Conmoción consistorial, alarma municipal, pavor local. Los ayuntamientos tiemblan ante la anulación del impuesto de la plusvalía, mayormente el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), el tributo por el que el las corporaciones se lo llevan crudo en caso de compraventa, herencia o donación. En el país del ladrillo, la plusvalía es sagrada para las casas consistoriales.
La anulación de varios artículos del tributo por parte del Tribunal Constitucional amenaza, según los prebostes de las municipalidades, la misma existencia de las corporaciones locales. El ministerio de Hacienda ha corrido a tranquilizar a los ayuntamientos. Revisará el impuesto para constitucionalizarlo a la mayor brevedad.
La Vanguardia y El Mundo abren con la alerta municipal. En el diario de Godó escriben Jaume Masdeu y Raquel Quelart: "Alarma en los ayuntamientos por la sentencia del Tribunal Constitucional que anula varios aspectos del impuesto sobre plusvalía municipal, una tasa que supone una fuente importante para su financiación, con alrededor de 2.500 millones de ingresos al año. Aunque el ministerio de Hacienda anunció, inmediatamente después de conocerse la sentencia, que revisará el impuesto para garantizar su constitucionalidad y la financiación a los ayuntamientos, muchos alcaldes mostraron su alarma ante la potencial pérdida de ingresos. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) considera que será necesario elaborar una nueva norma para restablecer el impuesto. “De confirmarse la primera interpretación, se plantearía una nueva norma que permita restablecer el impuesto con justicia de recaudación”, dijo el presidente de la FEMP y alcalde de Vigo, Abel Caballero, para añadir que “procederemos a interpretar la sentencia conjuntamente (con el ministerio de Hacienda) y pediremos al gobierno analizar de forma conjunta la solución”. En este sentido, Hacienda aseguró en un comunicado que “ultima un borrador legal que garantizará la constitucionalidad del tributo, ofrecerá seguridad jurídica a los contribuyentes y certidumbre a los ayuntamientos"".
En El Mundo se subraya que la anulación a cargo del TC ha tenido el efecto de unir a alcaldes de distinto signo igual que en Fuenteovejuna: "La anulación -de facto- del impuesto de plusvalía local ha encendido las alertas en los principales ayuntamientos. Después de que el Tribunal Constitucional tumbase el cálculo del impuesto, alcaldes del PSOE, del PP, de las coaliciones cercanas a Unidas Podemos y de los partidos nacionalistas e independentistas han coincidido en demandar al Gobierno una solución rápida, porque sino los presupuestos de miles de consistorios estarán en peligro. (...) El Constitucional, en una sentencia del magistrado Ricardo Enríquez, consideró este martes que el cálculo del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana -popularmente conocido como la plusvalía local- es inconstitucional al entender que el sistema de cómputo objetivo no se corresponde con la realidad. ¿Por qué? Porque hasta ahora el impuesto se cobraba siempre, con independencia de que el inmueble se haya revalorizado o no".
Hasta en los desahucios han cobrado los ayuntamientos este impuesto. Y a cargo de quien perdía el piso. Con un par.
Prosigue la bronca en el Gobierno de coalición. El presidente Sánchez, magnánimo, ha cedido y deja que sea la vicepresidenta segunda y podemita Yolanda Díaz quien pilote la abolición de la reforma laboral del PP, pero con la condición de que no excluya a los ministros socialistas. "Calviño acepta que Díaz dirija la reforma laboral, pero bajo su vigilancia" aseguran en El País Carlos E. Cué y P. Chouza: "Pedro Sánchez busca un equilibrio para cerrar la crisis abierta entre los socios del Gobierno sobre quién gestiona la reforma laboral. La última oferta de La Moncloa a Podemos, planteada ayer en una reunión discreta en la que participaron Félix Bolaños y Yolanda Díaz, implica que se acepta el liderazgo de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo siempre que haya presencia en el diálogo de los ministerios socialistas, en particular el de Economía, que encabeza la vicepresidenta primera, Nadia Calviño. La propia Calviño mostró ayer su aceptación de esa dirección, lo que supone un cambio con respecto a su posición anterior, por la cual quería asegurarse la coordinación".
