Las comarcas del Montsià y el Baix Ebre están del revés. Han sufrido un "aguacero súbito y extremo" según la definición de La Vanguardia. El episodio de la gota fría se repite cada año y cada año causa el asombro de los fenómenos inéditos. Los destrozos son millonarios. La fuerza del agua es tan destructiva como la del fuego. Alerta máxima en toda España. El agua del mar está que arde, lo que unido al descenso gradual de las temperaturas es la causa general de la gota fría, más conocida en la actualidad como DANA (depresión aislada en niveles altos). Una tromba podría ser la puntilla definitiva del Mar Menor. En el Maresme, por otra parte, conocen de primera mano la letalidad de estas manifestaciones del clima. O en Sabadell, donde a finales de septiembre de 1962 se produjo la que aún es hoy la mayor catástrofe hidrológica de la historia de España.
Los destrozos en Alcanar y Sant Carles de la Ràpita ilustran las portadas de los medios impresos en Cataluña, que en materia política constatan que el llamado proceso ya no está entre las prioridades de Pedro Sánchez. Tras la concesión de los indultos, el presidente del Gobierno ha pasado página catalana. La actualidad discurre por más amplios derroteros que esa intensidad independentista de la amnistía y la autodeterminación. El ombliguismo secesionista cotiza a la baja. Fatiga de los materiales, hastío, hartazgo y empacho.
La dilución del expediente también se ha detectado en medios madrileños. Del arranque de la crónica de Iván Gil en El Confidencial: "Cataluña fue la gran ausente en el discurso de Pedro Sánchez para inaugurar el curso político y dar cuenta de las prioridades del Gobierno para los próximos meses. Durante los 45 minutos en los que se alargó su intervención, no hubo espacio para lo que el Ejecutivo ha reconocido como un "conflicto político" y para cuya distensión ha asumido decisiones con grandes costes políticos, como la concesión de los indultos a los presos del procés. La remodelación del Gobierno el pasado mes de julio ha ido acompañada de una suerte de descatalanización de la agenda de Moncloa y una disminución de los guiños hacia el independentismo. En este contexto, la reactivación de la mesa de diálogo, que Pedro Sánchez y Pere Aragonès acordaron celebrar la semana del próximo 13 de septiembre, sigue sin tener fecha, ni orden del día ni composición de las delegaciones. Tampoco está asegurada a día de hoy la presencia del propio Sánchez".
O sea que hay vida más allá de Cataluña, aunque las palpitaciones de la política catalana siembran de toda clase de titulares la prensa en general. Así, Carmen Lucas-Torres apunta en El Independiente que "Consejeros del Tribunal de Cuentas creen que la Abogacía General no se pronunciará sobre los avales de la Generalitat". Esa es una de las asignaturas pendientes del pasado curso que parecía olvidada, pero que como el monstruo de Monterroso sigue ahí. Del texto de Lucas-Torras: "El Tribunal de Cuentas está a la espera de la respuesta de la Abogacía General del Estado sobre la legalidad del sistema de avales creado por el Gobierno de Pere Aragonés a través del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) para cubrir las fianzas de 5,4 millones de euros que el órgano fiscalizador exige a 34 líderes independentistas por el supuesto desvío de fondos públicos en la promoción del proceso independentista en el exterior a través de las denominadas embajadas catalanas y el Diplocat. Consejeros consultados por El Independiente dan prácticamente por descontado que los servicios jurídicos del Estado, encabezados por la abogada general Consuelo Castro, eludirán pronunciarse al respecto".
O sea que tendrá que ser el Tribunal de Cuentas quien dirima si las fianzas son legales. Más noticias catalanas. "Casi 2.000 guardias civiles y policías quieren salir de Cataluña por la presión separatista" asegura Vozpópuli. Se trata de una información con la firma de Alberto Sierra y que dice así: "Cerca de 2.000 agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional en Cataluña quieren salir de esa comunidad autónoma y ser trasladados a otros destinos debido a la "presión social" que ejercen sectores independentistas sobre ellos y sus familias, según datos de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y del Sindicato Unificado de Policía (SUP). Una cifra que no deja de subir desde el inicio del procés y por la que, en pleno inicio del nuevo curso político, la AUGC ha vuelto a solicitar esta semana con carácter "urgente" al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que Cataluña sea declarada "Zona de Especial Singularidad". El objetivo es frenar la "huida" de guardias civiles de esa región y que reciban complementos económicos y laborales similares a los establecidos para los agentes destinados en País Vasco o Navarra".
