División en el PSOE por los indultos y reforma de las pensiones

Los presos del procés tienen mala prensa. Una mayoría de los españoles es contraria a la concesión de los indultos. No ayuda que los condenados rechacen la medida de gracia. Tampoco la contumacia con la que insisten en que lo volverán a hacer. No hay reconocimiento de la culpa ni arrepentimiento, sino todo lo contrario. La tesis en Lledoners es que los indultos son una humillación, no un atajo para salir de la cárcel. Se creen, además, los únicos defensores de la libertad y la democracia.

En ese contexto, un sondeo de Sociométrica para El Español muestra que "el 80% de los españoles, incluido el 72% de los votantes del PSOE, están en contra de los indultos" y que "el 78% considera que conceder la medida de gracia a los presos del 'procés' supondría un aliciente para que el independentismo repita su desafío".

Estos porcentajes no suponen ninguna sorpresa. Al contrario, se explican perfectamente a la luz de noticias como esta de Crónica Global: "Rull insinúa que ha seguido gobernando como 'conseller' desde la cárcel". Hay en Rull una actitud desafiante agudiza por su penosa situación. Así arranca el texto sobre las aventuras del único consejero que fue a su despacho el lunes de autos: "El exconseller de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat Josep Rull insinúa haber seguido gobernando o, cuando menos, influenciando en las decisiones de dicho departamento desde la prisión en los últimos años, a pesar de la condena de 10 años y medio de cárcel e inhabilitación absoluta que pesan sobre él al haber sido condenado por sedición en el procés independentista. Así lo ha apuntado el propio Rull en su perfil de Twitter con un mensaje de despedida al conseller saliente, Damià Calvet, su sucesor en el cargo hasta ahora, y de quien deja entrever que ha sido una suerte de colaborador suyo: "Cierro una etapa apasionante de cinco años sirviendo primero en el despacho oficial del Departamento de Territorio y Sostenibilidad y, después, de la mano del conseller Damià Calvet, desde las cárceles donde he estado cautivo. Ha sido un auténtico privilegio"".

Y: "En ese mismo hilo de mensajes, el exmandatario de JxCat explica también que desde que fue cesado, "formalmente, por el 155 y privado de libertad", Damià Calvet ha ido cada semana a la prisión para "despachar juntos el día a día del departamento. Con él, la figura del conseller legítimo no ha sido ni una quimera ni una ficción", apunta".

Así se explica la preferencia de los exconsejeros de JxCat presos por el atildado Calvet. Pero la presión de Lledoners no le ha servido finalmente para mantenerse en el Govern.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se la juega con unos indultos que rechaza una mayoría de los españoles, otra mayoría de independentistas y el total de los condenados. Y es cuestión de meses, sino de semanas, que los reclusos accedan al tercer grado. Una parte del PSOE se sube por las paredes. No aprecian la valentía y coraje de Sánchez. Más bien opinan que se trata del pago de un peaje que tendrá una segunda parte en las urnas. De la nota de I. Gil e I. Morillo en El Confidencial: "Los barones más moderados del PSOE que gobiernan en los territorios del interior ven en la decisión de indultar a los presos del 'procés' el anticipo de un "castigo" electoral. Una decisión que se dicen incapaces de poder explicar a su electorado —por mucho que desde Moncloa se les ha trasladado que se hará pedagogía— y que los apartaría de la centralidad que intentan ocupar".

Continúa el texto: "El presidente manchego, Emiliano García-Page, se alzaba este jueves en portavoz de las voces críticas al advertir sobre los costes de la medida de gracia: "Lo último que querría es que un indulto injustificado a alguien que quiere seguir haciendo lo mismo se convierta en una condena para la organización que lo sustenta". Diputados autonómicos compran incluso el mensaje del PP sobre el cambio de ciclo, si finalmente se conceden los indultos, y alertan sobre un distanciamiento cada vez mayor entre algunas de las estructuras territoriales del PSOE y Moncloa. Tanto en la dirección del partido como en Moncloa restan importancia a estas críticas, aceptan con normalidad la diversidad de opiniones, pero se mantienen firmes en el mensaje de que deben ser valientes y tomar decisiones difíciles para tratar de desactivar el enquistado conflicto catalán. Y prometen que una vez tomada la decisión se hará pedagogía, avanzando incluso un tono épico, de "valor y valentía", al comparar los posibles indultos y la apertura del diálogo con decisiones también difíciles y con altos costes electorales como las relacionadas con ETA, pero que finalmente lograron poner fin a la violencia terrorista".

