La cúpula de Podemos, en la picota por corrupción

Podemos, el partido antipartidos que nació como reacción a la casta y la corrupción sistémica, la formación que venía a regenerar la política, se ha convertido en todo aquello contra lo que decía luchar. Así, lejos de abrirse en canal para demostrar que sus cuentas están claras, son transparentes y no hay caja B, carga contra el juez que osa investigar sus finanzas y a tres de sus altos cargos a raíz de la denuncia del exabogado del partido José Manuel Calvente. 

Hace años, cuando Podemos era la gran esperanza multicolor de los desheredados de España, el juez Juan José Escalonilla hubiera sido considerado un héroe sin capa, un magistrado desclasado y dispuesto a imponer la justicia en un sistema de partidos corrupto. Ahora, es el objetivo de las diatribas de Pablo Echenique y de los periodistas que tratan de ocultar el escándalo podemita en un rincón de portada.

Podemos se defiende con el argumento de que hasta en catorce ocasiones los jueces han rechazado las acusaciones sobre la financiación boliviariana o iraní de sus líderes y del partido. La excusa perfecta es que existe una conspiración de los poderosos contra la formación morada que como siempre acabará en agua de borrajas. Puede ser, pero al partido se le acumulan los casos, desde la tarjeta del móvil de la exasesora Dina, ahora al frente del digital al servicio de Podemos, hasta los flecos de la compra de la nueva sede o los manejos con la consultora Neurona. Más la caja B de los sobresueldos para esos adanes que no iban a cobrar más de tres veces el salario mínimo.

El ABC, La Razón y El Mundo entre los diarios de papel abren con la imputación de tres altos cargos (el número dos de Pablo Iglesias, el tesorero y la gerente) y del propio partido. El País y La Vanguardia dan el caso en faldón. En El Periódico no sale en portada, como en El Punt Avui. En Ara resuelven el expediente con el anuncio en la parte inferior de la primera de un texto de Ekaizer en defensa de Iglesias. Y en digitales como El Diario y Público hay que bucear hasta las profundidades de las páginas para encontrar alusión al caso.

El asunto, según lo presenta El Mundo, no es como lo de siempre. Escribe Álvaro Carvajal: "A diferencia de otras ocasiones, el caso nace del corazón del propio partido a raíz de una denuncia interpuesta por el que fuera responsable del equipo jurídico de Podemos, José Manuel Calvente, que fue despedido cuando, según ha declarado públicamente, se encontraba investigando todo esto. Ratificó su versión ante el juez el pasado 29 de julio, en tres horas y media de declaración. En la denuncia del exabogado se acusa a la formación morada de malversación y administración desleal, entre otros posibles delitos, y se señala que una parte del dinero se pudo canalizar a través de contratos con una empresa llamada Neurona, con la que el partido trabajó en la campaña de las elecciones generales de abril de 2019".

Sigue Carvajal: "Por todo ello, el titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, ha citado como imputados a algunos de los máximos responsables de esos contratos. Uno es Juanma del Olmo, una de las personas más cercanas a Iglesias, y secretario de Comunicación de Podemos. Del Olmo ocupa, además, el cargo de director de Comunicación y Estrategia en la Vicepresidencia Segunda del Gobierno. El juez quiere interrogarle por su papel como responsable de la campaña y, por tanto, como conocedor de la ejecución y la veracidad de los contratos con Neurona. El juez Escalonilla también imputa al tesorero, Daniel de Frutos, y a la gerente, Rocío Esther Val, para escuchar su explicación sobre esos contratos y, asimismo, por posibles irregularidades en la adjudicación y financiación de las obras en la nueva sede nacional de Podemos en Madrid, en la calle Francisco Villaespesa. Al arquitecto, Manuel Campos García, se le va a tomar declaración por ser otro posible foco de desvío de fondos".

En El Confidencial, José María Olmo y Beatriz Parera aportan que la investigación también repara en el profesor Monedero: "El procedimiento sobre la presunta financiación ilegal de Podemos ha puesto el foco en Juan Carlos Monedero, uno de los fundadores del partido y figura destacada en las negociaciones con el PSOE para el Gobierno de coalición. El titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid está investigando si cobró comisiones ilegales por intermediar en la contratación de agencias de comunicación para la campaña de Podemos en las elecciones generales de abril de 2019. También ha pedido las facturas de las obras de reforma de la nueva sede de la formación en el distrito madrileño de Ciudad Lineal. El proyecto se tasó inicialmente en unos 600.000 euros pero su coste terminó superando los 1,4 millones de euros".

Continúa el texto: "Monedero ocupó hasta abril de 2015 el cargo de secretario de Programa del partido, que en la práctica significaba ser el número tres de su organigrama. Abandonó el cargo tras descubrirse que en 2013 había recibido 425.000 euros de Venezuela a través de una sociedad instrumental para no declarar esos ingresos al tipo impositivo del IRPF. El juez Juan José Escalonilla dispone de indicios y testimonios que apuntan a que, a pesar de no ocupar un puesto en Podemos, Monedero habría formado parte en los últimos años de una estructura paralela al partido que se nutrió de contratos de la propia organización y de adjudicaciones públicas de instituciones controlados por sus dirigentes. Para el funcionamiento de esa red, contaba con la asistencia de un dirigente de su confianza llegado desde México que estaba a sueldo del partido y tenía un puesto en su departamento de Compras".

