El Govern hunde la hostelería y 17 navidades

La Navidad es un sálvese quien pueda, salvo la hostelería, que en Cataluña es el sujeto pasivo de un avieso experimento a medio camino entre la programación económica maoísta y el control nacionalista de la moralidad pública. Diríase que el Govern dispone de datos sobrados sobre la incidencia de los bares y restaurantes en la pandemia, que el coronavirus surgió en un bar de l'Eixample en vez de en el mercado de simpáticos pangolines y sabrosos murciélagos de la ciudad china de Wuham. 

Según la prensa de orientación conservadora, el Gobierno se lava las manos y deja a las comunidades autónomas demostrar su competencia o incompetencia en la gestión del miedo y el aumento de contagios. En la Comunidad Valenciana no podrán entrar ni los familiares mientras que en Cataluña no sólo están permitidos los contactos entre familiares residentes en otras regiones sino que el personal que tenga segunda residencia se podrá desplazar tranquilamente hacia la morada vacacional. Eso sí, en burbuja. Y en Madrid, la hostelería no se toca, pero las reuniones familiares se reducen hasta las seis personas. 

Ahora resulta que las familias numerosas son ilegales. Los más viejos se acordarán de la saga de La gran familia. Hoy en día Chencho lo tendría claro. Y al abuelo lo habrían dejado tirado en una gasolinera. Nos está quedando un mundo postapocalíptico que ni El planeta de los simios. 

"El Govern hace el ridículo y siembra el caos con sus nuevas medidas anti-Covid". Con este titular recibió Crónica Global el desbarajuste autonómico catalán. El sumario abunda en el caos: "JxCat y ERC hunden a la restauración, pero abren la mano a la movilidad en todo el territorio en el inicio de la temporada de invierno". La pieza es de la directora del medio, Cristina Farrés, que escribe: "El Gobierno catalán anunció este jueves a última hora que levantaba la reunión del Procicat y se daba un noche de margen para conseguir un acuerdo sobre las nuevas medidas anti-Covid. La falta de sintonía entre JxCat y ERC se hizo de nuevo pública, cuestión que se pretendía resolver en un nuevo encuentro a primera hora de la mañana de este viernes que solo ha servido para hacer el ridículo y sembrar el caos con la revisión del plan para frenar la tercera ola de la pandemia".

Continúa la información: "Desde la comunidad médica y la científica se reclamaba mano dura y concreción al Ejecutivo. Los datos de expansión de la pandemia de los últimos días son pesimistas y apuntan hacia la tercera oleada. Con todo, el único sector que sale perjudicado por la nueva hoja de ruta de la Generalitat es la restauración. (...) Al final, las restricciones anunciadas no lo son tanto. El Gobierno catalán flexibilizará de facto las limitaciones de movilidad por todo el territorio. La mano dura anunciada se traduce en declarar que se reducirá el tránsito libre a escala comarcal durante toda la semana en lugar de que sea de viernes a domingo, como hasta ahora. Pero este aviso se queda en agua de borrajas por la infinidad de excepciones que se contemplan. (...) En la práctica, el Gobierno catalán salva la temporada de invierno. Incluso con otra iniciativa que facilitará la llegada de esquiadores a las pistas de esquí del Pirineo catalán: la Generalitat ha integrado en una sola comarca todo el territorio del Alt Urgell y Andorra. Es decir, por toda la Cerdanya".

Exactamente. La consejera Budó se ha anexionado Andorra sin pegar un solo tiro. Tiembla Macron, Perpiñán es la próxima parada. 

