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El presidente de la Generalitat, Quim Torra, a su salida de la cárcel de Estremera / EUROPA PRESS

Torra se enfrenta a su gran prueba de desobediencia

La CUP, ANC, Òmnium y los CDR llaman a la movilización y exigen al presidente catalán que plante cara al Estado invistiendo hoy a los consejeros encarcelados y fugados

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Es la gran prueba de fuego independentista de Quim Torra: la investidura de consejeros encarcelados y fugados prevista para hoy. El Estado ha dejado en suspenso el decreto de nombramiento de los miembros del nuevo Govern, lo que implica de facto la prolongación del artículo 155. La disyuntiva es clara: o acata la prohibición y pospone la toma de posesión de los exconsejeros con cargas judiciales –Jordi Turull, Josep Rull, Lluís Puig y Toni Comín— o desobedece. Lo primero implica un gobierno autonómico. Lo segundo, la ruptura. De momento, el acto de toma de posesión se mantiene, según fuentes de la Generalitat.

Tanto la CUP como las entidades soberanistas Assemblea Nacional Catalana y Òmnium exigen desacato y amagan con un nuevo "paro de país". Es la misma postura que han demostrado en las últimas horas los comités de defensa de la república (CDR), grupos dedicados a fomentar el activismo social en forma de "paros de país", cortes de carretera y señalamientos en forma de distribución de lazos amarillos, siendo esta última actividad menos inofensiva de lo que alegan sus impulsores. Así se ha demostrado este fin de semana en las costas catalanes, donde la instalación de cruces ha provocado peleas entre ciudadanos.

El descontento de ERC y PDeCAT

Tanto ERC como PDeCAT se han desmarcado de ese gobierno inestable que Torra --a las órdenes de Carles Puigdemont-- ha configurado. Lo ha hecho en contra de la voluntad de los republicanos, que no querían restituir consejeros --a Comín le consideran un díscolo--, y de los nuevos convergentes, que se ven poco representados. El líder de ERC, Oriol Junqueras, hizo llegar a Torra su apuesta por un ejecutivo viable que gobierne para todos.

Sin embargo, las últimas resoluciones de las justicias belga y alemana --–no extradición de Comín, Puig y Meritxell Serret, en el primer caso, y de Carles Puigdemont, en el segundo— han cargado de razones al independentismo institucional. Torra retó a la CUP a que fiscalizara los pasos de su gobierno para implementar la república catalana.

Y los antisistema, a través de su diputada Maria Sirvent, exigieron que los consejeros designados por Quim Torra tomen posesión de sus cargos, porque consideran que tiene sus derechos civiles y políticos "intactos". El Tribunal Supremo no lo ve así, pues ayer mismo rechazó excarcelar a Turull y Rull para asistir a su toma de posesión como consejeros restituidos.

"Desbordar al Estado represor"

Los CDR, por su parte, han llamado a la movilización permanente para hacer efectiva la república catalana y "desbordar a un Estado español represor y demofóbico" por mantener intervenida la autonomía. 

ANC tiene previsto reunirse el próximo viernes con la Intersindical para analizar posibles respuesta al bloqueo del autogobierno catalán. Su presidenta, Elisenda Paluzie, ya avisó de que es necesario superar la movilización en la calle y defiende la desobediencia. Òmnium pide una “respuesta democrática unitaria y transversal para seguir avanzando con el objetivo de construir un solo pueblo justo y libre”.