También Rafael Mayoral está en el punto de mira del juez Escalonilla, que según el mismo digital "ha reclamado al Registro de Cooperativas de Madrid copia de la hoja de registro de la cooperativa Kinema, fundada por el diputado y portavoz de Unidas Podemos Rafael Mayoral, y a la que la formación atribuyó en 2019 labores de gestoría, entre ellas la administración de las nóminas de los empleados, según consta en la denuncia que ha dado origen al procedimiento en el que se investigan presuntos delitos de financiación irregular. Ha ordenado además diligencias destinadas a comprobar si varios trabajadores, entre ellos la gerente y el tesorero, cobraron sobresueldos".

En La Razón, Pablo Gómez traza el curioso perfil del tesorero de Podemos, que llegó a trabajar para Paris Hilton. Escribe Gómez: "Madrileño, padre de familia y técnico Superior en Administración y Finanzas. Así se presenta Daniel de Frutos en el Portal de Transparencia de Podemos. Con una trayectoria profesional vinculada con la empresa privada en cargos relacionados con administración y control financiero --incluido aquí su paso por la multinacional Retouch Brands Paris Hilton Handbags & Accesories vinculada con la millonaria heredera del emporio de los hoteles--, en 2015 formo se incorporó área de Finanzas y Transparencia de Podemos, lo que, según reconoce, le ha permitido participar muy activamente en todos los procesos electorales a los que el partido morado se ha presentado. (...) De la máxima confianza de Iglesias pero con un perfil bajo en lo que se refiere a su exposición mediática, De Frutos, sin embargo, se vio envuelto en la polémica después de que participase en el asesoramiento y en la gestión contractual de la compra de una vivienda en el municipio madrileño de Galapagar por parte de Iglesias y de la actual ministra de Igualdad, Irene Montero. Y, además, de que apartara de esa operación al equipo legal del partido, en el que, por entonces, se integraba Calvente".

Más escándalos. "Competencia plantea multar con 47 millones a 22 consultoras por repartirse concursos públicos. Los directivos pactaban quién debía ganar y el resto del cartel acudía con propuestas falsas" avisa El País de la mano de Jesús García. Su nota arranca así: "La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) tiene ya listo un demoledor informe contra 22 consultoras, a las que propone sancionar por valor de 47 millones, por repartirse los concursos públicos durante al menos una década. Cientos de correos electrónicos entre sus directivos muestran que las consultoras se repartían por zonas los concursos y acordaban quién debía ganarlos. El resto presentaba ofertas perdedoras para dar cobertura al engaño. “Hay que presentar propuestas que den el pego”, dice uno de los correos. El correo electrónico que Leandro A. envió a una empleada el 15 de diciembre de 2009 sorprende por su claridad: nada de jergas ni sobrentendidos, nada de lenguaje convenido ni símbolos para iniciados. Leandro, directivo de la consultora 97S&F, pide ayuda para conseguir un contrato con el Ayuntamiento de Bilbao. “Necesitamos hacer tres propuestas diferentes para que nos lo adjudiquen. La nuestra la tenemos que hacer bonita y bien… Y otras dos de cobertura. Utilizaremos a [la consultora] Deloitte y a otra empresa. Primero pon, en formato propuesta, el documento de horas. Luego te tienes que imaginar otras dos propuestas perdedoras, creo que me explico”".

Y añade García: "Tres de las grandes (consultoras) están a un paso de desembolsar sumas millonarias por prácticas que atentan contra el libre mercado: Deloitte (17,2 millones), PwC (10,4 millones) y KPMG (10,2 millones). Competencia ha propuesto sanciones que suman 47 millones contra un total de 22 consultoras por infracción “muy grave”. La propuesta de sanción del supervisor --las empresas pueden presentar alegaciones-- plantea además que se les prohíba contratar con la Administración pública, aunque no detalla por cuánto tiempo".

La prensa destaca también la detención del magistrado del Tribunal Constitucional Fernando Valdés, denunciado por su pareja por violencia machista. El magistrado ya ha sido puesto en libertad. El Constitucional defiende su presunción de inocencia. 

Coronavirus. Más vetos turísticos. Ahora es Italia, un competidor directo, quien estigmatiza a los viajeros procedentes de España. Es la apertura de La Vanguardia con texto de Maite Gutiérrez: "Italia ha endurecido los controles a los viajeros y se ha sumado a la larga lista de países del espacio Schengen que aplican vetos o restricciones importantes al turismo en España. La región de Emilia Romaña, en el norte, pedirá pruebas de coronavirus para todos los que lleguen allí desde España, Grecia y Malta a partir de hoy mismo, una medida que el Gobierno de Giuseppe Conte estudia extender a toda Italia, según medios del país. (...) El país europeo que sufrió el primer gran golpe de la pandemia está preocupado por el aumento de casos de Covid-19 introducidos por personas que han pasado sus vacaciones en otros sitios, como España, según recoge la prensa italiana".

12 de agosto, santoral: Aniceto de Nicomedia, Euplo de Catania, Digna, Eunomia, Euprepia e Hilaria de Augsburgo, Felicísima de Faleria, Focio de Nicomedia, Graciliano de Faleria y Porcaro y compañeros.