Y: "Trabajo propuso una reunión a Economía en la que quiere centrarse en los contenidos y los límites de la reforma del mercado de trabajo. Unidas Podemos defiende que, antes de decidir quién participa en el diálogo social, resulta prioritario definir el corazón de la reforma. Díaz declaró en Roma: “El debate no es sobre metodología”. Y añadió que a los ciudadanos no les importa eso, sino las medidas que se tomarán sobre la precariedad, los convenios o la devaluación de salarios".
El asunto resulta harto vidrioso. En La Razón explican que los ministros socialistas acusan a Díaz de no informar. Del texto de Ainhoa Martínez: "El Gobierno sigue enredado en el abordaje de la reforma laboral que debe estar lista antes de que acabe el año para cumplir los compromisos acordados con Bruselas. Una negociación que hasta ahora estaba residenciada en el Ministerio de Trabajo –bajo la batuta exclusiva de Yolanda Díaz–, pero que, llegado un momento trascendental de la misma, el presidente del Gobierno ha decidido tutelar. Una tutela que busca reducir el margen de maniobra de la vicepresidenta segunda y que se articula en dos movimientos: diluyendo su presencia, con la entrada de ministros del ala socialista, y limitando su influencia, haciendo partícipe de la misma también a la vicepresidenta primera, Nadia Calviño. En Moncloa insisten en que, llegados a este punto, era necesario un esfuerzo de «coordinación» de los trabajos, porque no tenían toda la «información» o esta no se trasladaba con exactitud".
En Podemos deslizan donde pueden y a la mínima oportunidad que Sánchez recela de Díaz, que teme el tirón electoral de la ministra de Trabajo, un tirón que está a medio camino entre la elucubración y la suposición. Hablando de presunciones, El Confidencial tiene el placer de presentar ante sus lectores una encuesta, otra más, sobre lo que ocurriría hoy si en vez de ser hoy fuera un domingo electoral. Ahí van los datos: PP, 28%, 120; PSOE, 25,8%, 101; Vox, 15,9%, 52; UP, 11%, 28; MP, 2,8%, 3; Cs, 2,6%, 1.
El análisis corre a cargo de Javier Bocanegra, que escribe: "La coyuntura política sigue impulsando al PP. Aunque sin grandes subidas, Pablo Casado está recabando nuevos apoyos de forma gradual, bebiendo de nuevas fuentes de votos y consolidándose como primera fuerza nacional, mientras el Gobierno de Pedro Sánchez acusa el desgaste de la gestión. Así se desprende de la cuarta oleada del Observatorio Electoral de El Confidencial, que confirma las tendencias apuntadas en las anteriores. La estimación, realizada por IMOP-Insights, muestra una progresión continua de los populares, que estarían seduciendo a más de medio millón de votantes socialistas y arañarían papeletas a Santiago Abascal. La formación de centro derecha escala hasta el 28% de los sufragios, lo que se traduce en 120 escaños. El PP se aleja aún más del PSOE, que se queda estancado en 101 diputados, en una línea levemente descendente. En la primera oleada de nuestro Observatorio Electoral, la distancia era de apenas cinco asientos, pero esta ha ido creciendo hasta los 19 de ahora y los 2,2 puntos porcentuales".
Aunque parezca mentira, hay quien cree que se pueden adelantar las elecciones. "Podemos multiplica los frentes contra Sánchez entre rumores de adelanto electoral" se asegura en Vozpópuli. "Una parte de los morados ve a los socialistas con ansias de pulsar el botón del adelanto electoral, aunque la dirección insiste en que no lo contempla" se abunda en el sumario. La nota es de Javier Portillo y dice así: "Una pulsión atraviesa a Unidas Podemos: enmarcar al PSOE como el socio que incumple, casi sistemáticamente, los acuerdos del pacto de coalición más sensibles. Por eso, los morados han sacado la artillería y han abierto varios frentes en las últimas semanas con la ley de vivienda, la derogación de la ley mordaza y de la reforma laboral, y con la petición de dimisión de la presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, que tanto ha escocido a los de Pedro Sánchez. “Que cumplan, que cumplan, que no lo hacen”, sintetiza a este diario una fuente parlamentaria morada. Lo cierto es que los esfuerzos de Unidas Podemos por presentar al PSOE como el malo de la coalición son, según fuentes consultadas en el seno del espacio confederal, un contraataque a la ofensiva de Sánchez contra la vicepresidenta segunda por la reforma laboral".
