos de cómo España podrá recibir los hasta 140.0000 millones previstos hasta 2026 y va acompañado de anexos con las reformas a realizar. El Gobierno es reacio hasta ahora a hacerlo público y ni siquiera ha explicado en el Parlamento lo que ha querido incluir en el documento antes de acordarlo con Bruselas, pese a que trasciende esta legislatura".
Sigue Segovia: "No obstante, las fuentes consultadas señalan que el contrato no despliega nuevas condiciones para la obtención del dinero más allá de las previstas, aunque sí detalla el método de seguimiento y evaluación por parte de Bruselas. Se trata del primer documento de este tipo que ha redactado la Comisión Europea con un estado miembro y es un contrato necesario y previsto en el reglamento comunitario de los fondos. "El Estado miembro y la Comisión Europea especificarán de común acuerdo en disposiciones operativas la disposiciones y el calendario para el seguimiento y la ejecución, los indicadores pertinentes en relación con el cumplimiento de los hitos y objetivos previstos, las disposiciones para facilitar a la Comisión el acceso completo a los datos subyacentes y, cuando proceda, los hitos y objetivos adicionales relativos al pago del préstamo", señala el artículo 20.6 del reglamento europeo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia".
En secreto o de manera discreta, deberes adelantados por el Gobierno mientras la oposición está mirando para Cuenca. Otro asunto al que Sánchez está a punto de dar carpetazo es la reforma laboral. Trascendente entrevista en La Sexta de la ministra podemita Yolanda Díaz, que se descuelga ahora con que "técnicamente" no se puede derogar la reforma laboral. En El Confidencial recurren a un despacho de la agencia Europa Press para dar cuenta de la reorientación de Díaz: "La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado este miércoles que "técnicamente" no se puede derogar la reforma laboral y ha confirmado que la nueva norma en la que trabajan Gobierno y agentes sociales no va a "tocar" los días de indemnización por despido que aprobó el PP en 2012. "¿Técnicamente se puede derogar la reforma laboral del Partido Popular? No, porque fue una reforma expansiva que afectó a más de 20 preceptos del Estatuto de los Trabajadores, a varios reales decretos y directivas", ha aclarado la vicepresidenta en una entrevista en La Sexta, un día después del comunicado del Ejecutivo en el que se expresaba el compromiso "con la derogación de la reforma laboral en los términos del acuerdo de coalición y del plan de recuperación" enviado a la Comisión Europea".
Párrafos después, la nota insiste en los pasos atrás de Díaz: "Preguntada por si se va a aumentar la indemnización por despido improcedente en la norma tras la petición de algunos socios del Gobierno, como ERC o Más País, la vicepresidenta ha respondido que este punto no se va a abordar. "No vamos a tocar el despido. Es una reforma equilibrada", ha indicado".
De hecho, no es el la única renuncia del Gobierno. Según El País, el Ejecutivo también deja para más adelante, o sea, sine día, el tope general de temporalidad. Escriben A. Maqueda y G. R. Pérez: "El Gobierno ha retirado de la mesa del diálogo social sobre la reforma laboral su plan de limitar al 15% la contratación temporal de una plantilla. No se trata de abandonar la idea de poner un tope a la temporalidad, pero se apuesta por hacerlo en cada sector a través de la negociación colectiva, según fuentes de la negociación. El tope general del 15% figuraba en el documento más reciente que manejaban las partes, pero quedó aparcado ayer en la reunión entre el Gobierno, los sindicatos y la patronal".
Continúa la nota: "La CEOE había expresado su rechazo a establecer un límite igual a todos los sectores. Ciertas actividades, como la agricultura o el turismo, tienen una proporción de eventuales muy alta por su estacionalidad. Otra idea sobre la mesa es canalizar el empleo eventual a través de las empresas de trabajo temporal, que convertirían así en fijos discontinuos a unos 300.000 empleados. También se plantea que unos 800.000 trabajadores de la construcción con contratos de obra se equiparen a los indefinidos".
La luz. "Ribera planea un tercer decreto a la desesperada para cumplir la promesa de Sánchez con la luz", según alerta Alberto Sanz en Vozpópuli: "Teresa Ribera busca nuevas soluciones para afrontar la crisis eléctrica tras corregir su hachazo a las eléctricas en un segundo decreto. Y ya prepara el siguiente movimiento para poder cumplir su objetivo ‘autoimpuesto’ de lograr que la factura eléctrica de los consumidores al final de este año sea igual a la de 2018. Según informan fuentes del sector a Vozpópuli, el Gobierno planea un tercer decreto ley a través de un cambio regulatorio en el sector de las renovables. Un escenario que ni confirman ni desmienten desde el Ministerio para la Transición Ecológica. “Ante la coyuntura de elevadas cotizaciones del precio del gas en los mercados internacionales”, comentan fuentes cercanas al equipo de Ribera, “el Gobierno está trabajando con las asociaciones de renovables para encontrar soluciones adicionales a las ya adoptadas que rebajen el precio de la energía eléctrica, al igual que lo viene haciendo durante los últimos meses con las asociaciones de consumidores, con la industria y con las empresas eléctricas”".
Y: "El Ejecutivo valora que esta solución sea un tercer real decreto-ley para poder utilizar el régimen retributivo específico de las renovables, cogeneración y residuos (Recore) para bajar la factura regulada (PVPC) y el coste eléctrico de las industrias. Una posibilidad que, tal y como informaba este miércoles El Economista, le trasladó Ribera las asociaciones de renovables (AEE, Appa, Unef, Anpier y Protermosolar) y las de cogeneración (Acogen y Cogen) en una reunión posterior a su viaje a Escocia para la COP26".