El Gobierno tiene más frentes. Por ejemplo, casi ha cerrado un pacto para la reforma de las pensiones, según informa El País en portada. La pieza viene con las firmas de Claudi Pérez y Antonio Maqueda, quienes escriben que "el Gobierno ha alcanzado un acuerdo con la patronal y los sindicatos sobre las líneas maestras de la primera parte de la reforma de las pensiones. El Ejecutivo tiene ya el visto bueno de UGT, CC OO y CEOE, según fuentes consultadas en el Ministerio de la Seguridad Social y en los agentes sociales, pese a que la patronal mantiene reservas sobre el texto final, que estará listo en unos días. Algunos de los asuntos más delicados se dejan para más adelante y no se aprobarán hasta 2022. (...) “Hay acuerdo”, dice UGT. “El pacto político está cerrado, quedan flecos”, añade CCOO. “Hay consenso en las líneas generales”, explican fuentes de CEOE, que advierten de que pelearán hasta la última coma".

En síntesis, estos son los puntos del acuerdo: "Revalorización. El mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones se garantiza con la revalorización con el IPC --la inflación-- del año anterior. En caso de inflación negativa, las pensiones quedarán inalteradas. Se deroga así la reforma del PP de 2013, que obligaba a revalorizar un 0,25% las pensiones si las cuentas no estaban equilibradas. Alinear edad ordinaria y edad efectiva de jubilación. Escrivá ha pactado con los agentes sociales modificar los coeficientes de la jubilación anticipada, los nuevos incentivos a la jubilación demorada, la modificación de la jubilación parcial y la reforma de las cláusulas de jubilación forzosa. (...) En la jubilación anticipada voluntaria se aplicarán coeficientes reductores de la pensión para desincentivarla; en la jubilación demorada, Seguridad Social plantea un pago único de hasta 11.000 euros por año o un 4% adicional en la pensión por cada año de demora. Autónomos. Escrivá quería un sistema de tramos para garantizar que los autónomos coticen por sus ingresos reales, entre 90 y 1.220 euros al mes en función de los ingresos. Finalmente, esa propuesta se ha retirado y se deja para más adelante: la idea es ponerla en marcha en 2022 con efectos económicos en 2023 --y un periodo transitorio de nueve años--. Pero Seguridad Social evita especificar las cuantías. Ingresos. Se garantizan las inyecciones del Presupuesto al sistema para rebajar el déficit. Estas incluyen gastos impropios que soporta la Seguridad Social y otros 10.000 millones de cotizaciones que pasarán a financiar pensiones y que antes financiaban políticas de empleo. Este año se van a inyectar unos 14.000 millones, y podrían añadirse otros 8.500 millones".

Continúa la tensión diplomática con Marruecos, que insiste en reclamar un cambio de posición de España en relación al Sahara occidental. En El Mundo se ocupa del expediente Marisol Hernández: "Ninguno de los intentos españoles por desinflamar la crisis diplomática con Rabat da resultado. Ni la contención de la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, ni los avisos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que "no hay mejor ni mayor aliado de Marruecos dentro de la UE que España". La embajadora del reino alauí, Karima Benyaich, ahora en Rabat, tras ser llamada a consultas, ha hecho hoy (por ayer) unas nuevas declaraciones en las que anuncia nuevas represalias contra España. En su opinión esta crisis "ha desvelado las verdaderas intenciones de ciertos círculos en España" y que "persisten en querer dañar a los intereses superiores del Reino, desde la recuperación del Sáhara marroquí en 1975"".

Penas de hasta 53 años para los terroristas de las Ramblas y Cambrils. Así lo cuenta Ángeles Vázquez en El Periódico: "Ni los acusados ni las acusaciones del juicio del 17A lograron convencer a la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional. En su sentencia condena a los tres primeros a penas superiores a las solicitadas por las fiscalía, de 53 y 46 años de cárcel para dos de ellos como miembros de la célula yihadista que cometió los atentados terroristas de Barcelona y Cambrils en agosto de 2017, en los que murieron 16 personas. El tercero es condenado a ocho años como colaborador. La mayor pena corresponde al único superviviente del chalé de Alcanar, Mohamed Houli Chemlal, al que sigue Driss Oukabir por los delitos de pertenencia a organización terrorista, tenencia, depósito y fabricación de sustancia o aparatos explosivos e inflamables de carácter terrorista, y estragos en tentativa de carácter terrorista en concurso con 29 delitos de lesiones por imprudencia grave, por los mossos, bomberos y vecinos que resultaron heridos en la segunda explosión de la vivienda".

28 de mayo, santoral: Germán de París, Guillermo de Gelona, Caruno de Chartres, Helicónides, Pablo Hanh, Justo de Urgel y Ubaldesca.