En La Razón amplían el caos a nivel nacional con el siguiente titular: "Desgobierno: 17 planes para vacunar y celebrar la Navidad". No está muy alejado de lo que dice El País en un sumario de la primera página: "17 navidades distintas, según la región donde se celebren". En el diario de Planeta escribe Carmen Morodo: "El Gobierno de España se limitará a repartir las vacunas de la Covid-19 entre los puntos logísticos que le han facilitado las autonomías, y ya está. Unas vacunas que para 2021, además, ni ha tenido que pagar ni contratar, porque de ello se ha encargado Europa. Ésta es la realidad bajo los artificios discursivos que se escuchan en la esfera política. El problema del pago vendrá ya en el año 2022, y no será menor. Pero en lo que afecta al momento presente, las comunidades quedan completamente al mando, sin ninguna intervención nacional, del uso que en cada uno de sus territorios hagan de las vacunas que les correspondan en proporción a su población en residencias, sin una planificación ni intervención nacional que vaya más allá de solemnizar los grupos prioritarios. (...) Así, cada comunidad autónoma está organizando la compra de ultracongeladores, su ubicación, los equipos Covid, los puntos de vacunación, aunque Sánchez anunciara a bombo y plantillo que él garantizaba 13.000 puntos a partir de enero, por los centro de salud que, no es asunto menor, ya están saturados antes de asumir también las tareas de vacunar a su población".

Portada de 'La Razón' del 19 de diciembre / LA RAZÓN

Más noticias pandémicas. El Gobierno prepara una rebaja de los alquileres de la hostelería parecida a la que se anunció en Cataluña. De eso escriben en el diario de Prisa H. Gutiérrez y Carlos E. Cué bajo este titular: "Los hosteleros podrán pagar la mitad del alquiler en la crisis". El texto comienza así: "El plan de rescate para la hostelería y el comercio que el Gobierno discute desde hace meses será aprobado finalmente en el Consejo de Ministros del próximo martes. La medida estrella del paquete es un mecanismo que, a falta de acuerdo entre las partes, da al comerciante el derecho a exigir una rebaja del 50% del alquiler en los locales de hostelería y comercio propiedad de grandes tenedores (aquellos que tienen más de 10 inmuebles urbanos, sin contar trasteros y garajes). Los bares, restaurantes y comercios, que llevan meses protestando por tener que soportar en solitario las consecuencias de una crisis que ha diezmado su negocio, lograrán así una importante reducción en sus costes fijos. La medida diseñada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo no tiene coste para las arcas públicas, y se aleja del modelo alemán de ayudas directas pagadas por el contribuyente. Pero sí traslada el problema a los propietarios, que se verán forzados ahora a renegociar sus precios".

Y los requisitos: "Para acceder a esta ayuda será necesario cumplir varios requisitos. El principal es que el local sea propiedad de un gran propietario. Y que no haya un acuerdo previo entre las partes para la reducción temporal de la renta o una moratoria en el pago durante la pandemia. Si cumple estas condiciones, el inquilino podrá solicitar antes del 31 de enero la quita del 50% durante el estado de alarma (en principio hasta mayo), sus posibles prórrogas y hasta los cuatro meses posteriores, según confirman fuentes del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Con esta medida, en la práctica el Ejecutivo presiona para que los propietarios de locales comerciales accedan a renegociar las rentas".

Paisaje económico. La pandemia está destrozando el tejido productivo del país. Los datos son de auténtica catástrofe. A modo de ejemplo, un par de informaciones. La primera, de El Mundo y con la firma de Daniel Viaña y César Urrutia. "Un millón de trabajadores y autónomos aún depende de las prestaciones del Gobierno frente al Covid" es el enunciado principal. El sumario apunta que "el Banco de España constata que, casi nueve meses después del inicio de la crisis, 750.000 empleados siguen en situación de ERTE y cerca de 350.000 trabajadores por cuenta propia reciben la prestación especial por cese de actividad". Del texto: "Esta situación ya fue puesta de manifiesto por el Banco de España la pasada semana, cuando presentó sus previsiones macreconómicas con unas estimaciones de evolución del Producto Interior Bruto (PIB) que, ni en el mejor de los casos, igualan el optimismo del Gobierno. De hecho, el escenario central del BdE contempla un rebote en 2021 hasta tres puntos inferior al casi 10% que defiende el Gobierno y prevé incluso contracción en el cuatro trimestre del presente año. Y ahora, el regulador incide en esta desaceleración para explicar por qué todavía un millón de trabajadores y autónomos dependen de las ayudas del Estado y mantiene, por lo tanto, un discurso muy diferente al que han defendido el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, o la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño".