Como se ha dicho, en el PP andan ensimismados en un plástico proceso de autodestrucción por el control del partido en la Comunidad de Madrid. Casado quiere evitar a toda costa que Ayuso se convierta en la presidenta del partido en la región central porque entonces concentraría todo el poder para nombrar candidatos en las próximas municipales. Don Pablo necesita esa atribución para consolidar un liderazgo cada vez más cuestionado. Díaz Ayuso, por su lado, combina la manga de tortazos con Génova con medidas que incrementan su popularidad. "¿Por qué un madrileño tendrá 466 euros en el bolsillo en 2022 y un catalán no?" se pregunta La Razón en uno de sus titulares. Y ella misma se contesta en el subtítulo: "Ayuso da vía libre a la mayor rebaja del IRPF de la historia y suprime todos los impuestos propios. Un madrileño con ingresos brutos de 35.000 euros se ahorrará más de cien euros anuales". En el resto de las autonomías se suben por las paredes y acusan a Ayuso hasta de ser una separatista a la madrileña. La información es de Rocío Ruiz, quien escribe que "el Consejo de Gobierno aprobó ayer la mayor rebaja del IRPF llevada a cabo hasta ahora en la región, que reducirá 0,5 puntos en cada uno de los tramos autonómicos. A esta medida se suma la supresión de todos los impuestos propios, lo que convierte a Madrid en la única autonomía sin este tipo de tributos. Sendas rebajas tienen como objetivo incentivar la economía, favorecer la inversión y la creación de empleo. Con ello Díaz Ayuso marca distancias con el resto de autonomías, algunas de las cuales, como Valencia, vienen acusando al Gobierno madrileño desde hace tiempo de hacer «dumping fiscal». Pero lo cierto es que con la bajada de la presión fiscal, los residentes en Madrid tendrán más dinero en el bolsillo que el resto de contribuyentes españoles, como suele decir la misma Díaz Ayuso cuando habla de su política fiscal. ¿Cuánto más? Un madrileño sin hijos con una renta bruta de 35.000 euros anuales se ahorrará todos los años 466,68 euros por la bajada de medio punto en el tramo autonómico del IRPF respecto a un catalán; 448,74 con respecto a un balear; 328,68 euros si se compara con un asturiano en sus mismas condiciones y 315 euros si se trata de un valenciano".
Mientras tanto y en Cataluña, "El Govern solo tiene prisa por desmantelar los Mossos d’Esquadra", advierte Crónica Global. "En cinco meses, la Generalitat centraliza la defensa jurídica, retira acusaciones, publica el protocolo del foam y crea una comisión de estudio y una oficina de denuncia: todo a la medida de la CUP" desgrana en el sumario de un texto de María Jesús Cañizares que dice así: "La gestión del Govern tiene dos velocidades muy diferentes. Al ralentí en materia económica, a todo gas en la deconstrucción de los Mossos d’Esquadra. A pesar de las promesas que Pere Aragonès hizo en su discurso de investidura, el Ejecutivo catalán ha renunciado a aprobar los presupuestos de la Generalitat de 2021 y habrá que esperar a los de 2022 para superar unas cuentas prepandémicas. En cambio, en solo cinco meses, el ritmo de cumplimiento de los acuerdos entre ERC y CUP en materia de seguridad ha sido veloz y ya se han puesto los cimientos para la demolición del modelo policial. A saber: publicación de los protocolos de uso de los proyectiles de foam, centralización de la defensa jurídica de los Mossos en la Consejería de Presidencia para filtrar los casos, retirada de la acusación particular ejercida por la Generalitat contra activistas y la creación de una comisión de estudio sobre el modelo policial".
Sigue la pieza: "Y aunque no estaba previsto en esos pactos que facilitaron la investidura de Aragonès, también se creará una oficina para fiscalizar las actuaciones policiales y de orden público. Una privatización, en este caso, del control de los agentes que cargan de argumentos a los sindicatos policiales, hartos de ser usados como moneda de cambio. “A la CUP le interesa el repliegue corporativo de los Mossos. Los agentes estamos unidos y quieren que perdamos el control en alguna intervención”, denuncian fuentes sindicales. Recuerdan la valoración positiva que el ciudadano hace de la policía autonómica --7,3 en una escala de 0 a 10 y un 7,7 en una escala de 0 a 10 sobre el servicio recibido, según los datos presentados en la Comisión de Interior del Parlament--. El malestar interno en el cuerpo catalán llega al extremo de que el propio mayor, Josep Lluís Trapero, valora dejar su cargo".
Internacional. La Vanguardia abre portada con la escalada de la tensión en el Magreb: "Argelia denuncia la muerte de tres civiles en un bombardeo marroquí". El texto de la web del diario de Godó es de agencias: "El gobierno de Argelia denunció ayer que tres de sus ciudadanos habían sido “cobardemente asesinados” en un “bárbaro bombardeo” del ejército marroquí contra un convoy de camiones en la ruta que une la ciudad argelina de Uargla y la capital de Mauritania, Nuakchott, y advirtió que el ataque “no quedaría impune”. “Varios elementos apuntan a la participación de las fuerzas de ocupación marroquíes en el Sáhara Occidental en el cobarde asesinato”, dijo la presidencia. La situación es de alta tensión en la antigua colonia española desde que hace un año el ejército marroquí penetrara en el área desmilitarizada de Guerguerat para disolver una concentración saharaui que protestaba contra el uso comercial que hacen de este paso Marruecos y Mauritania".
Ha fallecido Georgie Dann, el rey de la canción del verano.
4 de noviembre, santoral: Carlos Borromeo, Agrícola de Bolonia, Amancio de Rodez, Emerico de Hungría, Hermas de Licia, Modesta de Tréveris, Nicandro de Mira, Perpetuo de Maastrich, Piero de Alejandría y Vidal de Bolonia.