Sigue la nota líneas después: "Según un sondeo realizado por esta asociación de guardias civiles entre los agentes destinados en Cataluña, el 30% de los casi 3.000 efectivos con los que cuenta el Instituto Armado en esa comunidad autónoma demandan otros destinos. "Una demanda que año tras año aumenta debido a la elevada presión social que soportan por parte de sectores independentistas, tanto los agentes como sus propias familias", añade Carmona".
En paralelo, el consejero de Interior, Joan Ignasi Elena, quiere convertir a los Agentes Rurales en la Guardia Civil de la Generalitat, según cuenta Quico Sallés en El Món: "El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, s’ha deixat convèncer pel director dels Agents Rurals, Marc Costa, i ha engegat un pla que implica una veritable revolució del cos. L’objectiu és consolidar els verds com una policia integral del medi natural i plantar cara a l’Estat que ja ha començat una contraofensiva judicial, amb recursos contra l’ús d’armes per part dels agents. Tres-cents agents més, unitats especialitzades, més recursos, reformes estructurals, jubilació anticipada, segona activitat i assumir les funcions del actual Servei de Protecció de la Naturalesa (Seprona) de la Guàrdia Civil són els objectius primordials per a un canvi de paradigma en un cos que tot i ser policia judicial i administrativa encara resta difuminat en el sistema de seguretat pública de Catalunya".
Y: "Enmig d’un recurs contenciós administratiu interposat pel ministeri de l’Interior, contra el decret que va aprovar el reglament d’armes del Cos d’Agents Rurals, Elena ha posat fil a l’agulla per estructurar i desplegar el cos com una veritable “policia dels recursos naturals”. Un pla que inclou reformes legals, com la futura llei de caça, millores laborals i l’increment d’efectius i recursos. De la mà del director del cos, Marc Costa, –per cert, un mosso que va ser investigat per la policia espanyola, i a petició de l’Audiència Nacional, per dissenyar un pla de seguretat pública per a Catalunya–, Interior ha començat el desplegament de l’anomenat Pla Estratègic del Cos d’Agents Rurals, el PECAR en l’acrònim".
Noticias nacionales. Sánchez abrió ayer el curso con el anuncio de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Así lo explica Gorka R. Pérez en El País: "El Gobierno planteó ayer a los agentes sociales una subida del salario mínimo interprofesional (SMI) de 12 a 19 euros este año y de unos 31 euros en 2022 y 2023, lo que permitiría que se situara en el entorno de los 1.000 euros ya el año próximo y sobre los 1.031 el siguiente. La propuesta de Trabajo sigue la horquilla recomendada por una comisión de expertos. Los agentes sociales están de acuerdo en revisar el SMI, pero discrepan sobre la cuantía. Los sindicatos reclaman un aumento superior para mantener el poder adquisitivo en un momento de elevada inflación (del 3,3% interanual en agosto). En cambio, la CEOE advierte de que es necesario un escenario de “prudencia y consolidación del empleo”. La propuesta de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se produce tras las resistencias iniciales de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, que apostaba por esperar a comprobar la fortaleza de la recuperación y el empleo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo en una reunión con empresarios que la subida del salario mínimo será “inmediata” para que la recuperación de la economía sea “justa”".
Portada de 'El País' del 2 de septiembre de 2021 / KIOSKO.NET
El telón de fondo es la escalada imparable del precio de la energía eléctrica, una situación que pone en duda los planes de recuperación del Gobierno y tiene ya un impacto notable en los bolsillos de los españoles. En El Mundo dan cuenta de que "Ribera acelera otra reforma del recibo eléctrico que lo hará menos volátil y reducirá su coste político". Y añaden que "Transición Ecológica prevé aprobar este mismo año una nueva tarifa regulada con un porcentaje de precio fijo vinculado a los futuros que irá elevando su peso escalonadamente". El texto es de Víctor Martínez: "El Ministerio de Transición Ecológica prepara una amplia reforma de la tarifa regulada de la luz para mitigar el impacto que tiene sobre 10 millones de consumidores domésticos la extrema volatilidad del mercado mayorista de electricidad, que estos días cabalga de récord en récord al marcar los precios del megavatio hora. La vicepresidenta Teresa Ribera abrió la puerta el pasado lunes a acometer los cambios, aunque no detalló cómo ni cuándo lo haría, pero el mercado no da tregua y este jueves cada megavatio hora costará ya más de 140 euros".
