El virus irrumpe en la justicia, pobreza y Barcelona, cerrada

Arranca la "nueva normalidad" y, para celebrarlo, el Gobierno paga las portadas de los diarios impresos con un anuncio que asegura que "salimos más fuertes". El presidente Pedro Sánchez ha recuperado el resuello y deja atrás la peor semana política de la pandemia. Ayer prometió a los presidentes autonómicos que el estado de alarma puede ser historia en cuestión de días en algunas zonas de España. Comienza a cundir la impresión de que el virus remite y ya no supone una carga desproporcionada para un sistema sanitario que estuvo a punto de colapsar semanas atrás.

Sin embargo, las historias del coronavirus tardarán tiempo en disiparse y convertirse en recuerdos tristes. Miles de familias todavía no se explican qué pasó con sus seres queridos, fallecidos en soledad y despedidos sin funeral. La actividad en los tribunales se anticipa frenética. En El Confidencial han hecho cuentas. Escribe Beatriz Parera: "Un total de 41 denuncias y querellas, y subiendo. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo acumula hasta este domingo 24 de mayo 41 escritos presentados por partidos políticos, asociaciones, familiares de víctimas o particulares contra cargos políticos por la gestión estatal frente a la pandemia. Cada día se registran nuevos, en un ritmo continuo que no ha decaído desde el pistoletazo de salida marcado por la primera de ellas, presentada a finales de marzo".

Sigue el texto: "Aunque los denunciados suelen ser los mismos --desde el presidente del Gobierno hasta el ministro de Sanidad y el resto de miembros del Ejecutivo, pasando por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, también aforada en el TS--, los delitos varían. Homicidio imprudente, lesiones imprudentes, prevaricación, omisión del deber de socorro, imprudencia grave, delito contra la seguridad de los trabajadores. También cambian de una a otra los hechos. Una amalgama heterogénea que va de las manifestaciones celebradas en los días previos a la declaración del estado de alarma al retraso en la compra y distribución de material de protección y sus consecuencias, de la carencia de test efectivos a la falta de control de las residencias de mayores, de la selección de pacientes en las UCI y el rechazo a los mayores a las presentadas por declaraciones públicas, más o menos desafortunadas, de cargos públicos".

También están denunciados Quim Torra, Alberto Núñez Feijoo y Ximo Puig, cuenta la nota. Uno de los elementos claves en materia judicial será determinar si el Gobierno sabía la que se avecinaba y podía haber actuado antes o no. En La Razón apuntan sobre el particular que en el Ministerio de Sanidad se tenía constancia de la peligrosidad del coronavirus desde enero. Firma Sergio Alonso: "Nada más llegar al cargo, Salvador Illa tuvo conocimiento de la peligrosidad extrema del coronavirus que por aquel entonces golpeaba ya a China. El ministro de Sanidad tomó posesión de su cartera el lunes 13 de enero. Apenas 11 días después, el viernes 24 de ese mismo mes, los técnicos del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ccaes) que dirige Fernando Simón hicieron público un documento técnico sobre esta nueva y grave amenaza que se cernía sobre la salud pública, en el que recogían información clínica y epidemiológica acerca de la enfermedad y proponían pautas de actuación estrictas a los centros sanitarios".

Continúa la pieza: "El informe tenía por título Procedimiento de actuación frente a casos de infección por el nuevo coronavirus (2019-nCoV) y, según ha podido saber La Razón, fue 'borrado' de la web del Ministerio de Sanidad dos meses y seis días después, el 30 de marzo, cuando ya estaba declarado el estado de alarma y España contabilizaba 7.340 fallecidos. A lo largo de sus 17 páginas, los expertos del Ccaes, dependientes de la Dirección General de Salud Pública del Ministerio, ya recomendaban investigar la infección de 'cualquier persona con síntomas clínicos compatibles con una infección respiratoria aguda grave que precise atención médica o ingreso hospitalario con evidencia clínica o radiológica de neumonía', así como a 'toda persona con fiebre o antecedentes recientes de fiebre y clínica de infección respiratoria aguda (uno o más de los siguientes síntomas: disnea, tos o dolor de garganta)'".

