Rovira, en el radar de la Guardia Civil

La internacionalización del caso Puigdemont empieza a tener negativos efectos insospechados para la causa independentista. El mundo nos mira y comprueba que Carles el belga no es muy diferente de quienes quieren dinamitar la Unión Europea para solaz de Putin, Maduro y Le Pen. Les habían vendido el cuento de la España malaya adicta a la violencia y se encuentran con un misil extraviado que cuando se aburre mata moscas con el rabo y propone una vuelta al pasado de las naciones autárquicas. No está solo. En La Vanguardia, Rahola da forma al desafuero con un artículo sobre lo mala que es Europa y lo poco que se preocupa por los muertos del Mediterráneo y los apaleados del 1-O, expresiones similares y lacerantes del pasotismo del Norte rico y rubicundo frente a las inenarrables atrocidades del caudillo Rajoy y sus secuaces de la banda del 155.

De victoria en victoria hasta la derrota final, la clá de Puigdemont celebra el mayúsculo desatino antidemocrático como si fueran las verdades del barquero en versión 2.0. Si le dan un par de meses, el presidente en el exilio de TV3 voltea Bruselas y la convierte en la capital de los euroescépticos. En ese hilo, los servicios diplomáticos de la Generalitat lograron que un plantel de personalidades compuesto, entre otros, por Gustavo Zagrebelsky, Judith Butler, Philip Pettit, Nancy Fraser, Toni Negri, Étienne Balibar, Arjun Appadurai, Boaventura de Sousa Santos y el inefable Yanis Varoufakis firmara una "Carta Abierta" en la que España quedaba a la altura de la Turquía de Erdogan, como un agujero negro en el que pasta la tiranía más abyecta. Leyenda negra en estado puro.

Los profesores Francesc de Carreras y Josu de Miguel se han tomado la molestia de preparar un extenso documento de respuesta de lectura imprescindible y que publica El Mundo. Ahí va un párrafo: "Lo más sorprendente de la Carta Abierta, que aparentemente tan preocupada está por el Estado de derecho en España, es que no se refiera en ningún momento a la continuada desobediencia del Parlamento y el Gobierno catalán a la Constitución, al Estatuto de Cataluña, a las demás normas del ordenamiento jurídico y a las sentencias judiciales. En concreto, puede afirmarse que durante los meses se septiembre y octubre, estas autoridades autonómicas han actuado con un total desprecio a la Constitución, a las leyes vigentes y a las resoluciones judiciales: en diversas ocasiones han proclamado que no estaban dispuestos a respetar las leyes y cumplir las sentencias. También sorprende que la Carta no muestre preocupación alguna por las más que fundadas sospechas de corrupción de las autoridades catalanas al emplear desde hace años fondos públicos de la Generalitat en la financiación de todas estas actividades partidistas a favor de la independencia".

A las firmas de De Miguel y De Carreras se suman las de Manuel Aragón Reyes, Pablo Pérez Tremps, Tomás Ramón Fernández Rodríguez, Santiago Muñoz Machado, Roberto Luis Blanco Valdés, Paloma Biglino, Francisco Sosa Wagner, Joaquín Tornos, Araceli Mangas Martín, Luciano Parejo Alfonso, Teresa Freixes, José Esteve Pardo, Luis Jimena Quesada, Javier García Roca y Javier Corcuera Atienza.

Los medios consignan el fallecimiento del fiscal jefe de Cataluña, José María Romero de Tejada y anotan la casualidad de que el óbito se haya producido ocho días después del deceso de Maza. Arcadi Espada introduce el hilo en la aguja en entrada en su blog: " Lo irrevocable es que la primera línea judicial que plantó cara a la insurrección ha muerto en combate. Romero, que vaciló en el 9-N y no supo presentar la querella contra Artur Mas y asociados que era de ley, actuó con firmeza este otoño. Suya fue la primera orden a Trapero, clara y concisa, y suya una actitud general de beligerancia ante los que, a diferencia del 9-N, ya consideraba unos desleales irredimibles".

Los encarcelados de ERC tienen prisa por hacer campaña y han obligado a su letrado a cambiar de estrategia para acomodarse a los procedimientos judiciales en vez de negarse a responder a los fiscales y presumir de pacifistas. Marta Lasalas firma el texto al respecto en El Nacional: "L'advocat del vicepresident, Oriol Junqueras, i els consellers d'ERC empresonats presentaran aquest dimarts un escrit al Suprem en què subratllen que accepten l’aplicació del 155 des de la més profunda discrepància jurídica i política i per imperatiu legal. Els advocats demanen que es revisin les mesures cautelars dels alts càrrecs i que se'ls deixi en llibertat després que el cas ha passat de l'Audiència Nacional a l'alt tribunal".

La sombra de la imputación planea sobre Marta Rovira. Oriol Junqueras la delató en la epístola desde Estremera en la que designaba a la antedicha y ruda Rovira aspirante a la presidencia de la Generalitat. Escribió que ella había sido la clave del éxito del 1-O, lo que venía a confirmar las crecientes sospechas de los investigadores de la Guardia Civil sobre el protagónico papel de la lideresa de Esquerra en el apaño de colegios, urnas y censos. Como el juez Pablo Llarena del Supremo sí es sensible a los condicionantes políticos, Rovira no será llamada a declarar hasta enero, una vez sustanciado el 21-D.

Entre tanto, la decidida candidata republicana ha mandado callar a los autocríticos. "¡Ya vale!" proclamó en Radio Terribas. También dijo que el Govern estaba preparado para gestionar la independencia desde el momento cero pero que en un arrebato de responsabilidad mundial decidió echar el freno por aquello del baño de sangre.

En el plano teórico de los decretos es cierto que el ejecutivo estaba preparado, tal como se destaca en la información de José María Olmo y Beatriz Parera en El Confidencial: "El Govern también lo tenía todo listo para absorber a los funcionarios del Estado. Según el documento que controlaba Salvadó, el Departamento de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda que dirigía Meritxell Borrás, en prisión provisional en Alcalá Meco, tenía que aprobar los decretos para la “integración del personal de las administraciones del Estado español en las administraciones de Cataluña, de incorporación de nuevo personal y de creación del Registro de Empleados Públicos” y de “creación de los cuerpos de funcionarios en el ámbito del poder judicial y la administración de Justicia, inspección del Trabajo y Seguridad Social, relaciones exteriores, docencia universitaria y la marina mercante”. Hasta cinco decretos de urgencia de esta consejería iban a servir para que la Generalitat se quedara con los funcionarios y el personal laboral que trabaja en la comunidad al servicio del Estado".

28 de noviembre, santoral: Basilio, Catalina Labouré, Félix, Lamano, Rufo y Sóstenes.