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La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, protegida con mascarilla / CG

La respuesta económica a la crisis desgarra al partido de Colau

Miembros de la ejecutiva de Catalunya en Comú critican el ataque de Janet Sanz al sector del automóvil, mientras que Podem enmienda los presupuestos de la Generalitat que apoyaron sus socios

9 min

El partido de Ada Colau no atina en su respuesta económica a la crisis del coronavirus. Las declaraciones de Janet Sanz, número dos de la alcaldesa de Barcelona, contra el sector del automóvil, clave en el tejido industrial catalán, ha provocado el rechazo de sus propios compañeros de partido. En paralelo, Podem agranda la distancia con los comunes, pues tras demostrar el malestar que ha generado el apoyo de éstos a los presupuestos de la Generalitat de 2020 --lo que ha roto el idilio con las entidades sociales--, acaba de proponer de forma unilateral un plan de choque para enmendar esas cuentas.

La semana pasada, la teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo, Infraestructuras y Movilidad del Ayuntamiento, Janet Sant, llamó a evitar que “se reactive” la industria del automóvil en España aprovechando la caída de su actividad por el coronavirus. Apostó por la “reconversión” de los trabajadores del sector hacia otros “más limpios”.

Alud de críticas

Es ahora o nunca. Hay que evitar que todo eso se reactive, por lo que necesitamos un plan estatal para que esa industria y esos trabajadores se puedan trasladar a sectores más limpios”, dijo. 

Sanz recibió un alud de críticas por sus declaraciones. Foment del Treball expresó su “decepción y frustración ante el ataque injustificado” contra una industria que ocupa a 143.000 trabajadores en Cataluña. Asimismo, el teniente de alcalde de Prevención y Seguridad, Albert Batlle (PSC), se desmarcó de la número dos de  Colau y defendió al sector automotriz como "motor económico" y deseó que "siga creciendo".

Ahora son los miembros de su partido quienes critican o, cuando menos, cuestionan las palabras de Janet Sanz. El dirigente de Catalunya en Comú Álvaro Muñoz ha sido el más explícito. “Creo que hay gente que no se entera: si Nissan cierra, se perderán más de 20.000 empleos en la provincia de Barcelona y tocará de muerte al sector del automóvil y la economía de Cataluña”, ha escrito en las redes sociales. Y añade: “Desde las instituciones se debería defender su continuidad con absoluta contundencia”. Apoya esa reflexón haciéndose eco del apoyo de CC.OO Seat a la plantilla de Nissan, así como de la huelga indefinida convocada para el día 4 por los sindicatos que forman parte del comité de empresa --CCOO, UGT, Sigen-USOC i CGT-- si la multinacional no aclara el futuro de las factorías de la Zona Franca y de Montcada.

Muñoz, miembro de la Comisión Ejecutiva Nacional de Catalunya en Comú, explica su compromiso con la mejora de “las condiciones de vida de la gente con derechos sociales y laborales” y la construcción de “una alternativa de izquierdas progresista que lo consiga”.

Otro miembro de la ejecutiva admite a este medio el debate que genera el tema. Precisa que “es evidente que la industria del automóvil debe cambiar, los tubos de escape de los automóviles de los motores de combustión, coches o camiones, son uno de los mayores responsables de la contaminación de aire, y a la vez estamos malgastando ese tesoro que son los hidrocarburos para desplazarnos a un alto coste energético”.

Janet Sanz, teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo y Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona / CG
Janet Sanz, teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo y Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona / CG

No obstante, a pesar de entender el debate abierto por Sanz, admite que “con el coronavirus  no está el horno para bollos, ni para ponernos tremendos”. Atribuye a la dirigente municipal “una reflexión europea para el conjunto de la sociedad y para los fabricantes de automóviles que deberían reinventarse para reconvertirse manteniendo inversiones,  puestos de trabajo y actividad industrial. Es una opinión personal de Janet, no una reflexión política de gobierno”.

División en el grupo parlamentario

En paralelo, los socios de los comunes, Podem, han oficializado su distancia al presentar un plan de choque para reconstruir Cataluña, que pretende enmendar los presupuestos de la Generalitat de 2020. La líder de Catalunya en Comú-Podem, Jéssica Albiach, pactó con el Govern esas cuentas --el aumento de la presión fiscal fue calificado de “histórico” por Albiach--, que han quedado desfasadas a consecuencia de la crisis generada por el coronavirus. Decenas de entidades sociales críticas con los recortes de gasto no revertidos y con las privatizaciones que blindan las cuentas catalanas habían establecido complicidades con los comunes, convertidos en su principal interlocutor parlamentario. Hasta el punto de crear un frente común contra la llamada “ley Aragonès”.

Pero la decisión de facilitar la aprobación de los presupuestos con su abstención ha puesto en pie de guerra a esas asociaciones, y también a algunos sectores de Podem, que habrían preferido un proceso más asambleario en la toma de decisiones.

La presidenta del grupo parlamentario de Catalunya en Comú Podem, Jéssica Albiach / EFE
La presidenta del grupo parlamentario de Catalunya en Comú Podem, Jéssica Albiach / EFE

De ahí que, ahora, los socios de Colau hayan decidido poner en marcha debates territoriales y sectoriales con círculos, militancia, asociaciones y tejido social “para elaborar propuestas para un plan de choque y un plan de reconstrucción. El objetivo es que faciliten que Cataluña salga de esta crisis con unos servicios públicos reforzados y con una sociedad más justa, igualitaria y solidaria”. No hubo división en el voto, pero “el partido morado era plenamente consciente de que los Presupuestos eran insuficientes y que habría que hacer más esfuerzos e implementar medidas complementarias que permitieran blindar y reforzar los servicios públicos catalanes”, explican en un comunicado.

Entre otras medidas, Podem propone aumentar la inversión y los recursos en salud y servicios sociales --y blindar estos sectores de los recortes, gobierne quien gobierne--, ampliar la cobertura de la Renta Garantizada de Ciudadanía, hacer realidad el derecho a la vivienda, invertir en investigación y ciencia, diversificación económica, descentralizar y mejorar la financiación de ayuntamientos y comunidades autónomas.