Continúa el texto: "El equipo de Ribera lleva semanas analizando posibles cambios y su intención es que estos sean aprobados antes de que acabe este año, explican a El Mundo fuentes ministeriales. Su propuesta, que deberá contar con la aprobación y el respaldo de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), contempla que el coste de la energía en el recibo de los hogares que tengan contratado el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) se calcule combinando el coste que refleje el mercado mayorista y el que marque una cesta de futuros. La reforma se haría por fases y de forma escalonada, de tal forma que esta cesta de futuros comience suponiendo una pequeña parte de la factura y su peso vaya incrementándose poco a poco hasta alcanzar un equilibrio con la parte mayorista. Sus impulsores argumentan que el cambio beneficiará a las familias al hacer más fácil predecir el importe de la factura y evitar sustos al final de mes. Además, la desvinculación progresiva con el mercado mayorista reducirá notablemente el coste político que supone para Pedro Sánchez y la propia Ribera los sucesivos récords del mercado: ocho durante el histórico mes de agosto".
Portada de 'El Mundo' del 2 de septiembre de 2021 / KIOSKO.NET
Sea como fuere, El Diario ilustra a sus lectores sobre las bondades del clima español, un clima que hace que la factura de la luz no sea tan problemática porque nuestros hogares son los que menos electricidad consumen en Europa. Ah, el sol, qué grande. Por eso también es mejor ser mendigo en España que en el norte de Europa. Así lo cuenta ese medio mientras el megavatio escala hasta los 140 euros y subiendo: ""El consumo de electricidad doméstico es altamente dependiente de la temperatura", indica Morales (Jorge Morales, divulgador y director de Próxima Energía). España, como otros países del sur de Europa, disfruta de un clima más templado y amortigua así su gasto final en electricidad y gas. "Y no todos los hogares tienen calefacción de gas. En algunas zonas no llega el gaseoducto y se usa la eléctrica". Determinados países tienen un nivel de "electrificación" más elevado, y más penetración del coche eléctrico. "También hay países donde es más común la electrificación del agua caliente", añade José Donoso, director general de la Unión Española Fotovoltaica, que indica que las malas noticias sobre el precio de la luz están aumentando el interés de los españoles por el autoconsumo. "No todos los países tienen una gasificación tan fuerte como España. En la Unión hay países muy heterogéneos y luego dentro de cada país hay muchas diferencias entre norte y sur"".
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha decidido suprimir los impuestos de titularidad autonómica, que a los efectos de la región son el chocolate del loro. Se trata de los tributos sobre la instalación de máquinas en establecimientos de hostelería, sobre depósito de residuos y un recargo en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE). La medida provoca división de opiniones. La derecha presume de Ayuso y la izquierda brama. En Público explican que la política fiscal de Madrid no atrae más fortunas contra lo que manifiestan los gobiernos de Cataluña y Valencia, que quieren cercenar las competencias madrileñas por una supuesta competencia fiscal desleal. El texto en el medio de Roures viene con la firma de Eduardo Bayona, que titula: "Catalunya, Valencia y Andalucía captan más ricos y fortunas que Madrid a pesar de las rebajas fiscales de Ayuso". Del texto: "Los datos de la Agencia Tributaria dejan claro cómo en los últimos cinco años otros tres territorios como Catalunya, la Comunitat Valenciana y Andalucía han captado, ya sea por la vía de la atracción o de la retención, a un número más elevado de ricos, si por ricos se entiende quien está obligado a presentar declaración de Patrimonio, y un volumen mayor de fortunas que Madrid. También dejan claro que en ese mismo lustro ha aumentado de manera notable el patrimonio que esos potentados atesoran y que lo ha hecho de una manera más acusada en el conjunto de esos tres territorios, donde se ha incrementado en casi 68.000 millones de euros frente a los 53.500 de los ricos madrileños. Eso ocurría mientras los gobiernos de Catalunya, Andalucía y la Comunitat Valenciana recaudaban una media de 701 millones de euros al año en concepto de Impuesto de Patrimonio y el de Madrid perdonaba mediante una bonificación del 100% una media de 859 por ejercicio, algo que parece cuestionar que la rebaja de impuestos sea, más allá de la teoría, un imán para atraer riqueza a un territorio".
Pues miel sobre hojuelas y visca Catalunya. Así ya no que hay que preocuparse de que si Madrid sube o baja impuestos, ¿no?
2 de septiembre, santoral: Antolín, Agrícola de Aviñón, Antonino de Apamea, Elpidio del Piceno, Habib de Edesa, Nonoso, Próspero de Tarragona, Siagrio de Autun y Zenón de Nicomedia.