Menú Buscar
El presidente de la Geneeralitat Quim Torra tiene los días contados / EFE

El Supremo ultima la condena de Torra: elecciones en verano

Los juristas creen que el embrollo de la Junta Electoral puede acelerar la sentencia penal, hecho que obliga a JxCAT a buscar candidato

6 min

Quim Torra ha ligado su futuro político a la firmeza de su condena. Como no podía ser de otra manera, dado que la pena impuesta conlleva inhabilitación. Otra cosa es el tiempo que le queda para abandonar el cargo, si finalmente el Tribunal Supremo confirma la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Juristas consultados por Crónica Global coinciden en que la condena del Supremo no se puede demorar demasiado, siempre y cuando los abogados del presidente catalán no entren en una vorágine de recusaciones de jueces. Y las últimas resoluciones relativas al procés demuestran hasta qué punto los jueces han pisado el acelerador. Como se sabe, el caso Torra ha dado lugar a dos tipos de procedimientos judiciales en el Alto Tribunal.

Un procedimiento penal y otro contencioso

Uno penal, que debe resolver el recurso del acusado contra los 18 meses de inhabilitación impuestos por el TSJC el pasado 19 de diciembre de 2019 por desobediencia. La causa por negarse a retirar símbolos independentistas de los edificios de la Generalitat en plena campaña electoral. 

Fachada de la sede del Tribunal Supremo / EUROPA PRESS
Fachada de la sede del Tribunal Supremo / EUROPA PRESS

Y otro, contencioso. El que ha presentado contra la resolución de la Junta Electoral Central (JEC) que acordó retirarle el acta de diputado, en aplicación de un artículo de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) que permite inhabilitar a los cargos públicos sin sentencia firme cuando han cometido delitos contra la Administración. Los propios jueces de la JEC confían en que el Supremo plantee una cuestión de inconstitucionalidad al respecto, algo que ellos no pueden hacer porque forman parte de un órgano subordinado. No obstante, las mismas fuentes jurídicas consultadas descartan que la sala de lo Contencioso se pronuncie ante que la penal en este asunto para evitar contradicciones.

Las previsiones judiciales

La puesta en común de estos expertos determina que el fallo penal del Supremo podría conocerse en un plazo máximo de seis meses, en función de la carga de trabajo, aunque se trata de un asunto técnicamente sencillo. Será entonces, según admitió ayer el propio Torra, cuando el Parlament deberá decidir si le inhabilita, lo que supone endosar a ERC la decisión, ya que a esta formación pertenece el presidente la Cámara catalana, Roger Torrent. "Si el Parlament llegase a ese momento de desautorizarme, seguramente estaríamos unos meses en funciones y habría elecciones", ha explicado. Esa convocatoria de comicios anticipados podría tener lugar antes del verano, según los plazos judiciales.

“Puedo intuir que no se demorará mucho la sentencia, ya que en lo relativo a hechos probados no hay mucha controversia”, explica un jurista, en referencia a la confesión que hizo el dirigente independentista en el juicio celebrado en el TSJC, donde desafió a los magistrados asegurando que, en efecto, había desobedecido. Técnicamente, se trata de un proceso rutinario, aunque tiene una relevancia política que los jueces reconocen. El embrollo generado por la JEC, que avala una destitución sin esperar al Supremo, algo que la Mesa del Parlament, con mayoría independentista, no acepta –el PSC y los comunes tampoco--, podría acelerar el recurso penal. “Yo creo que irá rápido, dada la confusión creada”, explica un profesor de Derecho Procesal.

Investidura o elecciones

Una vez haya condena firme, como se sabe, el vicepresidente Pere Aragonès asumiría la presidencia en funciones, mientras que el Parlament debería celebrar una sesión de investidura. Todo un reto para ERC, que deberá decidir si avala al nuevo candidato de Junts per Catalunya.

La alcaldesa de Girona, Marta Madrenas / EFE
La alcaldesa de Girona, Marta Madrenas / EFE

Autodescartado Carles Puigdemont, que ha renunciado al escaño para asumir el de eurodiputado --las normas catalanas exigen que el presidente de la Generalitat sea diputado--, Torrent se ahorra tener que vetar de nuevo un nombramiento telemático como se pretendió a principios de esta legislatura.

La alcaldesa de Girona, presidenciable

Tres nombres suenan con fuerza y los tres corresponden a mujeres. Laura Borràs tiene en su contra una causa penal por asignar supuestamente contratos a dedo y no es diputada del Parlament. Elsa Artadi sí es diputada y siempre ha sonado como presidenciable, pues además es bien vista por el sector más moderado de JxCAT. Entra en la terna la alcaldesa de Girona Marta Madrenas, que en su caso cuenta con las simpatías de la CUP. Los antisistema acaban de aprobar sus presupuestos municipales.

Si Junts no logra mayoría suficiente para su candidato, no habría más remedio que convocar elecciones.