Portada de 'El Mundo' del 19 de diciembre / EL MUNDO

La segunda información es de El Confidencial. Titular: "El norte de España depende de las pensiones para crecer". Subtítulo: "La transferencia de rentas que reciben todos los meses para el pago de las pensiones sostiene la renta disponible de los hogares y fomenta el consumo". La información es de Javier G. Jorrín, que escribe: "Una de las consecuencias de la Gran Recesión fue la 'generación perdida'. Los nacidos a partir de 1985 se han tenido que enfrentar a un mercado laboral muy agresivo, con elevadas tasas de paro, de precariedad laboral y con un claro riesgo de pobreza. Desde el año 2008 las pensiones se han convertido en el salvavidas para muchas familias, hasta el punto de que los jubilados se han convertido en el grupo social que más consume, gracias a sus rentas seguras y crecientes".

Sigue: "Para las regiones más envejecidas, las pensiones se han convertido en un motor de crecimiento fundamental. De ahí que en los últimos años la subida de las pensiones por encima del IPC haya sido un estímulo fundamental para su actividad económica. Se trata, principalmente, de las comunidades del norte de España: Asturias, Cantabria, Castilla y León, País Vasco y Galicia, que tienen más de un 20% de la población por encima de los 65 años. En estas comunidades, por cada 100 ocupados hay ya más de 50 personas mayores de 65 años; y en el caso de Galicia y Asturias supera las 60 personas. Esto significa que en torno a un 40% de las personas con ingresos son pensionistas".

Remoción en El País. El presidente del grupo, Javier Monzón, ha sido fulminado. La nota del propio periódico es de impacto. Ahí va un extracto: "Amber justificó la petición de cese del presidente por las discrepancias que mantiene con Monzón sobre la estrategia para impulsar el negocio del grupo. “Contamos con activos únicos, grandes marcas y un equipo de altísimo nivel. Amber impulsó la separación de los negocios de medios y de educación de Prisa al considerar que ello permitirá desarrollar estrategias industriales en ambos negocios, así como la consolidación de su liderazgo en España y América Latina atrayendo inversores de primer nivel y creando un proyecto ilusionante. Esta decisión estratégica no debe significar en modo alguno desmembrar el grupo y mucho menos a cualquier comprador y a cualquier precio sino todo lo contrario. Se trata de apostar por nuestros negocios. Javier Monzón no comparte claramente esta visión estratégica, por lo que Amber considera que ha llegado el momento de que no siga al frente del grupo. No podemos seguir confiando en quien pretende ejecutar una estrategia que consideramos contraria a los intereses sociales y de los accionistas”, comunicó Amber a la junta, según la intervención leída por el secretario del Consejo de Administración".

Dice también El País que "el vicepresidente y consejero en representación de Amber, Joseph Oughourlian, asumirá la presidencia del grupo temporalmente hasta que se convoque una reunión del Consejo de Administración para nombrar un nuevo presidente".

Los medios también destacan que Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, Torra, Josu Ternera y el narco Sito Miñanco, ha sido imputado en la Audiencia Nacional por blanqueo de fondos del narcotráfico. Según cuenta Crónica Global, "la juez de la Audiencia Nacional halla indicios de que el actual abogado de Puigdemont pudo usar documentos falsos para recuperar dinero intervenido a la banda de Sito Miñanco". Del texto de este diario: "La magistrada de la Audiencia Nacional ha dictado auto de procesamiento en la causa donde se investigan dos operaciones que pretendían introducir en España casi cuatro toneladas de cocaína, así como la creación de un entramado criminal para blanquear el dinero obtenido con la droga. La resolución impone distintas fianzas para cubrir las eventuales responsabilidades económicas que pudieran derivarse de los hechos, y que ascienden a 131,5 millones de euros en el caso de Sito Miñanco y otros 25 procesados por delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño para la salud. En el caso de Boye, la juez le impone una fianza de 900.000 euros". 

Y ahí lo deja. 

19 de diciembre, santoral: Expedito, León IX papa, Elfego, Geroldo, Mapálico y Marta mártir.