Sigue el texto: "Estas mismas fuentes ven a los socialistas con ansias de pulsar el botón de un posible adelanto electoral para pillar al espacio a su izquierda con el pie cambiado. Y ese es el motivo por el que Unidas Podemos, zanjan, ha subido los decibelios contra su socio para retratarle. La guerra por ganar el relato de los éxitos y los fracasos de coalición se intensifica a pasos agigantados. Los morados quieren que cale el mensaje de que Sánchez, si cumple, es por ellos. Por si acaso. No obstante, tanto la dirección del partido como el núcleo duro morado en el Gobierno no contemplan, por el momento, un escenario electoral inminente. Eso sí, recalcan que para Unidas Podemos es más importante ser leal con el acuerdo de coalición que con los miembros del PSOE".
Se cierra la vía marroquí del gas argelino. La ministra Teresa Ribera va a a Argel para abordar la comprometida situación energética. De El Independiente: "La ministra Teresa Ribera viajará de urgencia este miércoles a Argel para reunirse con el gobierno local, a fin de «afianzar el suministro de gas» a España, según confirman fuentes del ministerio, a solo cuatro días de que se cierre el gasoducto Magreb-Europa. Esta infraestructura, que discurre por Marruecos y por la que España ha recibido en las últimas décadas casi el 30% del gas que consume anualmente, dejará de funcionar este domingo, cuando finalice el contrato que Argelia se niega a renovar por sus conflictos diplomáticos con Marruecos. El cierre del gasoducto obligará a reforzar otras vías de abastecimiento para asegurar el suministro de gas en España durante el invierno. Argelia ha intentado garantizarlo a través de un aumento de las canalizaciones a través del gasoducto Medgaz, que une directamente Argelia con Almería. El GME, que dejará de funcionar esta semana, entra en España a través de la provincia de Cádiz, previo paso por Marruecos. (...) No obstante, ni el gasoducto de Almería puede asumir toda la cantidad de gas que dejará de llegar a través de Marruecos, ni el mercado internacional del Gas Natural Licuado (GNL) es estable, ni barato. El Gobierno, principalmente a través del ministerio de Exteriores, lleva mediando en el conflicto entre Marruecos y Argelia desde que el pasado mes de agosto el Ejecutivo en Argel avisase de que cerraría el grifo este 31 de octubre".
El titular de apertura en Crónica Global es que "La precariedad laboral se cronifica en la sanidad". Otra muestra de la tremenda demagogia en torno al sistema de salud. "El ICS, la empresa pública más grande de la Generalitat, tiene 9.892 profesionales con contratos eventuales, con una duración media de 58 días, y 19.144 interinos, lo cual vulnera las normas europeas" se añade en el sumario. El texto es de María Jesús Cañizares: "Un total de 9.892 profesionales con contrato eventual, con una duración media de 58 días, y 19.144 interinos. Las cifras, correspondientes al Institut Català de la Salut (ICS), confirman lo que el personal laboral de la Generalitat viene denunciando desde hace años: que la precariedad laboral se ha enquistado hasta al punto de afectar a uno de cada tres empleados de la Administración catalana. La situación vulnera las directivas europeas, que obliga a contratar como fijos a los trabajadores que llevan años enlazando contratos".
Continúa la pieza: "Salud y educación, pilares sociales de toda Administración, son las áreas de la Generalitat con más empleados. De ahí que las cifras sean más voluminosas. En el ámbito sanitario, la pandemia ha incrementado el número de contratos temporales, pero “se trata de una situación excepcional. La figura del contrato temporal es legal, pero se ha utilizado de forma fraudulenta, porque ha interesado que así fuera”, explica a Crónica Global la presidenta de la Plataforma de Interinos de Cataluña (PIC), Ruth Gras, trabajadora social que lleva más de 30 años en situación de interinidad".
27 de octubre, santoral: San Vicente, Santa Sabina y Santa Cristeta de Talavera, los santos mártires de Talavera. Bartolomé de Bregantia, Frumencio de Etiopía, Namancio de Arvenia, Oterano de Iona, Tráse de Esmirna y Gaudioso de Nápoles.