La paralización de la actividad ha destrozado la economía de cientos de miles de personas que estaban instaladas en la precariedad. Los datos de la pobreza en España son demoledores, según un informe elaborado por Laura Olías y Ana Ordaz en El Diario: "La pobreza estaba ahí, pero era invisible para muchos. En cuestión de días, debido a la pandemia del coronavirus, se han multiplicado en las calles las largas colas de ciudadanos que necesitan ayuda para comer. Estas filas son nuevas, pero no el problema que las origina. En España, una de cada cinco personas vive bajo el umbral de la pobreza y una de cada cuatro está en riesgo de exclusión social".

Continúan líneas después con cifras y porcentajes: "Hay diversas formas de medir la pobreza. La más extendida es la tasa de pobreza relativa, que la mide en relación a la renta de la sociedad en su conjunto. Las personas están en riesgo al vivir con unos ingresos inferiores al 60% de renta mediana. En España, supone tener una renta inferior a los 739 euros al mes en un hogar formado por una sola persona o 1.552 euros mensuales en un hogar formado por dos adultos y dos niños".

Y sigue: "¿Qué ocurre en países de nuestro entorno? La pobreza relativa alcanza al 17,3% de los ciudadanos de Portugal, al 13,4% de los de Francia y al 20,3% de los Italia, por ejemplo. Las tasas más bajas se encuentran en República Checa (9,6%), Finlandia (12%) y Eslovaquia (12,2%). Las más elevadas, en Rumanía (23,5%), Letonia (23,3%) y Lituania (22,9%). Otro de los indicadores habituales para medir la pobreza más aguda es la tasa de pobreza severa, que incluye a aquellas personas con ingresos inferiores al 40% de la mediana. En España, supone vivir con menos de 493 euros al mes en un hogar con una sola persona. De nuevo, España se sitúa como el sexto país con una mayor tasa [de este tipo] en la UE, con un 9,2% de su población en esta situación, el mismo dato que en Bulgaria. En Portugal la cifra es del 6%, mientras que en Francia solo alcanza al 2,5% de su población. Italia en este caso supera a España, con un 9,4% de sus ciudadanos en riesgo de pobreza severa".

Dadas las circunstancias, parece que la renta mínima es lo mínimo que puede hacer el Gobierno para que las dos Españas no sea la imagen de un país pobre y otro miserable. En El País abren su edición digital con ese asunto, del que se ocupa Manuel V. Gómez: "Todavía no está definitivamente cerrado que se vaya a aprobar en el Consejo de Ministros de mañana. Pero sí está decidido, como anunció el sábado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que el ingreso mínimo vital vea la luz esta semana. Es decir, que podría aprobarse en un Consejo extraordinario. Era la medida estrella que el Ejecutivo pretendía desplegar a lo largo de la legislatura, pero a diferencia de lo que ha pasado con otras (reforma laboral, fiscal o de pensiones), la crisis del coronavirus la ha acelerado".

Continúa con la pieza con los requisitos de acceso a la renta: "Para poder cobrarla, los titulares de la 'unidad de convivencia', según la terminología utilizada en el texto legal, deberán ser mayores de edad y menores de 65 años (a partir de esa edad ya existen las pensiones no contributivas, cuya prestación mínima es de 462 euros mensuales). Si los beneficiarios viven solos, deberán haber estado emancipados desde al menos tres años antes y tener una edad mínima de 21 años, según el borrador al que ha tenido acceso El País (hay otras versiones que sitúan este listón en los 23 años)".

Y añade: "Cuando entre en vigor, el ingreso mínimo no será la única ayuda que habrá en España contra la pobreza. Todas las comunidades autónomas, a las que la Constitución les otorga la competencia de la asistencia social, tiene algún tipo de rentas. Llega a unos 300.000 hogares, pero su distribución es muy desigual. Según los datos de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, en el País Vasco la renta llega a algo más del 70% de pobres y en Navarra, a dos tercios. En cambio, en Castilla-La Mancha y Andalucía se queda en el 2%. La media en España no llega al 10%".

