Caos, calor y calambres. El infierno no son los otros; es Barcelona. Los amigos taxistas, en el ejercicio de sus derechos civiles y laborales, le echan un pulso a las administraciones en general porque cada vez hay más competencia. Están muy quemados. El oficio ya de por sí duro se está poniendo cada vez más difícil. Los "millennials", sean lo que sean, han trastocado los modelos de servicios y los hábitos de consumo.
La más que probable reducción del parque de taxis a la usanza tradicional tendrá importantes costos humanos. Las reconversiones son implacables y se lo llevan casi todo por delante. Ya no hay ni linotipistas ni lauderos. Es el progreso y lo que hay. El canto del cisne es la organización de un follón descomunal, la ocupación del espacio público y la contribución a ese desastre sin paliativos que es la Barcelona de los comunes.
La buena noticia es que ya no habrá más huelgas de Metro los lunes, cosa que empezaba a tener un aliciente en materia de desplazarse con éxito por debajo de la ciudad como deporte de riesgo.
Lo que se mantiene es el punto de colapso en el Aeropuerto, que ofrece escenas propias de la evacuación de Saigón. Tiene su punto de aventura, pero hay que procurar estar en la cola cuatro o cinco horas antes del embarque si se desconoce la ubicación de los coladeros. Podría ser peor. Los controladores aéreos, el gremio de pilotos y demás sectores del negocio del transporte aéreo están inusitadamente tranquilos.
elpais.200
De la lectura y contemplación de los medios soberanistas cabría pensar que los guardias civiles todavía portan el característico tricornio de charol, que ahora les ha dado "by the face" por chulear a los altos cargos del Govern y que el Gobierno utiliza la benemérita institución policial como siniestro ariete para sembrar el miedo y el caos en una acelerada regresión a los tiempos y métodos del crimen de Cuenca. El relato del hombre del saco de Jordi Turull espolea inflamados arrebatos frente a lo que son las diligencias relacionadas con el sumario sobre las jugosas declaraciones en las que Santi Vidal se puso estupendo y destripó los preparativos en la sombra del referéndum. En CRÓNICA GLOBAL, Carlos Quílez firma una oportuna aclaración sobre las precisas circunstancias de la actuación de la Guardia Civil: "Es verdad, dicen desde el instituto armado, que la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil ha propuesto, y está ejecutando, el plan que ha definido y que ha creído adecuado e idóneo para investigar los indicios de criminalidad. Pero también es verdad que esa y otras líneas de investigación también en marcha han sido comunicadas al juez y están “avaladas por su señoría”, según han asegurado fuentes del instituto armado".
Esta mañana están citados para prestar declaración en dependencias policiales el director general de Difusión, Ignasi Genovès, y la jefa de comunicación de Romeva, Anna Molas. Se han cumplido 24 horas sin que se ha producido ningún cese, dimisión o defenestración en los departamentos de la Generalitat.
En relación a las pesquisas del juzgado de instrucción número 13, Germán González firma el texto de apertura en El Mundo sobre las procelosas derivadas del asunto: "El secretario de Hacienda de la Generalitat, Lluís Salvadó, número 2 del vicepresidente Oriol Junqueras en el Departamento de Economía y Hacienda, se ha convertido en el primer cargo de ERC imputado en un procedimiento judicial relacionado con los preparativos de el referéndum de autodeterminación anunciado para el próximo 1 de octubre. El Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona investiga si hay indicios de delito en las afirmaciones del ex senador de ERC Santiago Vidal en varias charlas con entidades soberanistas. En concreto Vidal aseguró que «ocultos en los presupuestos hay una partida de 400 millones de euros destinados a la celebración del referéndum y a la construcción de las estructuras de Estado» o que «el Govern dispone de vuestros datos fiscales. No os diré como los hemos conseguido, porque ha sido de manera absolutamente ilegal»".
Sigue González: "A raíz de estas manifestaciones el juzgado recibió una denuncia del abogado Miguel Durán contra Vidal y una querella de Vox contra Salvadó y el director de Institut d'Estudis de l'Autogovern, Carles Viver Pi i Sunyer, por lo que abrió diligencias por varios delitos como malversación, revelación de secretos, prevaricación, proposición para la sedición o rebelión y contra la paz e independencia del Estado. Pese a que los investigados no han sido citados a declarar por el juez, que espera el informe policial, algunos se han personado en el proceso con sus representantes legales".
En el flanco de la corrupción destaca la nueva entrega de Daniel Montero y Alejandro Requeijo en El Español sobre el cártel de empresas que se montó al calor de los concursos convergentes: "No solo Convergència amañó contratos en Cataluña de forma sistemática. Además, medio centenar de empresas catalanas integraron durante años un cártel de espaldas a la Administración que pactó precios en los concursos públicos tanto de la Generalitat como del Ayuntamiento de Barcelona. El resultado, según la documentación a la que ha tenido acceso El Español, fue un perjuicio millonario para las arcas públicas que se prolongó al menos entre 2007 y 2011. Según la documentación que se revela hoy, al menos desde 2007 medio centenar de ingenierías catalanas se concertaron para pactar precios, evitar las ofertas a la baja dentro de las licitaciones y alterar así la cuantía que la Administración catalana pagaba por sus proyectos de obra pública."
Un negocio redondo. Los empresarios inflan el precio y el partido, la mordida. Total, paga el pueblo.
Más empresarios. Fomento ha reaccionado a los planes secesionistas y, ojo al piojo, considera que se está produciendo un "golpe de Estado jurídico". Singular matiz. A estas alturas suena más fuerte atropello o violación, que es lo que dice Turull que hacen los "picoletos".
Pere Ríos aborda el caso en El País: "La patronal catalana Fomento del Trabajo considera que la ley del referéndum de Cataluña que llegará al Parlament no debería aprobarse en ningún caso porque supondría "un golpe de Estado jurídico contrario al derecho interno e internacional". La comisión jurídica de Fomento entiende que la proposición de ley que impulsan Junts pel Sí y la CUP "impone una declaración unilateral de independencia exprés con una simple mayoría de votos" y eso supone un "ejercicio de enorme irresponsabilidad política de consecuencias impredecibles"".
Sigue: "Fomento emplea en su comunicado argumentos similares a los esgrimidos desde hace meses por los partidos contrarios a la secesión y considera "legítima" la reivindicación catalana de que se reconozca su singularidad. Sin embargo, añaden que la solución no ha de llegar por la vía unilateral, sino "por la vía de la negociación y dentro del respeto a los principios de democracia y legalidad". Se trataría, añaden, de que en esa mesa de diálogo se acude por ambas partes "con ofertas y voluntad de renuncias"".
28 de julio, santoral: Acacio, Celso, Inocencio, Víctor, Melchor García Sampedro, Nazario, Pedro Poveda y Sansón de Dol.