La primera vacuna y el tortuoso apaño del Poder Judicial

El Reino Unido ha comenzado a vacunar a la población mayor de ochenta años. Una de las ventajas de haberse ido de la Unión Europea es que ya no tiene que esperar a la certificación del Agencia Europea del Medicamento para validar las vacunas. Basta con su servicio nacional. La UE alega que dicha certificación es indispensable en términos de seguridad. Gran Bretaña aduce que la certificación de su agencia es igual de segura, pero menos burocrática y, por tanto, más rápida.

La polémica lleva veneno añadido, las negociaciones para ejecutar el Brexit y la procedencia de la vacuna utilizada en el Reino Unido. El primer ministro belga, Alexander de Croo, le ha recordado a Boris Johnson vía Twitter que la vacuna es "made in Europa". Se trata del inyectable de la compañía estadounidense Pfizer y la empresa alemana de dos ciudadanos de origen turco llamada BioNTech, por lo que más que europea la vacuna sería multinacional. Además, la otra vacuna que pronto estará en el mercado es la de Oxford.

Cosas de belgas al margen, la ciudadana Margaret Keenan, de 90 años, ha sido la primera persona en recibir la vacuna. Su imagen es portada en medio mundo. Los voluntarios reportan que tras la inyección notaron síntomas equiparables a los de una resaca o una gripe. Hay gran entusiasmo en los medios. Prueba de ello es el titular principal de La Vanguardia: "Nuevos estudios confirman la seguridad y la eficacia de las vacunas". ¡Albricias! El escepticismo o la mera prudencia eran consideradas antaño cualidades del método científico. Ahora, rasgos del terraplanismo.

El público quiere creer en el bálsamo de fierabrás mientras se lanza poseso a las vías comerciales. Históricos atascos en Barcelona. Con los centros comerciales cerrados por orden del no presidente en funciones de sí presidente Pere Aragonès, las tiendas del centro recuperan el pulso. Hasta colas se formaron con el patrocinio de la administración autonómica. Hoy habrá riña de papá Sàmper y mamá Vergés.

Noticias políticas. El País dice que Gobierno y PP están a punto de llegar a un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y La Razón, que no. Ahora vienen los matices. En el diario de Prisa el acuerdo estaría supeditado a que no hubiera indultos a los presos del proceso (antes de firmar el pacto, se entiende). En La Razón, la negociación sobre el reparto judicial es la única donde no han roto los puentes.

Elsa García de Blas escribe en el primero de los diarios citados y escribe esto: "El Partido Popular tiene una “voluntad clara” de acuerdo con el Gobierno para renovar el Consejo General del Poder Judicial, y está pendiente de encontrar una “ventana” de oportunidad para hacerlo posible, siempre que se cumplan sus condiciones. Los populares, cuyos votos son necesarios para conformar la mayoría precisa para la renovación, están dispuestos a pactar en cualquier momento, a más tardar tras las elecciones catalanas del próximo febrero, si el Ejecutivo deja fuera a Unidas Podemos del proceso y no indulta antes a los presos del procés, según fuentes populares".

Sigue la pieza: "Hay agua en la piscina. El pacto no está cerrado al detalle, pero PP y PSOE estudian un reparto de diez a diez en el Consejo General del Poder Judicial, según dirigentes de ambos partidos conocedores de las conversaciones. Aunque falta también consensuar los nombres de los jueces y del futuro presidente o presidenta, se da por hecho que, salvo sorpresa, habrá entendimiento en este asunto. Los términos de la renovación no suponen un escollo: la clave para que Pedro Sánchez y Pablo Casado puedan alcanzar su primer gran acuerdo es de oportunidad política. Si nada se tuerce, el Consejo General del Poder Judicial podrá ser renovado dos años después de que caducara su mandato. Como tarde, tras las elecciones catalanas del próximo 14 de febrero. (...) Habrá pacto, eso sí, siempre que el PSOE cumpla las condiciones del PP y que no indulte antes a los presos independentistas, algo que si sucediera “dinamitaría cualquier acuerdo”, señalan en el partido de Pablo Casado". 

En el papel de Planeta firma la crónica política Carmen Morodo, quien titula: "La tensión entre Sánchez y Casado acaba con el diálogo de Estado". El sumario abunda en que "sólo se mantienen los puentes para la renovación del CGPJ, pero no se abordan la pandemia ni temas de inmigración". Y asía arranca el texto: "La falta de diálogo entre Gobierno y PP no sólo afecta al ámbito de la relación entre Pedro Sánchez y Pablo Casado, que es lo que resulta más llamativo y da más juego mediático y también político, ya que luego cada parte lo utiliza para consumo de su tropa. (...) Pero el problema serio está en la ausencia de contactos sectoriales entre el Gobierno de coalición y el PP, que ha llegado a tal extremo que, prácticamente, puede hablarse de ruptura de relaciones. Los hechos que confirman una y otra parte así lo acreditan, ya que, en estos momentos, con crisis de Estado tan importantes como la de la inmigración o la de la situación del Rey emérito Don Juan Carlos, más allá de la gestión de la pandemia, el Ejecutivo y el principal partido de la oposición apenas mantienen en funcionamiento el canal de diálogo sobre la renovación del Poder Judicial. Con sus tiras y aflojas en público, y las interesadas versiones opuestas que se cruzan, aquí sí hay interlocutores que están dispuestos a insistir en esa vía entre Justicia y la dirección del partido. Aunque en Génova precisan que ahora mismo ya ni siquiera están hablando del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)".