El ABC solaza a sus lectores con una encuesta en la que se apunta a que "sólo uno de cada cuatro españoles aprueba la gestión de Sánchez en la crisis del coronavirus" y "la mayoría de los ciudadanos censura el acuerdo del Gobierno con Bildu en el Congreso en la prórroga de la alarma". 

La "nueva normalidad" en Cataluña tiene sus peculiaridades, como no podía ser de otra manera. Si en el resto de España la fase uno permite a los ciudadanos desplazarse entre poblaciones de una misma provincia ese no es el caso en Barcelona gracias a peculiar diseño de desescalada de nuestro amado líder Quim Torra. Toni Muñoz firma la pieza en La Vanguardia sobre el particular: "Barcelona y su área metropolitana entran hoy en la fase 1 de la desescalada tras 73 días de confinamiento. Las reuniones de como máximo diez personas están permitidas, y la vida social volverá a las calles con la apertura de las terrazas y de los chiringuitos de playa, estos últimos tras alcanzar este fin de semana un acuerdo in extremis con el Ayuntamiento. Sin embargo, toda la oferta de restauración permitida en la fase 1 será puesta a disposición únicamente de los barceloneses y de los visitantes que entren a la ciudad por motivos laborales o médicos. La división territorial por regiones sanitarias, planteada por la Generalitat para contrarrestar el modelo por provincias propuesto por el Gobierno, ha convertido a la capital catalana en la única ciudad española que no podrá comunicarse con los municipios de su entorno ni permitirá a sus ciudadanos salir de las fronteras de su término municipal, al constituir una única región sanitaria".

Continúa el texto: "De esta manera, Barcelona quedará aislada respecto de su conurbación, donde habita el 68% de la población de Cataluña. A pesar de que la fase 1 autoriza los encuentros de hasta diez personas, estas no podrán producirse si los familiares o amigos viven en el área metropolitana. Un vecino de Sant Adrià del Besòs o de Badalona o de L’Hospitalet, pese a la proximidad, no podrá visitar a un familiar en Barcelona ni tampoco podrá recorrer un trayecto desde el Baix Llobregat al Vallès, por ejemplo".

Más peculiaridades. Barcelona tiene poder, según la rumba y según la alcaldesa Colau, que no repara en gastos cuando se trata de propaganda. De El Nacional: "La meitat (el 49,97%) de les despeses de l’Ajuntament de Barcelona relacionades amb la pandèmia de la Covid-19 i tramitades d’emergència s’han destinat fins ara a campanyes de publicitat, segons la relació dels contractes disponible al Portal de la Transparència de l’Ajuntament. Les despeses per aquest concepte sumen 6.575.218,2 euros, dels quals 3.285.777,45 corresponen a pagar el disseny i producció de diverses campanyes publicitàries --entre altres 'Barcelona té molt poder', 'BCNacasa' o 'Estimat Diari'-- i a la contractació d’anuncis en diversos suports: premsa, ràdio, televisió, digitals, xarxes socials, cartelleria..."

La nota de este digital acaba subrayando que uno de los agraciados con el premio gordo publicitario es un asesor de Colau que antes lo fue de Carmena, autor de una campaña que según la crítica especializada es perfectamente prescindible: "Un dels beneficiats pel decret de contractes d’emergència és el nou director creatiu de l’Ajuntament de Barcelona, Nacho Padilla, exdirector creatiu de l’Ajuntament de Madrid amb l’alcaldessa Manuela Carmena. Padilla va ser contractat amb la categoria d’assessor de l’alcaldessa Colau, amb un sou de 68.027 euros bruts. Abans, però, l’Ajuntament li havia encarregat, per la via d’emergència, la creativitat de la campanya 'Barcelona té molt poder', per la qual el 5 de maig passat Padilla va facturar 17.309 euros més".

25 de mayo, santoral: Aldelmo, Beda el venerable, Dionisio de Milán, Gregorio VII papa, Magdalena de Pazzi y Zenobio de Florencia.