A falta de noticias de más envergadura, caso rey emérito. En El Mundo anuncian en portada que los gestores de Juan Carlos I le reclaman a Corinna tres millones de euros por los vuelos en aviones privados que realizó sola. El texto es de Esteban Urreiztieta y Ángela Martialay: "Corinna Larsen cargó vuelos particulares por valor de tres millones de euros a la fundación off shore que costeaba los desplazamientos del Rey Emérito. Quien fuera la ex amiga íntima de Don Juan Carlos de Borbón recurrió para ello a Zagatka, entidad creada en Liechtenstein con cuenta en Suiza gestionada por el primo del monarca, Álvaro de Orleans. De esta forma, sufragó múltiples viajes en aviones privados que realizó sin la presencia de Don Juan Carlos, con quien en ese momento compartía una relación sentimental. En la investigación llevada a cabo por el fiscal del cantón de Ginebra (Suiza), Yves Bertossa, consta la correspondencia entre los representantes legales de Zagatka y Corinna para exigirle el reembolso de los referidos desplazamientos particulares. Tras recibir las comunicaciones de los gestores de la fundación en la que Don Juan Carlos figura además como beneficiario, la empresaria germana aceptó reintegrar íntegramente el dinero exigido".

Pues muy bien. Más sobre el emérito y esta vez no se trata de asar en la parrilla al exmonarca, sino de mostrar la doble moral de Podemos. "Juan Carlos Monedero se anticipó a Juan Carlos I al regularizar 400.000 € e Iglesias le llamó 'honesto'" titula una de sus piezas El Español. Se trata de una nota de Marcos Ondarra: "La crítica a la conducta de Juan Carlos I es la pieza clave del plan de Unidas Podemos para "construir la República". Durante el Día de la Constitución, sus dirigentes cargaron contra él al compás de la filtración que mencionaba la regularización de sus cuentas. El emérito, al contrario de lo que se publicó, todavía no ha tomado la decisión, pero se plantea poner al día con Hacienda las donaciones recibidas del empresario mexicano-británico Allen Sanginés-Krause.

La inexistente regularización fue utilizada por los de Iglesias para convertir el 6-D en una jornada propagandística contra la Monarquía. "Lo hace porque le han pillado; es una confesión", sostuvo Pablo Echenique en el acto celebrado en el Congreso".

Sigue la pieza: "Y eso que la regularización fiscal que sopesa el emérito es, mutatis mutandis, muy similar a la que realizó Juan Carlos Monedero en 2015. Esta última, sin embargo, fue defendida con uñas y dientes por parte de la cúpula de Podemos. Los 425.000 euros declarados por el profesor universitario fueron ensalzados como paradigma de la buena conducta. "Es un ejemplo de honestidad", dijo entonces Pablo Iglesias protegiendo a Monedero. El líder de Podemos, de hecho, llegó a enfadarse en una entrevista concedida a RNE cuando se le preguntó por la declaración complementaria de Monedero para regularizar sus impuestos por los 425.000 euros que recibió a cambio de asesorar a gobiernos latinoamericanos (Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua). Pablo Echenique, por otro lado, defendió que el exdirigente del partido era "libre de elegir los tiempos" en los que dar explicaciones sobre su patrimonio. Una máxima que ahora no aplica al emérito: "Menudo día ha elegido para confesar que ha defraudado a Hacienda"".

Los manejos turbios con el dinero son una cosa muy española, según una información de El Confidencial que pone en la picota a un exalto cargo del pujolismo. Ahí va el titular: "Un alto cargo de Pujol amasó 9 millones en Luxemburgo y repatrió dinero por Andorra". Pero luego el paraíso fiscal es Madrid. Escribe José María Olmo: "La investigación sobre la red Charisma de blanqueo y fraude fiscal ha destapado una fortuna oculta en el extranjero de un dirigente de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) que ocupó puestos de responsabilidad en la Generalitat y el partido nacionalista y formó parte del Consejo Territorial de Endesa en la comunidad hasta 2017. Se trata de Albert Mitjà Sarvisé, un ingeniero de formación que hizo carrera política a la sombra de la familia Pujol [y que es familia del epidemiólogo del mismo apellido que vive en Arenys de Munt, Oriol Mitjà] . Las averiguaciones de la Agencia Tributaria y el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional le atribuyen un depósito opaco en Suiza desde el que repatrió dinero en efectivo a través de Andorra".

Y: "Mitjà, independentista declarado, fue miembro del Consejo Nacional de CDC y director general de Energía y Minas autonómico hasta 2004, durante el último Gobierno de CiU de Jordi Pujol y cuando el secretario general de ese departamento era Oriol Pujol Ferrusola. A partir de ese año y tras la salida de CiU de la Generalitat, Mitjà comenzó a trabajar como consultor para Endesa y, en 2011, fue incluido por la eléctrica en su consejo asesor regional junto a otros antiguos políticos de CDC, como el ahora investigado por corrupción David Madí. Endesa no disolvió ese órgano asesor hasta el verano de 2017".

Aquello de la empresa energética era una juerga para los del España nos roba. Nueve de los 13 asesores que tenía la compañái en Cataluña se declaraban independentistas, Germà Bel o Carles Sumarroca Claverol entre ellos. Por cada reunión cobraban 900 euros. 

9 de diciembre, santoral: Cipriano, Gorgonia, Leocadia, Pedro Fourier y Wulfilda.